Autor: Armando Chaguaceda

Cualquier mirada debe partir del reconocimiento de que hubo una elección totalmente viciada. Un fraude.

Las recientes protestas en Ecuador remiten a tres dimensiones analíticas: una génesis básicamente endógena -mezcla de legado histórico y coyuntura política-, cierta influencia exógena -de gobiernos bolivarianos y aliados afines- en su desarrollo y, en el cruce de ambas, un incalculable impacto para el ecosistema democrático continental.

Ocultas dentro del movimiento progresista de la Latinoamerica postneoliberal, asistimos a la consolidación de formas alternativas de dominación, que desnaturalizan, subordinan y distorsionan las demandas de la izquierda por justicia social.

En estos días han sido publicados en varios medios oficiales y alternativos de la isla diversos análisis y testimonios en torno a la discusión de los cambios constitucionales en Cuba. Prefiero referirme aquí al proceso desde lo probable en lugar de lo deseable.

Ariel Ruiz Urquiola es un joven científico preso en Cuba, víctima de un proceso amañado que revela la impunidad de un país donde la Ley del estado suplanta los derechos de las gentes.

Hace cinco años, los rusos salieron masivamente a la calle a reclamar a su gobierno el respeto al derecho a elegir libremente sus autoridades. Desde entonces, de modo accidentado, las movilizaciones sociales -por reclamos sociales, civiles y políticos diversos- han sido parte de las noticias que llegan desde el país euroasiático.

Los intelectuales públicos operamos, simultáneamente, en los planos de la denuncia y de la argumentación. Desde la denuncia, hay que repudiar todo abuso -donde quiera que se produzca- por parte de cualquier poder concreto. Porque las víctimas, sin distingo, necesitan nuestra solidaridad y no remilgos o relativismos por razones ideológicas o pragmáticas.

Este 26 de noviembre, coincidieron en Cuba los homenajes al primer aniversario de la muerte de Fidel Castro y las votaciones –término este acaso más preciso que el de “elecciones”- para el nivel local del llamado Poder Popular.

Él es un abogado cubano y se desempeña como defensor de pueblos indígenas en una reconocida ONG de Derechos Humanos (DDHH) mexicana. Ella es una activista salvadoreña, dedicada a defender compatriotas amenazados.

Dos fuentes me alertaban de que ciertos magnates y cabilderos cubanoamericanos y gringos intentaron, en encuentros con los funcionarios del staff presidencial, bajar el tono al discurso de Obama en Cuba en lo relativo al apoyo a la democracia y los derechos humanos.