Preso político cubano enfrenta posible sentencia de 30 años

Por el hecho de protestar lo acusan de “sedición

Mailin Sánchez, esposa de Yosvany García Caso, ‘plantado’ en huelga de hambre en Holguín, en un video con sus tres hijos. (Captura)

Por 14ymedio

HAVANA TIMES – Yosvany Rosell García Caso, para quien la Fiscalía pidió 30 años en el juicio en Holguín visto para sentencia el pasado 14 de enero, cumple diez días en huelga de hambre en protesta por lo que considera una condena injusta. Según confirma a este diario su esposa, Mailin Sánchez, es el único que continúa plantado de los procesados que se declararon en huelga en la misma prisión.

La mujer cuenta que este domingo la llamó un agente de la Seguridad del Estado para decirle que debía presentarse en la mañana de este lunes en la prisión, pero que su marido no quiso verla. “No quiere recibir visitas, no quiso hablar conmigo, sigue en la postura de estar plantado por la injusta petición de 30 años”, refiere.

Sánchez asegura que su esposo se encuentra en la enfermería porque su salud se está deteriorando. “Hablé con la doctora y me dice que los análisis que le hicieron hoy ya están alterados, ya hay daño a su salud, que ha bajado cantidad de peso”, dice, y añade que García Caso “no tiene derecho a llamadas en este momento”.

“Están acabando con esta familia”, denuncia en un video Mailin Sánchez, acompañada de sus tres hijos, donde también asevera que su familia “lo quiere libre y en la casa ya”.

Además de García Caso, continúan en huelga de hambre otros dos presos políticos: el artista y líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, en La Habana, y Chadrián Vila Sequin, en Matanzas.

Por otro lado, el caso de Walnier Luis Aguilera Rivera, uno de los detenidos tras la manifestación del 11 de julio en el barrio de La Güinera, La Habana, condenado a 23 años de cárcel, ha sido llevado ante Naciones Unidas.

Lo ha denunciado ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Aguilera Rivera, que padece retraso mental, según comunicó su padre, fue sentenciado, el pasado 23 de diciembre, por el delito de “sedición” y se encuentra en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este.

“La denegación de una prueba médico/psiquiátrico forense en la fase investigativa y judicial certificaba la predisposición a condenarlo”, explica el OCDH en un comunicado publicado este lunes, en el que detallan que el joven fue arrestado de manera arbitraria el 20 de julio y estuvo en paradero desconocido durante siete días.

“Fue confinado junto a delincuentes comunes”, dice la organización con sede en Madrid. “Se le impidió el inmediato acceso a sus padres, a los medicamentos que requiere, y a abogados”.

El historial clínico de Aguilera Rivera, prosigue el Observatorio, “evidencia que ha requerido desde niño tratamiento especial por psiquiatría”. El Centro de Diagnóstico y Orientación certificaron desde 2014 que tenía “necesidades educativas especiales, por padecer de discapacidad intelectual”. Por ello, y desde entonces, “está medicado permanentemente” y, además, fue dispensado del Servicio Militar Obligatorio, por “funcionamiento intelectual limítrofe” y ser un “sujeto no apto” para asumir obligaciones naturales o cotidianas.

El OCDH también hace hincapié en que la “figura delictiva de sedición” sirve al régimen para “sembrar terror en la población cubana”, pues “prevé condenas que oscilan entre los 10 y 20 años de cárcel, o la posible pena de muerte”.

Entre los cuatro juicios por el 11J que tendrán lugar esta semana en Cuba, a un total de 39 detenidos, se encuentra el del opositor Félix Navarro, quien será juzgado en Matanzas. Acusado de “desórdenes públicos” y “atentado”, el opositor enfrenta una condena de 15 años de cárcel.

Navarro, de 68 años y ex prisionero de la Primavera Negra de 2003, fue de los pocos del Grupo de los 75, tras su excarcelación, en 2011, que se negó a salir de la Isla.

Fue detenido, al igual que otras figuras prominentes de la oposición, al calor de las manifestaciones del pasado 11 de julio. Concretamente, según registra el grupo Justicia 11J, la mañana del día siguiente, cuando indagaba sobre la situación de otros detenidos en el municipio de Perico.

Presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham y miembro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (Muad), el opositor se encuentra encarcelado en el Combinado del Sur, en Matanzas, donde ha padecido covid-19 y el pasado septiembre mantuvo durante tres semanas una huelga de hambre en protesta por las acusaciones en su contra.

En el mismo juicio será procesada su hija Saily Navarro, para quien la fiscal Idania Miranda Ferrer pide 11 años por los delitos de “desórdenes públicos”, “desacato” y “atentado”. Actualmente, la Dama de Blanco y promotora de Cuba Decide se encuentra en reclusión domiciliaria.

Según denuncia el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), su director ejecutivo, Alberto Corzo, y varios reporteros del medio independiente Cocodrilo Callejero se encuentran “sitiados en sus casas” en Matanzas por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado.

Si algo sorprende de los juicios de esta semana son, de nuevo, las altas condenas que pesan sobre los 21 procesados en La Habana, entre los 19 años de prisión que enfrenta Liliana Oropesa Ferrer y los 26 años que pide el fiscal del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, Gustavo José Mayo González, para Alejaime Lambert Reyes.

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