Nicaragua: Rechazo internacional a ley sobre “agentes extranjeros”

Vista general de una sesión plenaria del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica. Foto: Efe/Olivier Hoslet

Veintiún eurodiputados, funcionarios de EE.UU. y oenegés mundiales advierten que legislación dañará funcionamiento de activistas y medios de prensa

Por Juan Carlos Bow (Confidencial)

HAVANA TIMES – “Problemática”; una “ofensa” a la democracia; o una “violación” a los derechos humanos; son parte de los calificativos que ha recibido en el ámbito internacional la recién anunciada iniciativa de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que —según juristas y expertos constitucionalistas nacionales— pretende “segregar” a los ciudadanos en dos categorías de nicaragüenses: los “verdaderos” y los “agentes extranjeros”.

Un grupo de 21 diputados del Parlamento Europeo envió una carta al presidente Daniel Ortega, en la que expresan su “preocupación” ante la “inminente aprobación” de dicha legislación, por lo cual le urgen que “recapacite” y lo “exhortan” a no ratificarla.

Los eurodiputados advirtieron que la legislación “puede convertirse en una limitación real a la participación política de movimientos, organizaciones asociaciones, que por alguna razón reciben financiación internacional para proyectos de desarrollo”.

Tal situación —prosiguen— “se trata de una grave violación de derechos humanos y, sobre todo, se produce en el contexto de una creciente polarización y un clima de intimidación y amenaza percibido por los defensores y defensoras de derechos humanos”.

Agregaron que la futura ley “no se sustenta en ningún estudio o análisis de riesgo y violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación”.

Dejar atrás “dictadura”

El proyecto de ley, presentado por la bancada orteguista —que es mayoría en la Asamblea Nacional—, ordena que toda persona natural o jurídica, que reciba fondos de organizaciones, personas o gobiernos extranjeros, deberá registrarse ante el Ministerio de Gobernación, e informar de los recursos que recibe —incluidos donantes— y en qué los usa.

La propuesta legislativa establece como excepciones a los pensionados extranjeros, quienes reciben remesas familiares, empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales en Nicaragua, fábricas y cadenas de supermercados de inversión extranjera, y quienes tienen relaciones comerciales bajo acuerdos, tratados o convenios vigentes.

Los eurodiputados recordaron que, durante los últimos 40 años, “la acción conjunta de la sociedad civil en Nicaragua y Europa ha sido la base del modelo social que pretende dejar atrás la dictadura (de los Somoza) vivida, para que nunca regrese”.

“Esta acción conjunta se ha basado en la confianza, la confidencialidad y la libertad de expresión e información”, resaltaron.

“Creemos en una sociedad civil viva, la necesidad de discutir y debatir, ya sea estando de acuerdo o en desacuerdo. La represión de la oposición y el silenciamiento de sus voces no es el camino a seguir. El diálogo sí lo es”, mencionaron. “Hemos tomado nota de la grave preocupación expresada por organizaciones y ONG contra esta ley y esperamos que se escuche su voz”.

Críticas en tuit

Uno de los firmantes de la carta, el eurodiputado español José Ramón Bauzá dijo en un tuit que ese “proyecto de ley ‘a la rusa’ de Ortega y Murillo supone el fin de la oposición democrática en Nicaragua”.

“Para frenarla exijo a la Unión Europea: condena diplomática, debate en el Parlamento Europeo, sanciones al régimen, más suspensión del Acuerdo de Asociación” entre la UE y Centroamérica, en caso que sea Ley sea aprobada, agregó.

Mientras, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, escribió en un tuit que “la Ley de Agentes Extranjeros de Ortega es una ofensa contra la democracia en Nicaragua”.

“En vez de proteger la soberanía (de Nicaragua), esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro democracia. Estamos con el pueblo nicaragüense que resiste este ataque contra la libertad”, indicó.

Diferentes sectores de la oposición nicaragüense, organismos humanitarios, gremios empresariales, entre otros, han expresado su rechazo a esa iniciativa bajo el argumento que busca controlar, neutralizar y “criminalizar” a la disidencia organizada, a las ONG, a los partidos políticos, a la sociedad civil, y a la prensa independiente.

Iniciativa “problemática”

En un análisis del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL), se indica que la iniciativa orteguista es “problemática” y que “sigue la misma tendencia que hemos analizado en otros países como Rusia, Hungría, Ucrania y Kirguistán, que han establecido restricciones legales para el acceso a fondos extranjeros” de las organizaciones de la sociedad civil.

Las legislaciones aprobadas en esos países clasifican a los beneficiarios de la cooperación internacional como “agentes” de sus donantes, y les imponen “requisitos estigmatizantes y onerosos con sanciones severas por incumplimientos técnicos”.

El ICNL es una organización sin fines de lucro que proporciona asistencia técnica, investigación y capacitación a nivel global “para promover entornos legales más favorables” para las organizaciones de sociedad civil. Ha trabajado con socios en más de cien países.

El análisis determina que la propuesta de Ley “es problemática porque no conforma con los estándares internacionales que garantizan el ejercicio del derecho de asociación, que establecen que los Estados deben promover y facilitar el acceso de las organizaciones a fondos de cooperación tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación”.

El Centro Internacional enlisto los principales obstáculos y dificultades que enfrentarán las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con la aprobación de la ley:
  • Restricciones excesivas y ambiguas de ejercer el derecho a la asociación y la participación cívica para personas en Nicaragua que trabajen con o sean beneficiarios de agencias de cooperación u otras entidades similares extranjeras;
  • Restricciones injustificadas en la capacidad de solicitar y usar donaciones para la realización de actividades legítimas de las OSC;
  • La estigmatización de las OSC al etiquetarlas públicamente como “agentes extranjeros” y al definirlas como entidades que “responden a organismos que pertenecen o son controlados por gobiernos o entidades extranjeras”;
  • Requisitos de información adicionales onerosos que podrían resultar en una violación de la privacidad de las OSC y sus donantes; y
  • El establecimiento de un régimen de sanciones desproporcionales como la cancelación de la personalidad jurídica y congelación de bienes por faltas administrativas.

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