Nicaragua: El precio de no colaborar
y lograr que otros entienden el peligro que corres
HAVANA TIMES – Silvia Herrera trabajaba en ventas de proyectos TI en la empresa GBM del grupo Pellas en Managua. Explica que estos proyectos son “aquellos donde vendés el equipo, el servicio de instalación y el soporte técnico de los mismos”. Previo a ser contratada ella ya contaba con experiencia en licitaciones del Estado, por lo cual fue designada para ser la encargada de atender la cartera de clientes del gobierno. Le tocaba establecer contacto y tener trato directo con trabajadores del estado nicaragüense. Entre ellos, partidarios del régimen Ortega-Murillo.
Llevaba una vida pacífica en el barrio Altagracia, sin sobresaltos, enfocada en su vida profesional y familiar. No obstante, al ver los atropellos contra la ciudadanía ordenados por el régimen Ortega-Murillo en abril 2018, decidió apoyar las protestas desde sus inicios: “Me involucré cuando vi a la policía agrediendo a ancianos, asesinando a jóvenes en las universidades, violando los derechos de civiles desarmados y reprimiendo a todo aquel que alzara la voz”.
Activismo ciudadano y autoconvocado
“Me contacté con mis amigos para recolectar dinero para la compra de víveres, también recolecté dinero de conocidos en el extranjero para comprar medicinas y las entregué personalmente con mi vehículo, en diferentes ocasiones y centros de acopio en Managua”, relata. También cuenta que otra de sus principales motivaciones fue que su hermana era estudiante de la UNAN-Managua: “Apoyarlos era lo correcto, civil y moralmente hablando”.
Silvia colaboró entregando víveres a los estudiantes atrincherados en varias ocasiones: “Yo ocupaba mi horario de almuerzo para entregar víveres y medicina en la Catedral de Managua o en la UNAN, estos eran los centros de acopio que me quedaban más cerca. En la UNAN a veces me quedaba unos minutos para hablar con los estudiantes que estaban ahí atrincherados, para escuchar sus historias. Muchos de ellos tenían días de no ir a su casa, sin ver a sus madres y eso me motivaba a seguir apoyándolos”.
“Una de esas ocasiones en que llegué con mi vehículo a entregar comida a los estudiantes en la UNAN fue de noche, andaba con mi tía. Cuando salí de la UNAN tomé la carretera suburbana por recomendación de los estudiantes, porque era la ruta más despejada, pero había paramilitares vigilando la zona. Nos siguieron y nos dispararon, aunque logramos perderlos en el camino después de varios atajos en el distrito, esa noche las placas de mi vehículo fueron comprometidas y mi identidad también”, recuerda.
Se negó a filtrar información sobre opositores: militante del FSLN la fichó
Ante la rebeldía de abril, los Ortega-Murillo reaccionaron atrincherándose en su residencial, conocido como El Carmen. Poco a poco, empezaron a ampliar su conocido perímetro de seguridad, engullendo el parque El Carmen y gran parte del barrio Altagracia, uno de los más grandes de Managua. Pusieron retenes con policías y paramilitares, vigilando a los vecinos las 24 horas del día, incomodándoles con interrogatorios cada vez que entraban y salían de este expandido perímetro. La casa de Silvia fue una de las afectadas por esta medida.
“Luego que extendieron el perímetro de seguridad de Ortega en el barrio Altagracia, ser opositor al gobierno se volvió una pesadilla: los paramilitares registraban mi vehículo frecuentemente al entrar y salir. La primera vez me negué a darles mi nombre y dirección exacta, varios vecinos vieron que me detuvieron en uno de los puntos de acceso, el que está ubicado cerca de la gasolinera Puma. Me retuvieron ahí apuntándome con sus armas como si fuera una terrorista, llamaron al jefe de la policía del distrito III, al jefe de los paramilitares, le tomaron foto a mi carro, a mi tía y a mí. Al final me dejaron pasar custodiada por un paramilitar, el cual le pregunto mi nombre a mi vecino de al lado, quien es sandinista, y éste le dio todos mis datos”, denuncia Herrera.
Uno de los retenes estaba apenas a unos cuantos metros del hogar de Silvia, por lo que pronto empezó a sufrir acoso sexual e intentos de abuso por parte de los paramilitares. Rememora que uno de los abusos más hostiles sucedió en 2019: “Fui acosada verbal y sexualmente por los paramilitares, yo les pedí que me respetaran y por eso uno de ellos me agredió físicamente. Yo andaba sola, corrí con la suerte que aún era de día, y grité porque si hubiese sido de noche mi destino hubiese sido diferente, probablemente mi familia no hubiese tenido noticias mías, reportada como desaparecida y encontrada muerta a los pocos días”.
El exilio, su única alternativa
Para septiembre 2019 la situación se tornó intolerable para Silvia, siendo una multa de tránsito la agresión definitiva que la forzó al exilio: “Por una multa de tránsito me quitaron mi licencia. Dos días después de eso, yendo camino a mi casa, en mi carro, cerca de ENEL Central, una camioneta me siguió. Parando en el semáforo se bajó un paramilitar con pistola en mano y me gritó: ‘Golpista, te tenemos circulada, bájate del carro’. Aceleré lo más rápido que pude. Por el retrovisor miré que ellos chocaron a otro carro cuando arrancaron detrás de mí. Ese día decidí salir del país”.
Silvia Herrera tuvo que salir de Nicaragua por tierra y viajar por 5 aeropuertos para llegar hasta Noruega. La perspectiva de recuperar su seguridad, y volver a convivir con su hermana, también exiliada, la motivó a emprender el incierto viaje. Pero las cosas tampoco han sido como esperaba en el país nórdico: lleva 1 año y 3 meses batallando para que el estado noruego escuche su voz.
Entre la incertidumbre y la angustia como refugiada en Noruega
Silvia Herrera llegó sola a Noruega. Ahí conoció a Michelle Quezada, su sobrina política. Juntas vivieron la travesía de los centros de refugio en Råde, Kasper y Trondheim.
Herrera ha sufrido durante su exilio distintos síntomas de estrés postraumático en forma de pesadillas, depresión y ataques de pánico. Ser una mujer migrante y desprotegida le valió vivir acoso sexual por parte de otros refugiados: “Como mujer latina, muchas veces sentí el morbo y el acoso por parte de los hombres en el comedor, salir de la habitación a la hora de comer era una tortura, me sentía asqueada, los hombres pasaban cerca de mi tratando de rozarme el brazo o el pelo, esta situación la denuncié dos veces”.
La única alternativa que terminaron por ofrecerle fue una transferencia, por lo cual ella y Michelle Quezada fueron enviadas a otro centro de refugio en Trondheim, ciudad donde viven sus familiares.
Ignorancia del gobierno noruego sobre despiadadas represalias afecta a refugiados nicaragüenses
República18 tuvo acceso a las cartas que la Dirección de Inmigración (UDI) y la Junta de Apelaciones de Inmigración (UNE) entregaron a Silvia Herrera.
En la primera misiva, fechada en julio 2020, la UDI admite que “es consciente de que la policía ha tomado medidas enérgicas contra manifestaciones y otras actividades consideradas como oposición al gobierno de turno. También somos conscientes de que personas que participaron en manifestaciones han sido detenidas y que todavía hay personas que está encarcelado a raíz de los disturbios de 2018”.
También en dicha carta, la UDI considera que “que el factor decisivo en nuestra evaluación del riesgo de persecución futura es si ha sido una persona perfilada, o si ha mostrado actividad política de tal naturaleza y grado de riesgo de estar en el centro de atención de las autoridades cuando regrese a su país de origen”.
Silvia decidió apelar esta decisión ante UNE, pero volvió a obtener una respuesta negativa, esta vez por parte de ambas instituciones, en agosto y octubre 2020 respectivamente: “Ellos consideran que mi perfil como opositora no me hace vulnerable ante las autoridades nicaragüenses”, señala.
Hasta la fecha Noruega ha negado asilo político a 38 nicaragüenses, según estadísticas de UDI.
Esta percepción contradice otros informes hechos en Noruega, tales como los publicados en marzo 2019 por Landinfo, organismo noruego encargado de proveer informes sobre inmigración en el país nórdico: “El representante de la organización noruega afirma que las personas que participan en las manifestaciones corren un gran riesgo y que las autoridades vigilan quién participa en las protestas e intervienen contra ellas”.
En su tercer informe, fechado en septiembre 2019, Landinfo reafirmó: “Incluso personas sin ningún perfil social o político particular han sido detenidas en 2020 debido a participación en las manifestaciones de 2018, según Tiziano Breda (analista del International Crisis Group). Varios de los arrestados en 2019 y 2020 han sido personas comunes”.
Dicha resolución también es contradicha por informes de organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, la cual tiene su rama en Noruega, Amnesty International Norge.
Según su último informe, titulado Silencio a cualquier costo: tácticas del estado para profundizar la represión en Nicaragua, fechado en febrero 2021, Amnistía Internacional expresa una profunda preocupación, ya que “defensores de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo”. También corroboró “reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa”.
Herrera expone que no importa si el retorno es voluntario o forzado, pues “en ambos casos es con boleto de destino obligatorio a tu país de origen, y tu pasaporte se entrega en tu destino final”. Esto le fue explicado por oficiales del centro de asilo de Trondheim: “Que me entreguen mi pasaporte en el aeropuerto de Nicaragua significaría ir directo a la guillotina”, asegura preocupada.
Actualmente Silvia Herrera continúa en Noruega, mientras ella y su familia se preparan para realizar un último intento, en el cual se presentará ante la Corte Suprema de Noruega para defender su derecho a una vida libre de violencia dictatorial.