En Cuba cerco joven a Damas de Blanco

Por Dalia Acosta

HAVANA TIMES, 21 marzo (IPS) — La respuesta oficial a los reclamos en Cuba de las Damas de Blanco cobró un nuevo matiz en los últimos días con las movilizaciones de estudiantes universitarios, que impidieron los actos de recordación por el aniversario del arresto de 75 disidentes en 2003.

Cientos de alumnos de varias facultades de la Universidad de La Habana fueron liberados de la obligatoriedad de asistir a clases, el viernes y el sábado pasado, y convocados a participar en sendos “actos de repudio” contra las Damas de Blanco y otros disidentes que pretendían manifestarse por la liberación de los presos políticos.

Como resultado, los disidentes no pudieron salir del local donde se reunían y marchar, como habían previsto, hasta dos iglesias habaneras.

“No sólo se trata de la juventud sino de la juventud universitaria, considerada históricamente como importante vanguardia de los movimientos políticos más revolucionarios en Cuba”, comentó a IPS Mercedes Rodríguez, una profesora jubilada de 62 años.

Los llamados “actos de repudio”, que se han sucedido desde el año pasado contra las Damas de Blanco, como se les llama al grupo de mujeres que demandan la libertad de sus esposos y familiares encarcelados, han estado protagonizados en no pocos casos por personas que asumen actitudes marginales e, incluso, han llegado a la violencia.

Ahora, aunque no faltó un momento de tensión cuando los disidentes intentaron salir a la calle, las concentraciones estuvieron mejor organizadas que en ocasiones anteriores, matizadas por la frescura juvenil y ambientadas con canciones de Silvio Rodríguez, uno de los trovadores nacionales más conocidos dentro y fuera de Cuba.

Sin embargo, para Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la situación es la misma sean estudiantes universitarias u otros grupos sociales, si en ambos casos responden a convocatorias de las autoridades. “No importa quién es el movilizado, sino el que moviliza”, señaló a IPS.

Sánchez consideró que, en cualquier caso, hay que rechazar la utilización por parte del gobierno de “unos ciudadanos para aterrorizar a otros ciudadanos”.

El método, que data de los “actos de repudio” contra quienes solicitaban la salida del país cuando el éxodo masivo por el puerto de El Mariel en 1980, ha servido como alternativa a las represiones protagonizadas por tropas antimotines en no pocas naciones. En la lógica oficial, la respuesta no viene de la policía sino de seguidores del gobierno.

Aunque aún se hace el balance de los últimos días, Sánchez aseguró que “decenas de mujeres y hombres fueron detenidos y más de 20 sufrieron arresto domiciliario extrajudicial durante por lo menos dos días”, al no permitírseles salir de la casa de Laura Pollán, portavoz de las Damas de Blanco.

Por su parte, Berta Soler, también portavoz del grupo, confirmó a IPS que, a diferencia de las marchas previstas para viernes y sábado, 36 mujeres pudieron ir el domingo 20 a misa en la iglesia católica de Santa Rita y realizar su habitual caminata por la Quinta Avenida, importante arteria de La Habana.

“Hicimos nuestro recorrido como siempre, sin ser interrumpidas, pero vigiladas de cerca por la policía política”, aseguró Soler.

En medio de un proceso de liberaciones de presos políticos con la mediación de la Iglesia Católica, Pollán había anunciado el domingo 13 la intención de celebrar el octavo aniversario de la llamada “Primavera Negra” con una marcha por cada uno de los integrantes del grupo de los 75 que, para el viernes 18, quedaran aún en prisión.

Dos días antes, una nota del Arzobispado de La Habana anunció que se había “dispuesto la excarcelación” de Ricardo Librado Linares, con lo que sumaron 50 los miembros del grupo liberados, de los 52 que quedaban en prisión cuando a mediados del pasado año se informó del acuerdo entre el gobierno y la Iglesia Católica.

Más de 100 prisioneros han sido puestos en libertad desde entonces, algunos de los cuales cumplían penas por actos violentos, y en su mayoría han aceptado la opción del exilio en España. De los 75 arrestados en 2003, algunos se negaron a salir del país como es el caso de los dos que aún permanecen en prisión: José Daniel Ferrer y Félix Navarro.

Declarados prisioneros de conciencia por la organización humanitaria Amnistía Internacional, los 75 fueron detenidos entre el 18 y el 20 de marzo de 2003, en medio de fuertes tensiones en la isla, matizadas por la doctrina de la “guerra preventiva” del entonces presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009).

En coincidencia con el comienzo de una ola de secuestros de naves por parte de personas deseosas de emigrar, el gobierno cubano acusó en esa oportunidad a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana de promover la subversión y usar a disidentes para crear las condiciones que justificarían una agresión militar a Cuba, como la emprendida contra Iraq.

La “jugada”, según la versión oficial cubana, era provocar un éxodo masivo de personas hacia Estados Unidos, condición contemplada dentro de la denominada Ley Helms-Burton, promulgada en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), como motivo para una ocupación militar de la isla.

Durante los procesos judiciales fueron presentados como agentes del gobierno media docena de personas que decían ser periodistas independientes y opositores y que, en principio, habían sido contados entre los detenidos. Otros agentes podrían haber permanecido dentro del grupo de los 75, según el blog de Yohandry.

Yohandry, seudónimo de un periodista o grupo de personas muy cercanas a la dirección cubana, aseguró que “más de 40 de estos ‘disidentes’ eran agentes de la Seguridad Cubana, los cuales se encargaron de mostrar pruebas contundentes de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de la isla”.

“Fuentes consultadas en La Habana aseguraron que en los próximos días pudieran quedar en libertad los dos mercenarios que aún permanecen en prisión, y que forman parte del grupo de los 75”, añadió el texto publicado en el blog y recordó que ninguno de los sancionados en 2003 cumplió su condena en prisión.

“Nosotras nada sabemos. Nunca nos enteramos antes de la comunicación oficial que pasa a través del Arzobispado”, dijo Soler a IPS.