Director del Canal 100% Noticias denuncia “cobros ilegales”

Las instalaciones del canal 100% Noticias, que permanecen clausuradas y tomadas por la Policía Nacional. EFE | Confidencial

Miguel Mora señala que sus cuentas estaban al día antes que el medio fuera “robado”, pero ahora le inventan pagos para amenazarlo con cárcel.

Por Ana Lucia Cruz (EFE-Confidencial)

HAVANA TIMES – El periodista Miguel Mora, director del Canal 100% Noticias, denunció a través de las redes sociales lo que calificó como “terrorismo fiscal” y cobro “ilegal” que, desde julio de 2019, le ha hecho llegar la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Mora señala que un mes después de ser excarcelado en junio de 2019 por el régimen de Daniel Ortega, comenzó a recibir notificaciones de “reparos fiscales”, sumados a multas e intereses, que llegan casi a ocho millones de córdobas.

“En julio recibimos los primeros cobros ¿qué son los cobros? En cuanto a la DGI ellos se van hasta el año 2007 y argumentan que hay reparos y a esos les suman multas e intereses, o sea, en primer lugar inventan una cifra, después le aumentan multas y te le multiplican la cifra. Cuando vos miras la deuda ya te la han triplicado, cuadruplicado”, denuncia. El comunicador detalla que la cifra que le cobra la DGI por supuestos reparos fiscales es, en total, de 7 890 538.86 córdobas, mientras que el Instituto Nicaragüense de Seguridad social,

Estado amenaza con cárcel

El director de 100% Noticias explica que el medio de comunicación estaba dentro de la persona jurídica Primicias S.A., misma que fue cerrada “por una orden de la dictadura y de una resolución judicial a solicitud del Estado de Nicaragua… Entonces, muerta la empresa no debería haber ningún tipo de cobros porque la empresa fue robada, fue confiscada por el Estado”.

El también excarcelado político denunció además que este cobros “ilegales” a una empresa que fue cerrada “por orden de la dictadura” de Ortega, tiene un trasfondo que busca “amedrentrar, reprimir con terrorismo fiscal y amenazar”.

“Ellos argumentan reparos antojadizos, los cuales nosotros no podemos ni contestar porque no tenemos nuestros documentos contables para decir que no es cierto porque el Canal sigue ocupado, pero ellos multiplican esos reparos por dos, por tres, según ellos de acuerdo a la Ley, y amenazan con un juicio por la vía penal, incluso con cárcel”, denuncia.

Mora explicó que en estos meses se “personaron” con las instituciones que le han girado los cobros, recalcando que la empresa fue “cerrada” por orden de la dictadura de Ortega.

“Respondemos sus alegatos con los documentos con los que ellos robaron el Canal, mostramos que ellos tienen todo en su poder y que está cerrada, confiscada, aunque esto último esté prohibido por la Constitución de Nicaragua”, asegura.

El periodista agrega además que se personó con la Dirección General de Ingresos y le solicitó que “fuera conmigo al Canal para que mirara que ahí hay policías que impiden el ejercicio de la libertad de empresa y libertad de expresión, que fuera para que viera que a la empresa a la cual le están cobrando está en manos del Estado desde diciembre de 2018, cuando además nos encarcelaron ilegalmente”.

Empresarios demandan cese intimidación

Diferentes cámaras empresariales nicaragüenses han alertado sobre la persecución fiscal y han solicitado al régimen de Daniel Ortega parar la intimidación hacia opositores y sector privado, lo cual data desde abril de 2018, cuando iniciaron las protestas contra el Gobierno del Frente Sandinista.

Los grupos empresariales demandaron cesar los “abusivos” cobros y multas que señalan está haciendo la Alcaldía de Managua, en colaboración de la Fiscalía y el Poder Judicial, en una acción que calificaron como “terrorismo fiscal”.

La Alcaldía de Managua es dirigida por Frente Sandinista, partido político que ha sido señalado de ejerce influencia sobre la Fiscalía y el Poder Judicial, según empresarios y miembros de la oposición nicaragüense.

Los empresarios reseñaron el caso de la empresaria Victoria Cárdenas, esposa del opositor Juan Sebastián Chamorro, su suegra Victoria Lacayo, y su cuñada Gabriela Cárdenas, a quienes la jueza Imara Isabel Castro Martínez, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, dictó orden de captura y allanamiento de morada por un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas por ingresos totales supuestamente no declarados entre 2017 y 2019, pese a que estos afirman tener sus solvencias municipales al día.

AmCham advierte “incertidumbre”

“El actuar intimidatorio y arbitrario de las autoridades en contra de empresarios del sector privado y activistas opositores representan un conjunto de agresiones deliberadas que buscan agredir, callar la opinión y descontento popular”, señaló la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) en un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales.

Además condenó categóricamente ese actuar, “que demuestra el poco interés en respetar el estado de derecho, y afecta no solo a empresarios y opositores, sino a la población en general, pues esto crea incertidumbre y desconfianza”.

En iguales términos, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) se pronunció y además se solidarizó con la familia del dirigente opositor, ya que apunta que hay otros empresarios que se están viendo afectados por similares situaciones, aunque no mencionó nombres.

Canatur advirtió que acciones como esas “son una estocada más a la seguridad jurídica de las inversiones y no hacen más que ahuyentar las posibilidades de recuperación económica en momentos en que enfrentamos una grave crisis económica”.

Medidas coercitivas

Asimismo, criticó a la Alcaldía de Managua por “arremeter en contra de los empresarios ejecutando medidas coercitivas en un claro intento de intimidación, perjudicando aún más el ya debilitado clima de negocios de Nicaragua”.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) expresó su “gran preocupación ante las recientes denuncias realizadas por empresarios sobre la imposición de cobros, reparos y multas millonarias”, y demandó a las autoridades no promover “conductas nocivas para las empresas”. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) también criticó esos “cobros onerosos y fuera de los procedimientos establecidos por la Ley en Nicaragua”.

En tanto, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó lo que consideró como “campaña de intimidación y terrorismo fiscal en contra de empresas por parte de la Alcaldía de Managua”.

La Alianza Cívica, organización de la cual Chamorro es director ejecutivo, sostuvo que “han sido numerosos los casos de empresarios que han sido amenazados con cárcel si no pagan abusivos cobros y multas”, aunque no los cuantificó.

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