Adoptando el “modelo” de Cuba y Venezuela en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega estableció un Estado policial de facto, para terminar con las marchas cívicas que llenaron las calles de Managua. En la foto, una mujer encara a los antimotines, a mediados de septiembre de 2018. Carlos Herrera | Confidencial

By Carlos F. Chamorro (Confidencial)

HAVANA TIMES – A inicios de octubre 2018, el régimen de Daniel Ortega instauró el estado de sitio policial a través de un comunicado de la Policía Nacional que decretó la prohibición de las marchas cívicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió entonces que Ortega había establecido un estado de excepción de facto, al suspender derechos constitucionales como las libertades de reunión y movilización, y las libertades de prensa y de expresión.

El objetivo del estado de sitio era acabar con la protesta cívica autoconvocada; someter y dividir a las organizaciones opositoras; e imponer una falsa normalidad a punta de represión, para cooptar a los grandes empresarios y recomponer las alianzas políticas y económicas del régimen.

Sin embargo, gobernando por las vías de hecho, Ortega más bien ahondó su aislamiento nacional e internacional y agravó la recesión económica y la crisis social durante dos años consecutivos, hasta que el manejo negligente de la crisis de salud del coronavirus le pasó una inesperada factura política, desgastando la credibilidad de su liderazgo ante sus propios partidarios.

Al anunciar la imposición de las nuevas leyes punitivas – la pena de cadena perpetua, la ley que regula a los presuntos “agentes extranjeros”, y la ley de ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”- el régimen está reconociendo el fracaso del estado policial. La represión nunca logró aplastar la protesta cívica.

Aun sin manifestaciones masivas el espíritu de la resistencia se mantiene intacto, pese a los traspiés de la Coalición Nacional y la falta de un frente nacional unitario, y hoy está más y mejor organizado en todos los municipios del país.

En las próximas dos semanas, la aplanadora oficial aprobará en el parlamento el combo de leyes punitivas para imponer severos castigos de cárcel contra la mayoría azul y blanco, que representa más de tres cuartas partes del electorado.

Pero, en realidad, para reprimir y encarcelar, el régimen nunca ha necesitado de pretextos legales. La redacción de Confidencial y Esta Semana, por ejemplo, fue asaltada y confiscada de facto por la Policía desde hace casi dos años, sin apelar a ninguna orden judicial. Y a pesar de la censura televisiva nunca nos callaron, seguimos haciendo periodismo por la verdad, mientras la prensa independiente, perseguida, acosada, y también desde el exilio, tiene ahora mucho más credibilidad e influencia que la maquinaria oficial.

Las últimas encuestas de Cid Gallup confirman que la mayoría de la población no le cree a la mentira oficial sobre la covid-19, pues los entierros exprés y las estadísticas del Ministerio de Salud sobre los fallecidos por neumonía y las pruebas de covid-19, desmienten el monólogo diario de la Vicepresidenta Rosario Murillo. La consecuencia del engaño es que cada día se reduce el apoyo político para Ortega y el FSLN, erosionando su respaldo entre los empleados públicos, civiles y militares.

En realidad, la “Ley Mordaza” está dirigida a amenazar a los servidores públicos honestos y profesionales, para impedir las filtraciones de información a la prensa y a los ciudadanos sobre los actos de corrupción pública que el régimen pretende ocultar.

También amenaza con cárcel a los usuarios de redes sociales, pero la dictadura seguirá perdiendo la batalla por la verdad en las redes porque no puede controlar el ejercicio masivo de la libertad de expresión, y el uso de las nuevas tecnologías de la información al servicio de los ciudadanos.

Pero si estas leyes punitivas no son un síntoma de fortaleza sino más bien de la derrota política y moral de un régimen minoritario, ¿entonces, por qué Ortega necesita imponerlas contra viento y marea? Hay por lo menos tres hipótesis que explican esta imperiosa necesidad política, y todas están relacionadas con la urgencia de adaptar el “modelo” de autoritarismo represivo de Cuba y Venezuela a Nicaragua.

Primero, utilizar a fondo la Constitución y las leyes, no para tutelar derechos, sino para criminalizar las libertades democráticas y la protesta cívica, como uno de los pilares de la estrategia represiva. Ciertamente, no se trata de una copia al carbón, pero si de la adopción definitiva del “modelo” cubano y venezolano, adaptándolo al estilo una dictadura familiar dinástica, para liquidar el proyecto de democracia en Nicaragua.

A partir de ahora, por mandato expedito de una “Ley”, Ortega podrá eliminar a organizaciones de sociedad civil y a eventuales adversarios y competidores políticos, criminalizándolos como “agentes extranjeros. La experiencia de Venezuela, aplicando el “modelo” cubano demuestra que a pesar de los altos costos políticos internacionales incurridos, este modelo que blinda la represión pura y dura con un manto de “legalidad”, puede ser efectivo para brindarle estabilidad al régimen. Para Ortega esto se traduce en el incentivo de acumular rehenes políticos y ganar tiempo.

En segundo lugar, el intento del régimen por apropiarse de la agenda de justicia, y presentarse como el castigador de los “crímenes de odio” con la pena de cadena perpetua, responde a un acto meramente defensivo, ante la necesidad de brindarle a sus bases la seguridad de que no están en la mira de la justicia.

En efecto, los señalados por crímenes de lesa humanidad, que además son imprescriptibles, son únicamemte los miembros de la cúpula del régimen Ortega-Murillo vinculados directamente a la represión. Pero igual que en el caso de la matanza de abril, cuando la narrativa oficial fracasó en presentarla como un “golpe de Estado”, Ortega intentará convencer a sus partidarios de que sus crímenes de odio son atribuibles a las víctimas.

En tercer lugar, aunque la Constitución de Nicaragua proclama el pluralismo político, con el combo de leyes punitivas Ortega está ratificando que no habrá competencia política en las elecciones de noviembre 2021. Por lo tanto, resulta ilusorio esperar alguna apertura electoral de un régimen que está dispuesto a jugarse el todo o nada, exponiéndose a más sanciones internacionales y a una declaratoria de ilegitimidad, celebrando elecciones sin competencia ni transparencia electoral.

¿Llegaremos al inicio de la campaña electoral en 2021, sin una reforma política? La respuesta a esta interrogante no depende de Ortega, sino de la oposición política. Ortega ya decidió radicalizar su modelo autoritario, mientras la oposición sigue paralizada, discutiendo cuál es la casilla electoral más segura para inscribirse en unas elecciones imaginarias, en las que ni siquiera han sido invitados a participar.

Mientras tanto, el debate nacional debería centrarse en determinar cuál es la estrategia más eficaz para sumar fuerzas, debilitar al régimen y cambiar el equilibrio de poder, hasta arrancarle a la dictadura una reforma política como resultado de la presión nacional e internacional. Primero la reforma, con o sin Ortega, y después elecciones libres.

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