Procurador colombiano pide a CIDH medidas cautelares para deportados
HAVANA TIMES (dpa) – El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expida medidas cautelares para proteger a los colombianos que viven en Venezuela, en el marco de la crisis fronteriza entre los dos países.
El documento radicado por el jefe del Ministerio Público pide a la CIDH “que ordene al gobierno de Nicolás Maduro desmontar la política sistemática de ataques en contra de la población colombiana en la frontera”.
“Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el gobierno colombiano, la Procuraduría busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera”, señaló el organismo.
La Procuraduría agregó que la solicitud se basa “en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, perpetradas por el Estado venezolano como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana”.
“Dicha política ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro”, aseguró la Procuraduría, que citó casos de deportaciones “arbitrarias y colectivas de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular o regular o con condición de refugio reconocida”.
Además, el despacho de Ordóñez dijo que se han hecho denuncias de abusos sexuales contra mujeres por parte de militares venezolanos.
La solicitud también hace referencia a procedimientos de deportación en los cuales las casas de los colombianos han sido marcadas con la letra “D” para que sean demolidas, lo cual constata un caso de “xenofobia”, según la Procuraduría.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, expresó que ese organismo rechaza las deportaciones arbitrarias y que un Estado debe respetar los derechos humanos en todos los procedimientos migratorios.
“La Comisión ha urgido a Venezuela a detener estas deportaciones arbitrarias y generar condiciones para el debido proceso. Ninguna política migratoria debe estar basada en la violación de los derechos humanos”, dijo Álvarez Icasa en declaraciones a la estación Blu Radio de Bogotá.
“Las informaciones que hemos recibido es que se han deportado a más de 1000 personas. De esas uno de cada cuatro deportados son niños. No se han respetado los principios de unidad familiar, hay niños que han sido separados de sus padres y nos preocupa la destrucción de viviendas que se hayan pintado con la letra ‘D'”, agregó.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo el martes que su gobierno acudirá a diversas instancias internacionales para denunciar el trato a los deportados por parte de Venezuela tras la decisión de la OEA de no discutir el tema.
Santos dijo que esas instancias serán las Naciones Unidas, la CIDH, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Organización Internacional de Migraciones, al tiempo que descartó presentar el caso ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El mandatario reveló que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, le dijo que considera “seriamente” la posibilidad de denunciar ante la Corte Penal Internacional a “miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma”.
Las tensiones empezaron el 20 de agosto, cuando Maduro cerró la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, decretó el estado de excepción en algunos sectores limítrofes y ordenó las deportaciones, con el argumento de la lucha contra el contrabando y las bandas armadas que operan en la zona.
Cifras del gobierno colombiano indican que 1.097 personas han sido deportadas desde que empezó la crisis, aunque cerca de 10.000 han cruzado la frontera a través de un río para retornar a su país y anticiparse a la deportación, según Naciones Unidas.