Presos políticos inician huelga de hambre en Nicaragua
Por Gabriela Selser (dpa)
HAVANA TIMES – Unos veinte detenidos por participar en protestas contra el Gobierno de Nicaragua anunciaron hoy una huelga de hambre indefinida, mientras casi un millar de manifestantes salió nuevamente a las calles de Managua para exigir “justicia” y “libertad para los presos políticos”.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), divulgó en rueda de prensa una carta firmada por 25 reos recluidos en la cárcel Modelo, la más grande del país, en la cual anunciaron su decisión.
Los detenidos dijeron que se consideran “presos políticos del régimen” del presidente Daniel Ortega y que su protesta será indefinida, hasta obtener una “justa liberación, sin importar las consecuencias”.
Los presos se solidarizaron con Brandon Lovo y Glen Slate, dos jóvenes condenados por el asesinato de un periodista en la ciudad surcaribeña de Bluefields en abril. También exigieron el acceso al centro penal de sus abogados y de representantes de organismos de derechos humanos locales y extranjeros.
Carmona dijo que la CPDH apoya la posición de los reos, a cuya huelga podrían sumarse otras 120 personas detenidas en el mismo centro penal por participar en protestas sociales.
Añadió que la ONG ha recibido denuncias de internos que aseguran no se les brinda un trato digno ni se les entregan los alimentos que les llevan sus familiares. También se han denunciado casos de maltrato y abuso sexual contra los detenidos.
En Managua, unos 1.000 capitalinos realizaron este mediodía una “cadena humana” de varias cuadras en una céntrica zona, donde la policía desplegó efectivos antimotines.
Al grito de “justicia” y “de que se van, se van”, en alusión a Ortega y su familia, los manifestantes demandaron la liberación de todas las personas detenidas por protestar pacíficamente, que según ONGs de derechos humanos suman más de 400.
Entre los manifestantes participó el dirigente estudiantil Lésther Alemán y el empresario Juan Sebastián Chamorro, miembros de la opositora Alianza Cívica, quienes demandaron “un cambio urgente”
para Nicaragua y convocaron a una nueva protesta para el próximo sábado.
La movilización fue organizada, entre otros grupos, por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), que este jueves emplazó al sector privado a convocar con urgencia una huelga nacional y les acusó de ser “cómplices” del Gobierno.
“Durante años, la empresa privada ha sido cómplice del régimen. La inoperancia política del sector privado en la Alianza Cívica nos está costando vidas y libertad. Paro nacional ya”, señaló un comunicado de la CUDJ.
Desde que comenzaron las protestas en abril, la Alianza Cívica realizó dos huelgas nacionales de 24 horas considerados exitosos, pero el sector privado se ha mostrado renuente a participar en un paro indefinido alegando que ello afectaría a las empresas y aumentaría el desempleo.
En años recientes y hasta el 18 de abril, el Gobierno mantuvo una llamada “alianza estratégica” con los más poderosos empresarios del país, que según Ortega fue clave para la estabilidad económica.
Mientras, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió al Gobierno “el cese inmediato de la represión” y el fin de los secuestros de civiles opositores, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
“Exigimos al Gobierno Ortega-Murillo que cese con la práctica perversa de desaparecer personas no sólo para infundir terror entre la población, sus familiares y comunidades enteras, sino para incrementar la inseguridad ciudadana y silenciar al pueblo de Nicaragua”, indicó una nota de prensa del Cenidh.
En tanto, el Gobierno de Costa Rica reiteró que no dará información al de Nicaragua sobre inmigrantes, refugiados o solicitantes de asilo, porque es materia “sensible” y violaría los acuerdos internacionales sobre refugio que este país ha suscrito.
Costa Rica reaccionó así a lo dicho por Ortega la noche del miércoles, en el sentido de que le solicitaría a San José información sobre los inmigrantes, para notificarle cuáles de ellos estaban implicados en delitos o actos terroristas.
“Costa Rica y ningún otro país que haya firmado convenios internacionales va a dar información sensible que se rige por los procesos de confidencialidad que tiene nuestro país”, dijo a la prensa la vicecanciller Lorena Aguilar.