Oficialista gana en región venezolana de Bolívar tras reñida elección

Justo Noguera. Foto: globovision.com

HAVANA TIMES – El candidato oficialista en la región sureña de Bolívar, el militar retirado Justo Noguera, fue proclamado gobernador electo en las elecciones regionales del domingo en Venezuela por delante del ex diputado Andrés Velásquez.

En la madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Noguera en la elección con el 49,04 por ciento de los votos, lo que confirmó para el oficialismo la victoria en 18 de 23 gobernaciones en disputa, contra cinco de la oposición.

La junta electoral regional dijo que se contabilizó el 100 por ciento de las actas de Bolívar, una zona de explotación minera en la que están asentadas industrias siderúrgicas y el mayor complejo hidroeléctrico del país.

Señaló que Noguera obtuvo un total de 276.655 votos, equivalente al 49,04 por ciento de los votos, contra los 275.184 votos o 48,83 por ciento de Velásquez.

Varias horas antes el presidente Nicolás Maduro había adelantado que la gobernación de Bolívar fue ganada por Noguera.

Velásquez, un ex sindicalista y ex gobernador de Bolívar, anunció que impugnará el resultado, pues dice tener todas las actas en su poder y que aparentemente le daban el triunfo.

“Esto fue un proceso fraudulento, tenemos con qué demostrarlo. Allá ellos con la maroma (teatro) que hayan montado para desconocer nuestra victoria en el estado Bolívar”, señaló.

Velásquez movilizó a sus partidarios desde el domingo para presionar el anuncio de los resultados.

En su cuenta de Twitter advirtió: “Esta lucha por la democracia y libertad no la van a detener jamás. No nos rendimos. Esta lucha está más firme que nunca”.

Como general, Noguera, se desempeñó en el cargo de jefe de la Guardia Nacional (policía militarizada) durante las protestas de 2014 contra el Gobierno, que terminaron con 43 muertos.

Fue incluido en una lista de siete funcionarios venezolanos sancionados y a los que se les prohibió la entrada a Estados Unidos y se le congelaron bienes por un decreto presidencial de marzo de 2015 en el gobierno de Barack Obama por la supuesta violación de derechos humanos.