La OEA exige restitución de sus oficinas en Nicaragua
29 Estados votan a favor de resolución que condena la ocupación de la sede, violación de la inmunidad diplomática y archivos de la OEA
HAVANA TIMES – El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes —en sesión extraordinaria— una resolución que condena la ocupación de sus oficinas en Nicaragua, ocurrida el pasado 24 de abril y exige al Estado de Nicaragua la restitución de la misma.
La resolución que fue leída por el representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador Ronald Michael Sanders, contó con el respaldo de 29 delegaciones, entre ellas: Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Grenada, Uruguay, Costa Rica, México y Argentina.
No hubo votos en contra, pero las delegaciones de San Vicente y las Granadinas, Honduras y El Salvador se abstuvieron de votar. Además, las representaciones de Bolivia y Nicaragua estuvieron ausentes.
La resolución deplora “la violación de la inviolabilidad de los archivos de la organización”, insiste en “que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras permanezcan en Nicaragua” y requiere que se restituya el uso de los locales incautados por el Gobierno de Nicaragua.
“El Gobierno de Nicaragua es responsable de todas las omisiones en cumplir con sus obligaciones legales internacionales”, subraya el proyecto de resolución y así deberá comunicarlo la Secretaría General de la OEA a todos los organismos internacionales con presencia en Nicaragua, así como al Secretario General de las Naciones Unidas.
La sesión extraordinaria fue convocada a solicitud de las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Grenada, expuso la presidenta del Consejo Permanente de la OEA y representante permanente de Santa Lucía, la embajadora Elizabeth Darius-Clarke, en su comunicación a las delegaciones permanentes.
La ocupación de la oficina de la OEA en Nicaragua ocurrió la tarde del domingo 24 de abril, minutos después que el canciller Denis Moncada comunicó a la Secretaría General del organismo regional y a la sociedad nicaragüense, que el Gobierno de Daniel Ortega decidió “cancelar y cerrar” las oficinas de la OEA en Managua.
“Fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina (de la OEA), apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaría General en Nicaragua pueden correr serios riesgos”, señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una misiva que envió el 26 de abril al Consejo Permanente.
Dos días después, el 28 de abril, el régimen de Ortega formalizó la expropiación del inmueble que alquilaba la OEA en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua, y obligó al personal administrativo de la organización a desalojar el lugar, el cual fue declarado “de utilidad pública” y será utilizado por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) para la construcción de un “Museo de la Infamia”.
Analistas políticos internacionales han señalado que la ocupación de la sede de la OEA en Managua es un hecho sin precedentes en la historia del organismo regional y constituye “una flagrante violación al derecho internacional” que expone al país a “profundas repercusiones” en la relación con todos los Estados miembros del organismo regional.
UNAB solicitó reunión de cancilleres de la OEA
Mientras tanto en Nicaragua, el Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), solicitó el pasado 11 de mayo —a través de carta pública dirigida a la embajadora Darius-Clarke— una reunión de cancilleres de la OEA para que los países expresen sus consideraciones sobre lo sucedido.
La UNAB se suma al “coro de voces”, dentro y fuera de la OEA, que piden una “respuesta severa y ejemplar” a las acciones ocurridas en Nicaragua. Por lo tanto “quisiéramos presentar, para su consideración y la de sus colegas del Consejo Permanente, nuestra apreciación de que la respuesta más adecuada pasa por convocar a una Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores, de conformidad con el artículo 61 y siguientes de la Carta de la OEA”, se lee en la misiva de la agrupación.
Además, “creemos que lo que hemos visto en los últimos días en Nicaragua supera la gravedad de las circunstancias que llevaron a convocar la XVII Reunión de Consulta en 2012, cuando la delegación diplomática del Ecuador en Londres se vio amenazada por la posible aplicación de una ley de seguridad nacional del Reino Unido con el propósito de detener a Julián Assange… El principio de inviolabilidad debe ser defendido y de obligado cumplimiento”, concluyó la UNAB.
Embajadores instaron a tomar acciones
El pasado 27 de abril el Consejo Permanente de la OEA instó a los Estados miembros a tomar acciones urgentes ante la ocupación de sus oficinas en Managua, por considerar que el hecho sienta un precedente negativo en las relaciones internacionales. En esa ocasión, sin embargo, no realizaron ninguna votación ni tomaron una decisión sobre lo sucedido.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reclamó entonces que “nada puede justificar un desconocimiento de las inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional”, y lo ocurrido en Managua “abre un precedente” que de ser tolerado puede llevar mañana “a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática”.
El representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador Ronald Michael Sanders, también señaló que la confiscación de la sede de la OEA en Managua “es un asalto, un ataque, a cada uno de nuestros Estados miembros” y ninguno de ellos puede hacer caso omiso a esta violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. “Debemos enviar un mensaje claro a Nicaragua y a cualquier otro Gobierno, que no toleraremos ninguna acción que debilite o eche tierra esta herramienta de las relaciones internacionales”, expresó.
También el representante permanente de Canadá, el embajador Hugh Adsett, afirmó que el régimen de Daniel Ortega sigue mostrando “que no está abierto a ninguna discusión” y que sus acciones incidirán en las relaciones con todos los Estados miembros de la OEA en el futuro cercano.
“Es esencial que tratemos este acto como la abominación legal e institucional que realmente es y veamos que refleja el rechazo del régimen a los compromisos adquiridos con esta organización. El régimen de Ortega hace caso omiso de las recomendaciones de este Consejo, desafía sus compromisos internacionales y lo más importante es que niega derechos humanos al pueblo nicaragüense”, denunció entonces el embajador estadounidense Bradley A. Freden.
El hecho fue repudiado ampliamente por las delegaciones permanentes, incluyendo a Bolivia, México y Argentina, que históricamente no han tenido una postura firme frente al régimen de Daniel Ortega.