El colapso económico ya comenzó en Nicaragua

 

Se ha fugado el 28% de los depósitos, se ha perdido el 30% de las reservas, y el crédito se contrajo 13%

Gobierno planea aumentar impuestos y cotización al INSS, pero si no hay acuerdo político ni fuentes externas de recursos, la crisis económica será peor

 

Por Iván Olivares  (Confidencial)

HAVANA TIMES – Cada día que pasa sin que el país alcance un acuerdo político, se deprime más la economía. Cada vez que un policía actúa como matón, y no como agente del orden, crece la incertidumbre. Cada dólar que sale de los bancos, cada millón de dólares que no se invierte, cada nuevo préstamo que no se aprueba, y cada empleo que se pierde, confirman que, si en el país no hay un diálogo político para buscar una salida, la nación se hundirá en la debacle económica.

“¿La crisis económica bota un gobierno? Depende de la profundidad de esa crisis”, asevera el economista Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), entrevistado el miércoles, en la nueva edición semanal del programa Esta Noche.

“Uno puede aseverar que una crisis económica de esta magnitud, debería sentar las bases o crear los incentivos para que un gobierno que quiera pensar en el futuro de las nuevas generaciones —y reducir los costos económicos y sociales de los nicaragüenses— piense por lo menos en sentarse a una mesa de Diálogo Nacional para buscar una solución”, añade el experto.

Los efectos actuales y venideros de esa crisis son tan devastadores, que Chamorro opina que no se pueden estudiar en los libros de texto ni en las aulas universitarias. Lo dice citando cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), que muestran una caída mínima del PIB, de -4.0% a -4.5% en 2018.

“Probablemente sea más, y para el 2019, si la situación sociopolítica no se resuelve, fácilmente estaríamos hablando de una caída de -7.0% a -11.0%. Y eso que el BCN siempre tiende a mostrar unas cifras más optimistas que las nuestras”, matiza.

Otros elementos que le permiten catalogar la situación actual como “extremadamente crítica”, son la salida del 28% de los depósitos privados del país; la pérdida del 30% de las reservas internacionales, y el 13% de contracción del crédito que los banqueros lamentan día con día.

“El sistema financiero está teniendo dificultades. Diciembre fue un mal mes, con la salida de casi 5% de los depósitos”, dijo el experto, en referencia al equivalente a 189.3 millones de dólares que salieron de la banca, de los que 122.7 millones eran moneda extranjera.

“Ningún libro de texto ni ningún economista de ninguna universidad, te puede decir qué pasa cuando una economía pierde el 28% de los depósitos. No hay estudio económico que vea este tipo de magnitud”, dijo el director de Funides.

Temor ministerial

“Todo esto indica que estamos frente a un colapso económico de magnitudes históricas… desafortunadamente, esto es más difícil de ver en un contexto político, y más cuando hay ministros que tal vez por temor, o por decir sí señor, no muestran la extremadamente crítica realidad al mandatario”, ilustró.

En declaraciones al programa de televisión Esta Semana, el exmagistrado Rafael Solís, dio un atisbo sobre cómo funciona la relación entre la pareja presidencial y sus ministros, quienes saben que “efectivamente, no todo está normal desde el punto de vista económico”, pero “no le han hecho sentir al presidente y a la vicepresidenta, la dimensión de la crisis económica y de lo que se viene en los próximos meses”, relató.

El también exmilitante del Frente Sandinista, dijo que “hay miembros del gabinete que consideran que es manejable la situación y que se puede vivir en una situación en la que se tomen medidas económicas para afrontar la falta de inversión extranjera directa, la fuga de capitales, un presupuesto 2019 que no está financiado y al reducir a una economía de subsistencia, el país pueda seguir caminando sin que haya una catástrofe”.

Tal planteamiento le parece “muy discutible, porque hay otros que te dicen que al desplomarse el turismo, la construcción, el comercio, la compra de bienes normales, y reducirse a los bienes estrictamente de consumo, habrá una reacción fuerte de la misma gente, aparte de lo que puede significar en términos de desempleo, no solo del sector público, sino del sector privado, a lo largo de 2019”.

La desesperación del Gobierno

Al igual que más de 450 000 familias viven penurias luego de perder una parte o todo de su fuente de ingresos por la crisis, la Administración de Ortega también ve cómo disminuyen sus fuentes de recursos internos y externos, lo que ya lo obligó a disminuir el presupuesto 2018 en 7462.3 millones de córdobas (9.2%).

“La tendencia más que obvia apunta a una caída del PIB, siempre golpeando a unos sectores más que a otros. Cifras no tengo, pero se puede inferir que, si no se estabiliza la crisis política, cerraremos 2019 con una mayor contracción”, dijo un economista que pidió permanecer en el anonimato.

Este experto consideró que “el Gobierno no tiene cómo inyectarle plata a la economía, más si los organismos de crédito le cierran el grifo. Una reforma tributaria, o incluso una de la Seguridad Social en este momento, sería el tiro de gracia para las grandes empresas”, advirtió.

Su opinión coincide con la del presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien declaró a los medios de comunicación, estar al tanto de que el Ejecutivo está preparando un aumento de las retenciones del Impuesto sobre la Renta (IR) y las cotizaciones “porque la crisis ha provocado una caída de los ingresos totales”. La propuesta llegó este lunes a la Asamblea Nacional, con una presentación del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.

Con la iniciativa, el régimen busca recaudar 10 168 millones de córdobas, equivalente a 300 millones de dólares en 2019, y entre otros aspectos, ordena incrementar el pago por adelantado del IR a la mediana y gran empresa.

Aguerri ya advirtió la semana pasada que “una decisión como esa solo provocaría más desempleo. Una empresa que ahora paga un anticipo del 1%, si se lo subieran al 2% (ya no digamos al 3%) en medio de la crisis que estamos viviendo, se quedaría sin posibilidades de seguir operando”.

Aunque al defender esa decisión, el ministro de Hacienda recordó el principio de que “los que tienen más, paguen más, contribuyen más. No puede ser que los pobres paguen el costo del golpe”.

El director de Funides refiere que “estamos viendo señales de desesperación con las propuestas de medidas tributarias que estamos escuchando”.

En un afán de incrementar la recaudación de impuestos, si el Gobierno incrementa la retención del IR, y la pasa del 1% actual al 3%, “quebraría una gran cantidad de empresas”, dijo Chamorro.

Aparentemente, también se pretende efectuar una reforma a la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que fue el detonante de las protestas populares.

“La están modificando para que el aumento de las pensiones recaiga en la patronal, como si la patronal no trasladaría ese costo adicional al mercado laboral, y lo hacen, supuestamente, para evitar el costo político”, explicó.

Refiriéndose de forma estricta a la discusión del nuevo aumento al salario mínimo — proceso al que esta vez no fueron invitados—  el presidente del Cosep clamó porque “las medidas que tome el Gobierno no sean para trasladar costos políticos a las empresas y a los trabajadores de las empresas privadas, con el propósito de no tener que reducir gastos en el Estado, para no tener que pagar ellos ese costo político”.

Aguerri declaró que los representantes del Gobierno y sindicatos “se tienen que apegar a la Ley del Salario Mínimo que se ha trabajado a lo largo de los años. Si hubiera un reajuste mayor a un dígito, lo único que se lograría es la pérdida de más empleos”, sentenció.

Recuerden la Nica Act

Juan Sebastián Chamorro insistió en que los problemas de liquidez que sufre la Administración de Ortega están provocando reformas apresuradas, como el incremento de las tarifas eléctricas. “Si (esas reformas) se hacen sin el debido consenso, más bien vendrían a generar mayor descontento de parte de la población”, aseveró.

El economista considera que la situación “realmente difícil” que experimenta el Gobierno, “debería hacer ver la importancia de buscar una solución al problema que no es económico, sino político”, que incluye negociar reformas electorales básicas para elecciones libres, transparentes, verificables y anticipadas.

“Una vez establecidas las nuevas autoridades, tendrían que emprender un plan de reformas estructurales que permitan al país regresar a la senda de crecimiento. Esto es posible si se logra primero un Diálogo Nacional sincero que pueda resolver el problema político que generó la crisis”, consideró.

Abundando en el contenido de esas reformas, Néstor Avendaño, director ejecutivo de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades) de Nicaragua, remarcó la necesidad de efectuar un ajuste económico, “lo que equivale a reducir el consumo y la inversión, por la caída previsible del ahorro externo, principalmente de los recursos provenientes de la inversión extranjera directa y de la cooperación multilateral”.

El experto considera que “nos encontrarnos al borde del precipicio económico, financiero y social. Caer en él significaría el desplome del gasto de inversión fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) y del gasto de consumo de los hogares, depresión económica, creciente desempleo y subempleo, caída de la recaudación, y reducción inexorable del gasto de consumo público”, enumeró.

También “contracción severa de la oferta de dinero para disminuir temporalmente la velocidad de caída de las reservas internacionales, la devaluación del córdoba en el mercado, la aceleración de la inflación y la imposibilidad de buscar apoyo del Fondo Monetario Internacional para suscribir un nuevo programa de ajuste económico y de reforma estructural. En este escenario, prácticamente el único flujo de recursos financieros sería el de las remesas familiares”, refirió.

El analista considera que “los nicaragüenses podremos afrontar esos problemas sólo con el diálogo, la solución pacífica y negociada”, que ayude a reducir “la incertidumbre política y la desconfianza de los agentes económicos, porque no se visualiza una solución pacífica y negociada de los problemas políticos”, además del incremento del riesgo que significa invertir en un país cuyos líderes duermen bajo una espada de Damocles llamada Nica Act.

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