Cuba con sus reformas, empresas y el sector privado

Por Fernando Ravsberg

HAVANA TIMES – “Errores son errores, y son errores nuestros, y si vamos a medir por la jerarquía entre nosotros, son errores míos en primer lugar” (1), expresó en el Parlamento el presidente Raúl Castro, refiriéndose a las ilegalidades detectadas en el sector privado de la economía.

Pero advirtió a los inmovilistas que no intenten usar esos problemas “como pretexto para criticar una decisión que es justa”, agregando que “no hemos renunciado al despliegue y desarrollo del trabajo por cuenta propia, ni a proseguir el experimento de las cooperativas”.

Hizo un llamado a los privados, esperando “el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que de manera honesta ejercen en ese sector”, pero les advierte “que el ritmo y la profundidad de los cambios” estarán “condicionados por la capacidad que tengamos de hacer las cosas bien”.

El problema con los trabajadores autónomos, cooperativas y pequeños negocios  privados es que una parte de sus insumos provienen del sector estatal. Se le llama “desvío de recursos”, pero no es más que robo dentro de las empresas del Estado.

Quienes están en contra de la reforma económica culpan a los negocios particulares de provocar esta sangría, parecen olvidar que el hurto al Estado es muy anterior a la apertura de las formas de propiedad, servicios y producción privadas.

Esto es realmente un asunto muy antiguo; en el año 2005 Fidel Castro realizó una espectacular campaña a nivel nacional cuando descubrió que se desviaba hacia el mercado negro una gran parte del combustible (2).

Si lleváramos a los tribunales, al sector privado ni siquiera se le podría acusar de robo, los ladrones están dentro de las empresas públicas. Los cuentapropistas, en todo caso, incurrirían en el delito de receptación, comprando objetos robados.

Un ejemplo reciente es el de empleados de una tienda estatal de Trinidad que se robaron casi $5 millones en cemento (3). Desaparecieron más de 50 mil sacos, crearon un desabastecimiento artificial y obligaron a todos a comprarlo a los revendedores.

Para frenar la hemorragia de recursos se debería poner un poco de orden dentro de las empresas públicas, si se reduce la el robose acaba el mercado negro. Sin embargo, los éxitos en este terreno son efímeros, a veces porque los corruptos e ineptos son “reciclados” (4).

Otro paso imprescindible es garantizar el acceso a los insumos que requiere cada modalidad de trabajo privado. Son las propias autoridades quienes promueven el delito, cuando permiten ejercer la carpintería o la chapistería sin vender la madera o la chapa.

No todos los empresarios privados son angelitos. Hay propietarios de bares con beneficios de US $20 mil al mes que compran bebidas alcohólicas robadas, y otros, que ganan mucho con varios automóviles dedicados al transporte, usando diésel del mercado negro.

El tema de los “boteros” es un buen ejemplo de mala gestión gubernamental. El caos era inevitable si no les asignan rutas, no les exigen frecuencias, no se les obliga a comprar combustible legalmente ni se les viabiliza la adquisición de piezas de repuesto.

El mismo lavado de dinero podría controlarse mejor para que no se inicien las investigaciones cuando ya el capital negro sirvió para levantar 3 restaurantes y comprar varias casas. Quien quiera invertir debería demostrar a priori el origen de sus recursos.

El Estado puede parecer un ente abstracto, pero es más que eso, es el aparato que utiliza la sociedad para autorregularse, para establecer normas de convivencia y obligarnos a respetarlas, para redistribuir las riquezas e invertir el dinero en el bien común.

No se trata de eliminar al Estado de la ecuación social como proponen los “adoradores” del libre mercado para después, cuando llegan las crisis, exigir que el Gobierno de turno utilice el dinero de todos para rescatar sus bancos y sus grandes empresas.

De lo que se trata es que el Estado juegue su verdadero papel: definir las reglas del juego, administrar con eficiencia los medios de producción puestos bajo su tutela, elaborar políticas impositivas, simplificar trámites, establecer normas sanitarias, aplicar la ley laboral, controlar el origen del dinero y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Hoy, sin embargo, algunos funcionarios gastan su tiempo discutiendo el tamaño exacto que debe tener el cartel de un negocio privado, mientras empresas públicas nos ponen en peligro a todos cuando se niegan a dar servicio de extintores a los negocios particulares.

La autocrítica del Presidente fue justa, el Estado no ha estado a la altura de los cambios económicos, le pesan la burocracia, los prejuicios contra el sector privado, el centralismo en las decisiones y la vieja mentalidad de controlar hasta el último detalle en vez de focalizarse en lo esencial.