Las nuevas medidas económicas del Gobierno cubano

¿Podrían funcionar?

Por Osmel Ramírez Alvarez

HAVANA TIMES – Más allá de la necesidad de eliminar la ‘traba’ principal que hay en Cuba, (que es la falta de libertad política y usurpación de la soberanía popular por el Partido Comunista), podemos hacer un análisis crítico positivista y puntual de las nuevas medidas económicas anunciadas por Alejandro Gil, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, en el espacio televisivo de la Mesa Redonda del lunes 12 de octubre.

En una lectura general se aprecia voluntad política para hacer cambios económicos y eliminar trabas. Pero sabemos que lo hacen no porque han despertado de los efectos hipnóticos de la ideología radical, sino porque están bajo la presión generada por la crisis innegable del viejo modelo, (del que se jactan en ser ‘continuidad’). Eso unido a nuevas tensiones con el arreciamiento del embargo estadounidense y los efectos de la pandemia de la covid-19.

Pero cualquier avance debe ser celebrado, aunque se quede corto. Es cierto que el cambio en Cuba es inevitable y que ‘la traba mayor’ que hay que eliminar es el bloqueo comunista a la libertad y a la democracia de nuestro pueblo. Este es una enorme bola de hierro atada al tobillo de la Patria, que impide o, más bien, ralentiza nuestro nado hacia el país próspero y justo que deseamos y merecemos.

El nuevo enfoque al trabajo autónomo, (dígase cuentapropista), es positivo y que nadie lo dude, fruto de las incesantes críticas y demandas de la oposición política y del pueblo en general que cada vez es más sincero en las redes sociales. Este abre, sin duda, un diapasón mayor a lo que se puede hacer y quita poder de interpretación, entorpecimiento y corrupción a los inspectores y funcionarios extremistas o amorales, que se aprovechan de cualquier traba.

También lo es la muy próxima, (según dijo), apertura a las micros, pequeñas y medianas empresas (MPyMEs), privadas y estatales. Se permitirá también, nuevamente, la conformación de cooperativas no agropecuarias. Igualmente, empresas mixtas entre empresas estatales y MPyMEs privadas. Se legalizará y regularizará la comercialización agrícola privada mayorista el renacimiento del Banco de Fomento Agrícola. Se está abriendo el comercio en dólares de insumos agrícolas, y están tomando medidas para una gestión más autónoma y eficiente de la empresa estatal.

Pero considero que el plan queda cojo en varios aspectos claves: fuentes de financiamiento muy reducidas; quedan trabas muy importantes que harían inviable la efectividad de la comercialización agrícola privada y con ello su papel estimulador de la producción y los precios más asequibles. (Un ejemplo es el derecho de la empresa de Acopio a requisar entre el 90 y el 100% de la cosecha e imponer el precio).

Igual con respecto a los cuentapropistas, cooperativas y MPyMEs, que seguirán adoleciendo de seguridad jurídica, o al menos de un ambiente de confianza. Estarán frente a un estado que tiene cientos de instrumentos legales para destruir a cualquiera de ellos con cualquier pretexto, cuando le sea políticamente conveniente.

A mi juicio, para que fuese un plan verdaderamente efectivo y útil al país en una primera etapa de cambios económicos, deberían reforzarse con los cinco puntos siguientes:

1. En lo financiero: legalizar el flujo del crédito entre las personas naturales, para movilizar el capital en manos privadas hacia la producción, estableciendo un mecanismo legal y una tasa de interés fija; independizar lo antes posible el Banco de Fomento Agrícola del Banco Popular de Ahorro para que tenga su propia identidad, que efectúe las operaciones de la agricultura para que tenga movilidad de capitales y establezca incentivo para atraer ahorristas, así garantizar mayor disponibilidad de capital para fomentar inversiones; y eliminar las más recientes trabas que se crearon para evitar que los cubanos en el exterior, e inclusos del interior, invirtieran en la agricultura cubana en negocios conjuntos con sus familiares, (como administradores o en sociedad). Todo lo contrario, hay que facilitarlo y dejar fluir con confianza ese financiamiento externo e interno a la agricultura.

• Sobre la iniciativa privada: no encasillar a ningún emprendedor desde su comienzo como cuentapropista, cooperativa no Agropecuaria o MPyME. Hay que facilitar el trámite jurídico para que un cuentapropista, si crece, se convierta en una microempresa, luego pequeña y hasta una mediana empresa. Y si les place también puedan convertirse en una cooperativa e incluso en una empresa mayor que sea autogestionada sin límites. (Para la privada sin límites realmente necesitan más tiempo de asimilación). Y cada escalón con su política fiscal diferente, pero que siempre sea un estímulo al crecimiento, no un obstáculo que en la práctica lo haga imposible, como ha ocurrido hasta ahora.

• Sobre la funcionabilidad de los estímulos a la producción agrícola: deben liberar la comercialización de la producción del campesino a la par de la legalización comercializadora del sector privado mayorista y minorista. Para ello es imprescindible que su nicho de mercado no sean ‘las sobras de Acopio’, sino que puedan competir con la empresa estatal y generar eficiencia y competitividad. Acopio, por ejemplo, podría conservar el privilegio de solo el 20% de las producciones, para garantizar suministros socialmente protegidos, por para el restante 80% que compita con los privados. Solo así sería factible comprar insumos en MLC o no subsidiados y, por consiguiente, hacer y atraer inversiones.

• El mercado de insumos agrícolas debe ser diversificado para que sea eficiente: las empresas estatales que negocian paquetes tecnológicos pueden continuar ofreciéndolos con subsidios, como garantía del contrato; la vía alternativa en dólares para atraer remesas e inversiones directas desde el extranjero, y que como estímulo podría tener un descuento del 5 o el 10% en precios; mientras que el generalizado sería un mercado en CUP no subsidiado pero tampoco draconiano, para garantizar la producción.

• Permitir Cooperativas y MPyMEs importadoras, expendedoras, crediticias y exportadoras, que no necesiten una empresa estatal como intermediaria, en cualquier rama que trabajen, pero especialmente en lo referente a los insumos agrícolas. Se evadirían las prohibiciones del embargo, bajarían los costos y, al haber competitividad y dinamismo, habría un mejor precio final.

Para una primera fase considero que, con estos complementos, una apertura económica como la planteada podría ser factible. Con la certeza de que los pequeños cambios, con su éxito, potencian otros más osados y así ganaremos en riqueza social, autoconfianza y empoderamiento ciudadano. Que son los ingredientes primarios de la libertad y la democracia.

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