¿Se puede hablar de Ley de Cine con un Decreto Ley que penaliza el cine?
Lynn Cruz
HAVANA TIMES – El desarrollo de un proyecto jurídico está a punto de ser lanzado para darle cuerpo legal a los independientes, según declarara Ramón Samada, actual presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) en el Evento Teórico Caracol, celebrado en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el pasado mes de octubre.
Lo más perturbador es que Samada no habla de una Ley de Cine, en su lugar expresa: “Proyecto jurídico”. Paralelamente el Gobierno cubano redactó el Decreto Ley 349, que pretende dar cuerpo legal a la persecución al pensamiento crítico en Cuba, o sea, el Estado aseguró el futuro castigo a los cineastas independientes antes de legitimarlos.
Dentro de las prohibiciones que establece ese Decreto en los materiales audiovisuales se encuentra: ‘el uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente’ (artículo 3.1.a). Recordar el escándalo que desató el filme Quiero hacer una película, del cineasta Yimit Ramírez, que provocara, además, reacciones extremistas por parte de los funcionarios y periodistas oficialistas, por el tratamiento supuestamente irrespetuoso, en vez de polémico, respecto a la figura de José Martí.
Por otra parte ‘el uso de un lenguaje sexista, pornográfico, vulgar y obsceno’ (artículo 3.d) y ‘cualquier otro [contenido] que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural’ (artículo 3.1.g). Esa parte se presta para cualquier tipo de interpretación, frente a la cual los creadores quedan en un estado de fragilidad total, y a expensas del juicio de los inspectores supervisores del trabajo por cuenta propia.
La realidad es que los independientes han logrado una producción sostenida, y aun enfrentándose a trabas burocráticas, censura, sin lugar a duda si existe un cine hoy con proyección internacional, colocado en las élites del cine mundial, es gracias a esas producciones fuera de las instituciones cubanas.
Por tanto, el reclamo de estos cineastas por la aprobación de una Ley de Cine, no podía continuar siendo ignorado, pues se impusieron con talento, existen gracias a sus obras. No les deben al Estado. Es el Estado quien les debe el hecho de no haber dejado morir el cine.
Mi breve paso por el Icaic en filmes como La Pared (2006), Próceres (2011), ambas dirigidas por Alejandro Gil, o Larga Distancia, de Esteban Insausti (2010), me decepcionaron prontamente de la presumida industria cubana, pues me di cuenta que esas producciones no cambiarían mi vida ni como actriz ni como persona, pues sencillamente no pasó nada con esas películas.
Las razones pueden ser múltiples. Departamentos y oficinas llenas de sujetos desmotivados a quienes no les exigen un trabajo serio y sostenido. Falta de guía a los cineastas, desde la aprobación de sus guiones (totalmente desconocido el procedimiento) respecto a las posibilidades de sus filmes en la arena foránea. De esa forma son muy pocas las que logran trascender la semana de estreno en los cines de la capital.
Sin embargo, según informó Samada (en diálogo vertical con los autónomos) será su instituto el que rija ese nuevo proyecto jurídico, de tal forma que los independientes quedarán como oficinas tributarias de la policía cultural cubana.