Talibanes y Coca Colas: la insoportable impunidad del poder

Armando Chaguaceda

HAVANA TIMES, 11 dic — Hace algunos años, en pleno apogeo de la campaña política conocida como Batalla de Ideas, la Habana se paralizaba con inusitada frecuencia, al movilizarse cientos de miles de personas -con todos los recursos del estado- hacia las conocidas Marchas del Pueblo Combatiente y Tribunas Abiertas.

Después de la lucha por el regreso del niño Elián Gonzales, cuya justeza concitó apoyo de amplios sectores de la población y en la opinión pública mundial, se fue generando una dinámica rutinaria, donde cada semana se convocaban nuevas marchas por causas que estaban lejos de las reales motivaciones de la gente y de las posibilidades de sustentación de una maltrecha economía.

Semejantes acciones se decidían en una suerte de Puesto de Mando, dirigido por Fidel e integrado por los llamados Talibanes, dirigentes de la Juventud Comunista cuya capacidad para asentir, simular y corromperse resultaron inversamente proporcionales a su calidad humana, compromiso político y honestidad administrativa.

Recuerdo una tarde en la Universidad de la Habana cuando, ante mi critica a la insostenibilidad de semejante ajetreo, un dirigente de aquella camada me espetó “no es esa la lógica, profesor.”

Y seguramente aquel personaje tenía razón, sobre todo porque no había estado junto a la anciana que lloraba, en la parada de autobús del barrio de Alamar, porque la marcha de ese día había secuestrado todo el transporte público. Y- nos decía-  al no tener dinero para un taxi privado perdería el turno médico que había demorado meses en conseguir.

Pero no solo en el reino de la burocracia suceden esas cosas, pues la lógica de un mercado sin cortapisas reproduce la indefensión de la gente común. Esta tarde he recordado la impunidad con que los poderosos operan, al paralizarse la ciudad donde vivo (Xalapa) por la glamorosa irrupción de la Caravana de Coca Cola.

Bloqueando por varias horas la normal circulación vial -con el apoyo diligente de los agentes de Tránsito, que hacían caso omiso a nuestros reclamos- los inmensos camiones impidieron que los autobuses circularan por sus rutas, cerraron la salida de mercados y afectaron a los ciudadanos en un horario en que muchos se ocupan- después de su jornada laboral- de llevar las compras a casa.

Con ruido y confetis, los alegres caravanistas armaron un caos, con hileras de personas plantadas en las cunetas de las calles o inmovilizados, por horas, en los portones de los centros comerciales y demás dependencias privadas o de gobierno.

Pero lo peor fue ver la gente, mientras aquello sucedía, viajaba hipnotizada al encuentro del colorido aquelarre. Ignorando (¿¡), en sus quince minutos de ruido y confetis, todo la afectación que la centenaria empresa –con visible apoyo institucional- generaba no ya a un grupo específico de ciudadanos sino a la misma noción de lo público, burlada por el secuestro de nuestras vías, tiempos y dinero.  Así, sin autoridad a quien encomendarse y con los paquetes a cuesta, volvimos muchos a nuestras casas, molestos y agotados.

Cuando eso pasa uno se pregunta las razones por las que gobiernos y empresas, que tanto hablan del “bien común” y dicen representar  “la opinión pública,” irrespetan- con independencia de los sesgos ideológicos- los derechos de la gente.

La respuesta es clara: porque la soberbia y la manipulación de los poderosos se refuerzan con la impunidad  que cubre, con demasiada frecuencia, cada uno de sus actos.  Y porque la ciudadanía- o sea cada uno de nosotros- se lo permitimos.