Criminalizar la protesta en Argentina y Venezuela: igual repudio, desiguales contextos

Por Armando Chaguaceda

Protesta en Argentina. Foto: diario4V.com

HAVANA TIMES – Los intelectuales públicos operamos, simultáneamente, en los planos de la denuncia y de la argumentación. Desde la denuncia, hay que repudiar todo abuso -donde quiera que se produzca- por parte de cualquier poder concreto. Porque las víctimas, sin distingo, necesitan nuestra solidaridad y no remilgos o relativismos por razones ideológicas o pragmáticas.

Desde el razonamiento, sin embargo, no debemos equiparar situaciones en las que el contexto, el modus operandi y las consecuencias estructurales del actuar del poder no son ponderables. Porque la confusión, ingenua o interesada, nunca abona a la causa de la libertad.

A raíz de los sucesos de esta semana en Buenos Aires[1], se ha puesto de moda denunciar la represión en Argentina, invocando el pasado dictatorial de ese país o, en algunos casos, el espejo venezolano. Lo primero lo han hecho ciertos opinadores de la izquierda latinoamericana, curiosamente los mismos que no dicen nada cuando los presos y baleados son jóvenes víctimas de gobiernos como el venezolano, mal llamado por aquellos como progresista. En lo segundo, han incurrido colegas que, en busca de una supuesta equidistancia crítica, han confundido el deber de denunciar toda represión con el error de equiparar analíticamente una democracia defectuosa y una dictadura feroz. Y es a estos últimos -no a los cínicos leninistas de closet– a quienes dirijo este texto.

Ambas situaciones represivas per se son repudiables, pero no comparables si lo que se pretende es establecer una (falsa) simetría en la profundidad del deterioro de los DDHH y la democracia en ambos contextos.

En Venezuela se redujeron al mínimo -represión mediante- los mecanismos institucionales y sociales para disentir. Hay un Estado de Partido, que desconoce al Parlamento, secuestra referéndums y elecciones, apresa alcaldes y dirigentes sociales, cierra medios de comunicación. El saldo de la autocratización ha sido, en estos dos años, de miles de presos políticos, cientos de muertos y heridos de gravedad, cientos de miles de emigrados.

El patrón de represión ha sido sistemático, generalizado y planificado: tan solo el informe de la destitución irregular por la Asamblea Constituyente de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz -entre cuyas credenciales se encuentra su larga militancia de izquierda y el haber sido designada por Hugo Chávez durante 6 años-, que contabilizó hasta el 27 de julio 109 personas asesinadas en el contexto de las protestas, 37 de ellas por la acción comprobada de agentes estatales o paraestatales.

El órgano electoral (Consejo Nacional Electoral) venezolano está políticamente partidizado: demora o acelera, a conveniencia del presidente, los comicios locales, regionales y nacionales. Hay no solo un retroceso en los indicadores sociales, sino una crisis humanitaria masiva y brutal. La inflación es sideral, licuando la moneda y cebándose en los más pobres. No queda, como demuestran los estudios del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos[2], nada parecido al Estado Social de Derecho tras la imposición de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.

En Argentina se ha producido el avance de una agenda neoliberal, que atenta contra los derechos sociales conquistados, pretende reducir el tamaño y funciones del Estado y ajustar el déficit a costa de los jubilados y sectores vulnerables. Una agenda que carece de sensibilidad social, que no propone medidas para paliar la desigualdad creciente. Una agenda que criminaliza formas de protesta de los trabajadores y de los pueblos originarios (cómo, por cierto, también hacían los gobiernos kirchneristas) pero donde la oposición -parlamentaria, partidaria, sindical, barrial- existe y opera con normalidad. Una agenda que avanza ligada al crecimiento electoral (y social) de un partido de centroderecha (Cambiemos), pero que no ha despojado a amplios sectores opositores de sus bases sociales, gobiernos territoriales y puestos políticos. Consciente de ello, el Gobierno ha oscilado en su forma de tratar a los protestantes, combinando represión, cooptación, negociación, avance y repliegue.

En Argentina el proceso electoral se desarrolla -salvo en ciertos enclaves autoritarios de provincias del interior y con la reserva de las conocidas prácticas clientelares típicas de todos gobiernos- bajo niveles aceptables de competitividad y certidumbre; sus resultados los reconocen gobierno y oposición. Los ingresos y calidad de vida de los sectores populares, aún con este gobierno y su agenda, continúan entre los mayores del continente: el país sigue recibiendo migrantes de naciones vecinas, incluidos los venezolanos. No obstante, hay, como señalan los informes del Centro de Estudios Legales y Sociales [3], preocupantes amenazas -ligadas a la agenda neoliberal de Cambiemos– contra derechos básicos al empleo, la educación y la protesta. En este último punto, las manifestaciones de esta semana contra la reforma de pensiones se cobraron, según diversas fuentes, más 160 heridos -entre civiles y policías- y casi 70 detenidos.

Latinoamérica ha conocido (algunas) dictaduras de izquierda -cuyo caso emblemático es la prolongada autocracia cubana- y (numerosas) dictaduras de derecha. Pero así como en una época estas últimas -apoyadas por EUA- fueron la norma en el continente, hoy solo existen las primeras. Y es bueno recordarlo para el caso argentino, cuyo pueblo sufrió –en nombre de la “lucha contra el comunismo”- la peor masacre planificada y sistemática de la historia sudamericana. ¿Pueden sobrevenir en nuestro continente nuevos Videlas? Sin duda: el capitalismo -que busca concentrar la riqueza- no supone la democracia, sustentada en la expansión de derechos. Sus lógicas son antitéticas. Cuando ambos coexisten son, más bien, matrimonios problemáticos, de convivencia incómoda. Como sucede hoy en nuestra región, plagada de poliarquías donde, de modo desigual, se (i)rrespetan o consagran los DDHH. Llegando, en casos como el mexicano, a crisis sangrientas con viso de Estado fallido.

Foto: EFE/ Miguel Gutierrez

Hablemos claro, sin temor a ser políticamente incorrectos para algún sector de la opinión pública. Venezuela no es ni siquiera un gobierno populista –pues el populismo existe en tensión con la democracia- sino un gobierno autoritario, en el que todos los derechos (sociales, civiles, políticos) han sido estructuralmente vulnerados, suprimidos y secuestrados, por una élite militar, burocrática y programáticamente totalitaria. Argentina no es una dictadura (aunque algunos sectores de la sociedad argentina insistan en tildarla de tal), sino una democracia deficitaria con fuertes tradiciones delegativas -y autoritarismos regionales-, que vive graves riesgos de involución producto del proyecto neoliberal de su élite gobernante.

En ambos contextos, bajo las condiciones respectivamente imperantes, la gente debe tener la posibilidad de reclamar sin menoscabo a quienes mandan -mediante la voz, el voto y la protesta pacífica- el respeto a sus derechos ciudadanos. Sean estos –con independencia de su identidad e ideología- los de un piquetero del Conurbano o un estudiante de Táchira, los de Milagro Salas o los de Alfredo Ramos.

Reclamo cívico que los Estados argentino y venezolano (y sus pares regionales) procurarán domar por vías más o menos violentas como atestiguan investigaciones recientes que reconocen que: “La realidad común a los países latinoamericanos es que los Estados suelen responder utilizando la fuerza para contener y controlar las manifestaciones. Así lo muestra el análisis de las tendencias regionales en los últimos años”[4].

En particular, en las últimas semanas, expertos en la materia han denunciado que en la región diversos Estados están tratando las protestas a contrapelo de estándares internacionales en materia de regulación y respeto de ese derecho [5]. Frente a eso, quienes atesoramos buenos amigos y recuerdos en las calles de Caracas o Buenos Aires, podemos –y debemos- solidarizarnos con las luchas de venezolanos y argentinos por un mejor país. A lo que no tenemos derecho, quienes nos dedicamos a analizar la política, es a confundir el Infierno con el Purgatorio. Mucho menos en nombre de la justicia y la verdad.
—–

[1] Sobre el actual conflicto social en Argentina ver https://elpais.com/elpais/2017/12/19/album/1513674046_230099.html#foto_gal_2, http://nuso.org/articulo/termino-la-primavera-estallo-el-verano/y https://www.telesurtv.net/news/Los-ajustes-mas-significativos-de-Mauricio-Macri-en-Argentina-20171218-0057.html

[2] Ver https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2016

[3] Ver https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/12/IA-CELS-2017.pdf

[4] Ver https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/01/Protesta_social_regional_web-1.pdf

[5] Ver https://www.cejil.org/es/preocupacion-respuesta-estados-protesta-social-ultimas-semanas

Armando Chaguaceda

Armando Chaguaceda: Mi currículo vitae me presenta como historiador y cientista político.....soy de una generación inclasificable, que recogió los logros, frustraciones y promesas de la Revolución Cubana...y que hoy resiste en la isla o se abre camino por mil sitios de este mundo, tratando de seguir siendo humanos sin morir en el intento.



Un comentario sobre “Criminalizar la protesta en Argentina y Venezuela: igual repudio, desiguales contextos

  • sr. Chaguaceda : va usted a seguir insistiendo en los neoliberales que quieren exprimir a los pobres ?? Que son mas malos que a maldad ?? Creo le dura mucho su “preparacion politico-ideological ” de las escuelas cubanas !!! No ve la realidad !! Los pueblos se cansan del sonsonete izquierdoso !!!! A los “manifestantes profesionales” hay que batirlos !!

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