Urge cerrar grifos del erario público cubano

Por Pilar Montes

HAVANA TIMES – Las principales piedras de Cuba, en el tortuoso camino hacia el desarrollo sostenible, son el descontrol y la corrupción, males que ocasionaron en 2017 daños por más de ocho mil millones de dólares a la economía del país.

Esa cifra, comparada con el Producto Interno Bruto de la Isla en 2016  (91 mil 370 millones de dólares), es casi  el 10 por ciento del PIB de ese año y mucho mayor que las pérdidas reportadas el año anterior.

En el informe sobre su trabajo en 2017, la Contraloría señala que el abrumador crecimiento de las pérdidas es, sobre todo, resultado de una investigación más exhaustiva que la realizada en años anteriores cuando los números fueron menores.

Dar a conocer con puntos y señales esos problemas es la única manera de crear conciencia en la sociedad sobre lo que está mal y cómo mejorarlo, señala un artículo publicado en la revista Bohemia.

Lo que destapó la “Caja de Pandora” fue la erosión del tejido público a causa de la corrupción que involucra muchos jefes y subordinados de empresas estatales, lacra señalada como enemigo público número uno por la contralora Gladys Bejerano Portela.

Bejerano Portela hizo hincapié en que la formación de jóvenes auditores debe tener su seguimiento y tutelaje por profesionales de mayor experiencia, a fin de profundizar y detectar las grietas por donde se escapan los recursos.

Igualmente, falta añadirse medidas y/o leyes que ofrezcan información pública, prácticamente inexistente, sobre cómo se asignan y dónde va a parar el dinero de empresas, trabajadores, campesinos y negocios privados recaudados por el Estado.

Breve historia del mal y medidas para contrarrestarlo

La corrupción está dentro de los principales problemas que preocupan hoy a la inmensa mayoría de las naciones.

Solo en pagos de sobornos se reporta la impresionante cifra de más de un billón (un millón de millones) de dólares anualmente, según investigaciones de organismos internacionales especializados, como el Banco Mundial.

Es tan preocupante la lacra en este continente, que mereció un lugar preeminente en la agenda no solo de jefes de estado en la recién concluida VIII Cumbre de las Américas, pero también del encuentro paralelo de organizaciones de las sociedades civiles.

En la Isla, la corrupción constituye una potencial amenaza a la seguridad nacional, señalan economistas locales, porque quienes la practican se aprovechan y utilizan en beneficio propio los recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el desarrollo de sus funciones.

Ellos también consideran que sin una participación ciudadana no habrá una presión efectiva contra las acciones corruptas que muchas veces pueden detectarse únicamente a partir del nivel de vida de los involucrados (de ahí la importancia de la transparencia inexistente actualmente) porque una buena parte de los recursos resultantes de los hechos delictivos se comercializan en los propios establecimientos del Estado.

Otro lugar donde la población sufre directamente los efectos de la corrupción es al realizar trámites ante entidades administrativas en las cuales hay personas que abusan de su función pública, a quienes hay que sobornar para encontrar soluciones en el tiempo adecuado”, precisa el artículo en Bohemia. 

“Los delitos económicos asociados a la corrupción mantienen su impacto negativo en los sectores de la economía relacionados con la producción, distribución, comercialización y venta de alimentos y otros productos de alta demanda popular, cuyos actores bautizan como su “lucha”, denunció el mencionado artículo.

La Contraloría General de la República ha señalado que la reiteración de causas y condiciones devela las fallas en los sistemas de control interno.

El daño peor de estos males es el político, coinciden las fuentes, porque cuando una persona se corrompe es capaz no solo de robar uno u otro recurso, sino que además propicia la actividad subversiva y pone en riesgo la ejecución de proyectos estratégicos, además de aumentar la desesperanza entre la población.

Impunidad Cero, exigen los cubanos

En la evaluación de los años 2016 y 2017 se han tramitado varias decenas de procesos penales por hechos de corrupción y los principales responsables fueron sancionados con severas penas de privación de libertad. Los tribunales impusieron las sanciones accesorias de prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio, con el comiso o confiscación del patrimonio adquirido, así como la exigencia de la responsabilidad civil millonaria derivada del delito. 

En este período se incrementó la participación popular en el ejercicio del derecho constitucional de dirigir quejas y denuncias a los órganos y entidades estatales y la obligación de estos de ofrecer la respuesta correspondiente.

La Fiscalía General de la República recibe denuncias sobre fenómenos de corrupción por las diferentes vías alternativas de comunicación establecidas en esa institución, tanto en contactos personalizados, la línea telefónica, el correo postal, la entrega personal y el portal web.