Una historia de vivienda

Luis Rondón Paz

HAVANA TIMES — Hacía tiempo que no me enteraba sobre desalojos en La Habana o alguna otra región del país. En mis lagunas de ingenuidad, pensé que en Cuba las personas eran desalojadas de sus casas porque carecían de las condiciones higiénicas sanitarias para establecer una vida decorosa, o eran expulsadas de sus sitios de residencia temporal porque, debido al desconocimiento, ocupan un espacio “prohibido para la población”.

Eso pensé. Hasta que de primera mano obtuve información que me hizo ver otros matices en torno a esos hechos, confirmando mi tesis sobre la realidad cubana que supera a la ficción.

Resultó que, hace unos días, me enteré de unos inspectores que buscaban “irregularidades” en el área de desarrollo La Taranquera, perteneciente al municipio Bejucal en Mayabeque, barrio donde la mayoría de sus residentes construyen sus viviendas por esfuerzo propio. El pasado viernes 31 de enero, los inspectores integrales se presentaron en la casa de un conocido mío para revisar el estado legal de su propiedad.

Todo estaba en orden, pensó él, hasta que le dejaron por escrito una citación para presentar nuevamente la propiedad de su vivienda en la Oficina de Inspectores Estatales del Municipio el próximo lunes 3 de febrero.  Con el argumento de que había que analizar qué decreto (multa) aplicarle, porque la vivienda temporal donde reside –construida al fondo del terreno– no cuenta con el certificado de habitable y por tanto él está cometiendo una ilegalidad. Lo que implica que debe pagar una multa, o el inmueble donde reside será demolido.

“¿Pero cómo es posible esto?” exclamó “¿Si hace poco se hizo en este país una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema social en Latinoamérica? ¿Cómo se puede concebir que en nuestro país…? ¿Es esto una amenaza de desalojo? ¿A caso no saben la situación de la mayoría de las personas respecto a la vivienda?” todo esto reclamó a estos inspectores, que ahora tienen el apellido de “integrales”.

Mientras este amigo me relataba los hechos, por algún motivo, en mi interior resonaban las siguiente palabras: “Qué ingenuo eres mi hermano, realmente no sabes nada de la vida”, por lo que su historia no me tomó tan de sorpresa, pese a la indignación que sentí ante el suceso.

Estuve de acuerdo con su criterio sobre las malas prácticas de comunicación por parte de los “agentes reguladores”, o desalojadores del siglo XXI.

“Si ellos conocieran cómo dirigirse a la población como debe ser, otra casa se construiría. Pero bueno, muchas de estas personas lo que buscan es favorecer su economía, que dicho sea de paso son el resultado de las imperfecciones del “sistema”, comenté.

“Buscar dinero, que es a lo que están acostumbrados”, me dijo. – “Ni soborno a nadie ni me dejo sobornar. Todo lo que he logrado aquí ha sido con el sudor de mi frente. ¡Estos ladrones incompetentes no me van a estafar a mí! Ya se han aparecido dos veces por mi casa, la tercera vez me acosaron en la calle e insistieron en que debía presentarme en la Oficina de Vivienda para consultar con la directora y ver qué decreto aplicarme, “posiblemente una multa de 600 pesos” me dijo uno de ellos. Y para insultarme más, dijo que me podían ayudar bajar la multa a 200 pesos…

“Entonces quieren multarte a como dé lugar, ¿no?”, pregunté.

“Bueno, dicen que este lunes se resolverá todo y determinarán qué decreto me aplicarían. Pero en la realidad no saben qué hacer conmigo, porque no me voy a dejar intimidar”, concluyó.

Por lo que me cuenta este amigo, en el municipio de Bejucal, casos como este son comunes. Algo previsible por la desorganización y corrupción administrativa imperantes, que trae consigo a personas sin escrúpulos y oportunistas, dedicadas al atropello de la gente trabajadora que construye por esfuerzo propio.

Continuará…