Represión y repercusión de la marcha en Cuba que no fue

Por Mario Luis Reyes (El Estornudo)

HAVANA TIMES – Han pasado 62 años desde la entrada triunfal de Fidel Castro a La Habana, 41 del éxodo del Mariel, 30 de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 27 del Maleconazo, pero solo tres desde la llegada de Miguel Díaz-Canel a la Presidencia de Cuba, uno desde la huelga de hambre en San Isidro y la protesta de cientos de artistas frente al Ministerio de Cultura, y apenas cuatro meses desde el estallido del 11-J, lo que coloca al actual mandatario, probablemente, en medio de la mayor crisis política de lo que algunos todavía llaman Revolución cubana.

Tras más de medio siglo de exigua contestación social, buena parte de la sociedad civil cubana ha ido despertando gracias a factores como la ampliación de los servicios de Internet, la crisis económica, sistémica del país, el avance de la prensa, el arte y el activismo independientes, o la aparición de figuras como Luis Manuel Otero y Yunior García, entre otros, cuyas propuestas y acciones han contribuido a quebrar la inercia totalitaria a país.

Con más de 600 personas encarceladas por protestar el pasado 11 de julio, amenazas de juicios ejemplarizantes con condenas superiores a 20 años de privación de libertad para algunos de los que salieron ese día a manifestarse, y un Gobierno que no encuentra otra salida que la represión y el terror, la plataforma ciudadana Archipiélago convocó a una Marcha Cívica por el Cambio para el día 15 de noviembre en todo el país, así como en diferentes ciudades del mundo.

La convocatoria, amparada en la Constitución de la República, fue presentada por decenas de activistas cubanos en varias provincias, pero la respuesta de cada uno de los intendentes locales fue idéntica: denegada.

En tanto, las autoridades anunciaron ejercicios militares, planes de la calle y fiestas para los niños, kioskos de comida, y música en las principales ciudades del país, justo por donde debían pasar los manifestantes. Esto, unido a una férrea vigilancia policial sobre activistas, periodistas, opositores y ciudadanos que se han pronunciado contra el régimen, y los actos de repudios contra organizadores de la iniciativa, evitó ciertamente las protestas en el espacio público.

Las expectativas de muchos cubanos eran elevadas, por lo que las amenazas y arrestos a sus impulsores no se hicieron esperar. El escritor Pedro Acosta fue arrestado en fecha tan temprana como el 13 de octubre por ser uno de los firmantes de la solicitud inicial; lo mismo sucedió con los activistas camagüeyanos Florentino Áreas y Dennis Cancino cuando se disponían a entregar la carta en su provincia.

Tras la convocatoria varios grupos políticos, gobiernos y entidades internacionales se pronunciaron en favor del derecho de los cubanos a protestar: el 12 de octubre la Administración estadounidense pidió alas autoridades de la isla “respetar los derechos fundamentales” de sus ciudadanos; las organizaciones defensoras de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron el veto de la Fiscalía a la protesta; el grupo político liberal del Parlamento Europeo exigió al Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, que miembros del organismo estuvieran presentes en las manifestaciones como observadores y, más adelante, el 12 de noviembre, el Parlamento del Reino Unido pidió a La Habana que permitiera la realización de las demostraciones pacíficas, el cese de la represión al disenso y el establecimiento de un diálogo con la sociedad civil.

También un grupo de personalidades internacionales encabezadas por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa suscribieron una carta para apoyar a los manifestantes del 15N en la isla, y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) llamó a evitar la violencia en el país y a favorecer un clima donde cada cubano pueda expresarse sin ser marginado.

Desde el oficialismo también llegaron respuestas. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, escribió en Twitter que “Archipiélago es el cuento de imponer el neoliberalismo made in USA, bajo el supuesto de oponerse a un neoliberalismo inexistente en Cuba”; Díaz-Canel realizó un llamado a los “revolucionarios” a enfrentar “cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la Revolución (…). ¡A cerrar filas, a luchar por nuestros problemas, a luchar con creatividad, es parte del combate!”, y la Asamblea Nacional del Poder Popular realizó una declaración oficial acusando al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las protestas y apoyando “la decisión del Gobierno revolucionario de enfrentar e impedir la agresión”.

Mientras, la policía política cubana iniciaba su labor profiláctica mediante intimidaciones, amenazas y despidos laborales.

El 20 de octubre el profesor David Alejandro Martínez Espinosa fue expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por ser uno de los firmantes de la solicitud de autorización de la marcha. Al día siguiente le sucedió lo mismo al médico cubano Manuel Guerra, separado de su puesto de trabajo en el Hospital Nicodemus Regalado León, en el municipio Calixto García, por ser firmante del documento en Holguín.

A la semana siguiente llegó el turno al actor Edel Carrero, despedido del Centro de Teatro de La Habana, donde se desempeñaba como informático, alegando que no era confiable para su puesto de trabajo debido a su apoyo a la iniciativa de Archipiélago. Otra de las expulsiones denunciadas fue la de Elvisley González, quien recibió amenazas y fue separado de su centro de trabajo en Transgaviota.

De forma paralela, la Seguridad del Estado se encargó de amedrentar a las figuras más visibles de Archipiélago. Saily González Velázquez, coordinadora de la red, fue amenazada con un proceso judicial por presuntamente comprar harina en el mercado negro para su negocio por cuenta propia. Daniela Rojo, quien ocupa el mismo rol en la plataforma, recibió una advertencia policial por supuestamente incitar a “manifestaciones y desórdenes públicos”, y fue advertida —según la denuncia— de las consecuencias que podría tener para sus dos hijos pequeños su participación en la protesta. El 12 de noviembre fue arrestada.

En esos días el líder de Archipiélago, Yunior García, sufrió actos de repudio en su vivienda y amenazas por impulsar la convocatoria; semejante a lo experimentado por los activistas santaclareños Víctor Ruiz y Omar Mena, así como el habanero Daniel Triana. El 12 de noviembre, tres días antes de la fecha pactada para la marcha, se habían reportado al menos 54 agresiones contra los miembros de Archipiélago desde que se hiciera pública la convocatoria.

A la par, las autoridades cubanas aprovecharon su control absoluto sobre los medios de comunicación para emprender campañas de descrédito contra los activistas, para lo cual llegaron a destapar a un espía con 25 años de servicio, que provocó más bromas que preocupación por sus apariciones sobreactuadas en la televisión y su falta de evidencias para incriminar al promotor de Archipiélago.

A medida que se acercaba el día pactado para la protesta, el régimen sostenía su escalada retórica: “Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra Constitución, pero también con energía y valor, cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la Revolución”, dijo Díaz Canel en la clausura del II Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Mientras tanto, al menos en 120 ciudades del mundo en cuatro continentes se anunciaron manifestaciones en apoyo a la iniciativa de la plataforma cívica Archipiélago. La mayor parte de ellas ubicada en Europa y Estados Unidos, con especial énfasis en España, donde aparte de Madrid y Barcelona, se realizaron convocatorias en Murcia, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Gran Canaria, Alicante, Oviedo, Marbella, Vigo, Logroño y Palma de Mallorca.

Pocos días antes de la marcha llegó un primer giro imprevisible: Yunior García anunciaba su decisión de caminar en solitario el domingo 14 de noviembre por la Avenida 23 del Vedado habanero. Esto causó inicialmente confusión e incluso desánimo entre una parte de los seguidores que lo entendió como una renuncia a la marcha, lo que fue desmentido horas después por Archipiélago.

“El domingo 14 de noviembre realizaré una marcha EN SOLITARIO, en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15N. Caminaré en silencio a las 3:00PMpor la avenida 23 del Vedado habanero, desde el Parque Quijote hasta elmalecón, portando únicamente una rosa blanca. Y esto no es un acto de heroísmo, es un acto de responsabilidad”, escribió García en Facebook.

Preocupado, el Gobierno cubano mostró nuevamente su naturaleza el sábado 13 de noviembre al retirar las acreditaciones de prensa a la agencia española EFE, un mes y medio después de que se hubiera retirado la acreditación al coordinador de la redacción en La Habana.

Las autoridades advirtieron al equipo de la agencia que no podría realizar su labor periodística a partir de ese momento, y se negaron a aclarar los motivos exactos que llevaron a tomar esta decisión, lo cual generó las más variadas condenas entre la comunidad internacional.

En la mañana del día 14 de noviembre la vivienda del dramaturgo amaneció sitiada por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, quienes a la postre impidieron que realizara su caminata pacífica. “Es mi derecho humano y constitucional (…) pero parece que ni eso están dispuestos a permitirme”, dijo García en directo a través de su cuenta de Facebook.

Ese mismo día se realizaron manifestaciones de diversa magnitud en ciudades como Londres, Berlín, Santiago de Chile, Querétaro, Helsinki, Quito, Zaragoza, Barcelona, Toronto, Houston, Atlanta y Miami, en respaldo a los manifestantes cubanos. En tanto, medios de prensa independientes reportaban el aumento de efectivos policiales y parapoliciales en las calles de la isla.

Las autoridades cubanas dejaban claro que no permitirían a los presumibles convocados marchar hasta la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana. Sin embargo, un grupo de jóvenes progobierno autodenominados como “Pañuelos Rojos” ocupó desde el sábado, sin contratiempo alguno, dicho espacio —en las inmediaciones montaron hasta sus casas de campaña—, donde recibieron la visita de músicos como el dúo Buena Fe o Tony Ávila, y luego del propio gobernante Miguel Díaz-Canel.

Solamente ese sábado el centro de asesoría legal CUBALEX reportó 53 actos represivos contra personas que apoyaban la convocatoria del 15N.

Tampoco los clérigos se libraron de la represión, pues el sacerdote católico Alberto Reyes Pías denunció que fue amenazado con ser enviado a prisión en caso de que se uniera a los padres Rolando Montes de Oca y Castor Álvarez, quienes también habían confirmado su intención de manifestarse el día 15.

“Si ser detenidos es el precio por ser coherentes con la predicación del Evangelio, sea. Dios mediante, estaremos acompañando a nuestro pueblo, caminando por nuestras calles que todavía están presas”, afirmó Reyes Pías en un mensaje de video.

En medio del panorama de violencia creciente un grupo compuesto por más de 40 organizaciones, entre las que se encontraban Archipiélago, la Alianza Cubana por la Inclusión, CUBALEX, INSTAR y Civil Rights Defenders, solicitaron “a la sociedad civil internacional exigir al Gobierno cubano que detenga la violencia, respete su propio ordenamiento constitucional y permita la marcha como corresponde al ejercicio de los derechos cívicos y políticos”.

A la par, una veintena de defensores de los derechos humanos, artistas, religiosos, empresarios y políticos realizaron un llamado a la comunidad internacional para que condenara el intento del Gobierno cubano “de reprimir y oprimir” a la sociedad civil y socavar la democracia en un comunicado emitido por el Centro por una Cuba Libre.

Probablemente la primera noticia del lunes 15 de noviembre fue el acto de repudio que un grupo de personas, sobre todo mujeres, realizó desde horas de la madrugada frente a la casa de la coordinadora Saily González, una de los rostros más visibles de Archipiélago.

Horas más tarde la historiadora del arte Carolina Barrero fue arrestada cuando salía de su domicilio en el Vedado habanero, mientras su padre recibía un acto de repudio dirigido contra ella. En la jornada también fueron arrestadas otras 14 personas; entre ellas, Pedro Lago Segura, Adrián Nápoles Capote, Andy Eduardo Gómez, Bartolo Cantillo, Carlos Rafael Suñol, Elvisley González, Diosvany Salazar, Diosvany Ríos Cervantes, Evert Oscar Matos Leyva, Yuri Cargía Caraballo y Maikel Rodríguez Alba.

Ante la violencia estatal, el músico cubano Pablo Milanés se posicionó a favor de los manifestantes cubanos y dedicó su canción “Flores del futuro” a Yunior García y a todos los cubanos “que él representa y luchan dentro y fuera de Cuba”, a la vez que expresó su “desprecio” para las “turbas” que utilizan las autoridades cubanas para reprimir a los manifestantes.

A Milanés se sumó luego el jazzista Chucho Valdés, quien comparó a la policía cubana con la de la época de Fulgencio Batista y señaló que no se cumplieron las promesas de Fidel Castro en 1959 cuando dijo que habría elecciones libres y libertad de expresión en la isla. El maestro Leo Brouwer, a su vez, publicó un video en que mostró su apoyo a “todos los cubanos que piden un país mejor”. “Por una vez que se vive”, agregó, “hay que hacerlo con dignidad y decoro; sin manipulaciones, sin odios y ¡mucho menos enfrentándose entre cubanos!”.

Las protestas a lo largo del mundo continuaron el día 15 en ciudades como Nueva York, Miami, Washington, Madrid, Lisboa, Roma, Nápoles, Oslo, Amsterdam, Bruselas, Zúrich, Reykjavik, Berlín, Ciudad de México y San José, en contraste con la falsa tranquilidad en las calles de la isla, secuestradas por la militarización y los cercos de repudio y terror.

Aunque la estrategia autoritaria del régimen logró frustrar las protestas masivas, no pudo evitar renovadas condenas a nivel internacional, incluida la “preocupación” de la Organización de Naciones Unidas.

El mismo 15, The New York Times indicó en un artículo titulado “Cuba aplasta a la disidencia y sofoca las protestas” que “los opositores al gobierno fueron rodeados en sus hogares por policías uniformados, agentes de la Seguridad del Estado o partidarios con pancartas, en un despliegue de intimidación previo a la marcha”.

Al día siguiente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció más de 300 acciones represivas en la isla entre el 12 y el 15 de noviembre, todas relacionadas con la demostración pacífica convocada por Archipiélago. Entre las más comunes se encontró la retención domiciliaria con vigilancia policial, las citaciones a estaciones policiales, amenazas, interrogatorios, detenciones arbitrarias, actos de repudio y cortes del servicio de internet.

La junta directiva de la Conferencia Cubana de Religiosos, por su parte, condenó el hostigamiento al que fueron sometidos algunos de sus miembros y afirmó: “lastimándonos unos a los otros no podremos construir el futuro que todos queremos, la Patria que sea la casa común para todos los cubanos”.

Washington también realizó una declaración el martes para denunciar la respuesta del régimen de La Habana: “Estados Unidos encomia la valentía y la voluntad del pueblo cubano que se enfrentó a la represión gubernamental para hacer oír su voz ayer. El régimen cubano volvió a bloquear las voces del pueblo cubano en lugar de escucharlo, renunciando a oportunidades de diálogo y cambio positivo para el futuro de Cuba”.

De forma inédita, en esta ocasión la inquietud por lo sucedido en la isla llegó hasta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuya oficina en América Latina también dijo estar preocupada “por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba”.

“Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación”, añadió la entidad. “En todo el mundo, poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal”.

En paralelo, la iniciativa frustrada en las calles recibía aparentemente el tiro de gracia desde su propia coordinación. Mientras integrantes de Archipiélago denunciaban la desaparición de su fundador y extendían —al menos virtualmente— las jornadas de protestas hasta el 27 de noviembre en defensa de arrestados y otros represaliados, el dramaturgo Yunior García emprendía una fuga hacia España, con visado de turismo, motivada, según explicó, por las amenazas sostenidas de la Seguridad del Estado y el hostigamiento que sufrió en su vivienda desde horas tempranas del 14 de noviembre.

“La estrategia del régimen era mantenerme preso en mi casa totalmente incomunicado y silenciado. Lo único que tengo es mi voz y yo no me podía quedar callado. Por esa razón he decidido salir de Cuba. No he pedido asilo, mi intención es volver a Cuba”, justificó García tras llegar a Madrid, donde ya ha emprendido una campaña de denuncia ante la prensa internacional, aunque hasta el momento no ha logrado con ello convencer a una parte significativa del activismo y la opinión pública trasnacional cubanos, que recibieron como un cubo de agua fría la salida de quien se consideraba el “capitán” de las protestas.

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