Policía de Nicaragua libera a 40 detenidos tras repulsa internacional
Por Gabriela Selser (dpa)
HAVANA TIMES – Las 40 personas detenidas el domingo 14 de octubre por la Policía de Nicaragua por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega fueron puestas en libertad, informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), reportó dpa.
El gobierno de Ortega mantiene más de 400 presos políticos, varios de ellos ya han sido acusados por delitos inventados de terrorismo y crimen organizado, según Cenidh.
Marlin Sierra, directora del Cenidh, dijo a dpa que la Policía excarceló a las 38 personas arrestadas el domingo en Managua, incluyendo tres dirigentes políticos. También quedaron libres la defensora de derechos humanos Haydeé Castillo y el maratonista opositor Alex Vanegas, añadió.
Los líderes opositores excarcelados son Suyen Barahona, presidenta del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la ex presidenta del mismo partido, Ana Margarita Vijil, y el director del Movimiento por Nicaragua (MMpN), José Antonio Peraza.
Varios canales de televisión transmitieron imágenes de Vijil y Barahona saliendo de la cárcel policial conocida como El Chipote, al igual que Castillo, quien fue arrestada también el domingo en el aeropuerto Sandino.
El arresto de los manifestantes se produjo cuando se disponían a participar en una marcha convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La Policía no informó oficialmente sobre las excarcelaciones.
La noticia de la detención masiva provocó una ola de críticas de los principales organismos de derechos humanos del mundo, así como de los Gobiernos de Costa Rica, Panamá, y de los socios del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En una nota divulgada en la capital uruguaya dejaron constancia de la preocupación por la detención de defensores de los derechos humanos ocurridas este domingo, lo que “representa un agravamiento de la crisis social y política que vive ese país”, indicaron.
Estas acciones son “incompatibles con un sistema democrático de gobierno y han provocado un elevado número de víctimas desde el pasado mes de abril”, concluye la nota de los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur.
Uno de los detenidos era Allan Cordero Ocón, un piloto con doble nacionalidad nica-costarricense. Cordero fue detenido junto a su esposa, la estadounidense Marcela Martínez y su liberación fue exigida por el Gobierno de San José.
Mientras, el director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, a quien el Gobierno de Costa Rica otorgó asilo político, dijo que abandonó Nicaragua en forma clandestina a finales de julio porque su vida corría “serio peligro”.
“El peligro se refleja en asedios a mi oficina en Managua para mí y mi equipo más cercano, llamadas telefónicas anónimas, campañas de odio en las redes sociales”, declaró el activista al diario costarricense “La Nación”.
En tanto, en Managua, los líderes de la UNAB anunciaron que continuarán sus protestas contra el Gobierno de Ortega, al que consideran “un régimen dictatorial”.
Por su parte, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, integrante de la UNAB, convocó a un “paro de consumo” por tres días. La protesta consiste en apagar las luces en viviendas y oficinas y no consumir productos que generen ganancias para el fisco.
Según el organismo estudiantil, el sector privado “se ha negado” a participar en una huelga nacional indefinida o al menos por 72 horas. Desde junio pasado, sólo se han realizado tres huelgas de 24 horas.
En un aparente mensaje al sector privado, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, expresó en su homilía dominical que “en Nicaragua hay gente que vende su conciencia y sus principios por dinero”.
“Se han puesto precio. Son cómplices de las desigualdades económicas, la injusticia social y la brutal represión. ¡No le pongamos precio a nuestra conciencia!”, dijo el prelado, que también condenó “la represión y las detenciones arbitrarias” e instó al Gobierno a dialogar para poner fin a la crisis.
Las detenciones del domingo ocurrieron en el mismo sitio del primer “plantón” de estudiantes que fue atacado por fuerzas de choque del Gobierno el 18 de abril, cuando dio inicio una ola de protestas y la actual crisis a la que se enfrenta el país.
El conflicto ha causado por lo menos 325 muertos según organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que contabilizan además más de 2,000 heridos y alrededor d 400 detenidos. Varios de ellos ya han sido acusados por delitos inventados de terrorismo y crimen organizado.