Nicaragua: “Confidencial está en el alma y cerebro de sus periodistas”

 

Carlos F. Chamorro: “Vengo blindado por la moral de mis padres”

Director de Confidencial y Esta Semana afirma: “Si el Gobierno nos impide seguir trabajando, buscaremos la forma de hacerlo”

 

By Maynor Salazar  (Confidencial)

HAVANA TIMES – El periodista y director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, reconoció ante el asalto y toma ilegal de sus oficinas, que todos los nicaragüenses están expuestos a que la dictadura fabrique cargos para censurarlos y convertirlos en presos políticos, pero sostuvo que aún sin un espacio para la Redacción, los medios de comunicación que dirige seguirán informando.

“El lugar físico no es lo más importante. Hemos seguido trabajando y ahí está el testimonio, en nuestras ediciones y en los programas de televisión que hemos realizado. Si el Gobierno nos impide seguir trabajando, buscaremos la forma de cómo hacerlo”, aseguró Chamorro, en las afueras de los Juzgados de Managua, donde la tarde de este lunes se presentaron dos recursos de amparo por el asalto y ocupación ilegal de las oficinas, que viola al menos 14 artículos de la Constitución.

 “No estamos solos, estamos acompañados por los ciudadanos que son los depositarios de la libertad de expresión”, añadió el periodista.

Chamorro valoró que “si actualmente hay 600 presos políticos, dentro de los planes del régimen podría haber muchos más”, pues estima que “aquí nadie está protegido. A nadie lo protege la ley porque no hay estado de derecho, todos estamos expuestos a que no se respete nuestra vida e integridad física”.

El director de Confidencial y Esta Semana sostiene que él y su equipo continuarán denunciando la corrupción y los crímenes, e hizo un llamado al pueblo de Nicaragua a no autocensurarse, pese a que, como seres humanos, exista el miedo de ser aplastado por un régimen que se ha impuesto por la fuerza y el terror.

“Yo vengo aquí blindando, vengo blindado por la moral de mis padres, Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios de Chamorro, eso es lo que me protege a mí para estar aquí, esos valores, esa herencia con la que los nicaragüenses tenemos que ser consecuentes. Mi padre respondió lo que todos los nicaragüenses debemos responder: cada quien es dueño de su propio miedo, todos los ciudadanos tenemos que administrar el miedo y vencerlo y demostrar que las ideas no se pueden matar y tampoco se pueden matar las ideas matando periodistas”, manifestó.

Chamorro además declaró “la sala de redacción de Confidencial está en el alma, en el cerebro de los periodistas”.

El procedimiento de los recursos

Los recursos de amparo de las empresas productoras de los medios Invermedia y Promedia, fueron presentados en representación de Chamorro por el abogado penalista Léster Mendoza, quien explicó que estos fueron debidamente interpuestos y espera que este martes amanezcan en los escritorios de los magistrados Gerardo Rodríguez y Néstor Castillo, presidentes de las salas civiles uno u dos, respectivamente.

Luego de haber realizado la revisión a los documentos, Rodríguez y Castillo, deben solicitar al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, que presente un informe sobre la actuación de la institución policial en el asalto y la ocupación de las empresas.

En un plazo de diez días, con o sin el informe policial, Rodríguez y Castillo, tendrían que remitir los recursos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por el magistrado Francisco Rosales e integrada por Rafael Solís, Manuel Martínez, Armando Juárez, Carlos Aguerri e Ileana Pérez.

“Se supone que los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ tienen un plazo máximo de treinta días para fallar, pero por circunstancias de que estamos en periodos de fiestas navideñas y fin de año, es probable que esto lleve casi todo el mes de enero”, refirió el abogado penalista.

Chamorro aseguró que si los magistrados no actúan apegados a derecho, “se convertirían en unos cómplices de un acto ilegal que solo se explica por la decisión política de las órdenes emanadas por la jefatura suprema del Estado”.

Mendoza aseguró que en virtud de lo que establece la Constitución Política de Nicaragua, desde el momento en que los oficiales no presentaron una orden judicial para entrar a las empresas, actuaron al margen de la ley, pues está establecido que solo se puede penetrar a un inmueble en virtud de algún flagrante delito o persecución de un delincuente, y si este tipo de situación no se sucede, la Policía necesita una orden de allanamiento.

“La Policía no presentó nada en este caso. No estamos ante un flagrante delito y desconocemos si existe alguna denuncia o acusación contra los representantes de estas empresas para justificar el actuar cometido”, insistió Mendoza.