Escalada conservadora contra derechos reproductivos de las mujeres

Por Tharanga Yakupitiyage  (IPS)

Una manifestante en Buenos Aires porta una camiseta con el lema “mi cuerpo, mis derechos”, una de las consignas de la llamada marea verde, el color adoptado por el movimiento que demanda la legalización del aborto, que está comenzando a extenderse desde Argentina a otros países latinoamericanos. Crédito: Fabiana Frayssinet / IPS

HAVANA TIMES – El aborto ha sido siempre un tema polémico a nivel mundial, y el debate lejos de apaciguarse ha vuelto a intensificarse, con el creciente poder de los grupos neoconservadores, tanto religiosos como políticos, lo que obliga a las mujeres y a las organizaciones que las apoyan a levantarse en defensa de sus derechos reproductivos.

En respuesta a políticas cada vez más restrictivas, la sociedad civil está tomando medidas para ayudar a proteger el derecho a decidir de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo.

“El hecho de que los Estados no garanticen los derechos reproductivos es una clara violación de los derechos humanos”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés), Nancy Northup.

“El Centro está comprometido a utilizar el poder de la ley para garantizar que las mujeres y las niñas … tengan acceso garantizado a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva”, agregó a IPS la lideresa de una organización basada en Estados Unidos y con una red de 280 organizaciones que actúan en 75 países.

La investigadora principal de Human Rights Watch, Margaret Wurth, se hizo eco de sentimientos similares, al afirmar que “ninguna sobreviviente de violación debe ser obligada a la maternidad sin la posibilidad de considerar un aborto seguro y legal”.

Niñas, no madres

Los países latinoamericanos tienen algunas de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua penalizan en forma absoluta la interrupción del embarazo, mientras que Guatemala tiene una excepción solo cuando la vida de una niña o una mujer está en peligro.

Aunque el riesgo de mortalidad materna aumenta cuando se producen embarazos en niñas menores de 14 años, todavía muchas se ven obligadas a dar a luz.

Según CRR, más de 2.200 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2018 en Guatemala.

En Nicaragua, ocho de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual son niñas menores de 13 años y el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina, con 28 por ciento de las mujeres que dan a luz con menos de 18 años.

Fátima tenía solo 12 años cuando quedó embarazada después de ser violada por un hombre de su comunidad en Guatemala. Aunque el embarazo era riesgoso, los proveedores de atención médica nunca le ofrecieron un aborto legal.

Después de más de un año de abuso por parte del sacerdote católico de su comunidad, Lucía quedó embarazada a lo 13 años en Nicaragua.

Fátima y Lucía son ahora mujeres jóvenes y dos de las cada cuatro mujeres que han llevado sus casos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el apoyo de organizaciones como CRR y Planned Parenthood Global (planificación familiar mundial), con el fin de buscar justicia y exigir el derecho al acceso a una interrupción del embarazo segura y legal.

“Demasiadas niñas en América Latina y en todo el mundo han sido puestas en situaciones que amenazan sus derechos y ponen en riesgo sus vidas porque no pueden acceder a la atención del aborto”, dijo la jefa de Planned Parenthood Global, Leana Wen.

“Forzar a las niñas a continuar un embarazo sin importar sus circunstancias o deseos, no solo es cruel, sino que tendrá un impacto devastador para ellas, sus familias y sus comunidades”, agregó la responsable de la filial internacional de Planned Parenthood Federation of America (federación de planificación familiar de Estados Unidos).

Desde entonces, gente de todo el mundo han mostrado solidaridad con las cuatro mujeres que publican #NiñasNoMadres: son niñas, no madres.

Retrocesos en Estados Unidos

El acceso al aborto también se ha convertido en un punto neurálgico en el retroceso a los derechos de las mujeres en Estados Unidos, donde en lo que va de 2019 ya se han promulgado un total de 27 normas legales que prohíben o restringen el aborto en 12 estados.

El caso más reciente fue el del estado de Luisiana, donde el día 29 de mayo se aprobó una ley que prohíbe la realización de un aborto una vez que se detecta un latido del corazón del feto, conocida como un “la ley del latido”.

Un latido fetal puede ocurrir entre las seis y las ocho semanas de gestación, a menudo antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. La ley no incluye excepciones por violación o incesto.

Luisiana se une a los estados de Georgia, Misisipi, Kentucky, Misuri y Ohio en contar con una “ley del latido”, y establece una pena de hasta 10 años y multas de hasta 100.000 dólares para quienes la incumplan. Alabama es aún peor porque prohíbe el aborto en cualquier circunstancia y condición.

El 31 de mayo, un juez bloqueó temporalmente que la última y única clínica de abortos de Misuri cerrase, lo que le hubiera convertido en el primer estado del país en no tener acceso al aborto en 45 años.

Si bien el aborto sigue siendo legal a nivel federal, estos movimientos amenazan la atención a la interrupción voluntaria del embarazo en forma segura y accesible en Estados Unidos,

“Estamos muy preocupados de que varios estados de Estados Unidos hayan aprobado leyes que restringen severamente el acceso al aborto seguro para las mujeres, incluso imponiendo sanciones penales a las mujeres mismas y a los proveedores de servicios de aborto”, dijo la portavoz de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ravina Shamdasani.

“Hacemos un llamado a Estados Unidos y a todos los demás países para garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos seguros. Como mínimo, en casos de violación, incesto y anomalía fetal, es necesario que haya un acceso seguro a los abortos”, agregó.

Una prohibición total del aborto lleva a las mujeres y las niñas a buscar prácticas de aborto inseguras e ilegales.

Además, un reciente estudio encontró que las mujeres y las niñas sometidas a la interrupción del embarazo sin garantías de seguridad y legalidad también son más propensas a experimentar ansiedad a corto plazo y pérdida de autoestima, inseguridad económica y la pobreza, junto con la exposición a la violencia de pareja.

Pero todavía hay esperanza.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y Lambda Legal han presentado demandas para ayudar a proteger los derechos reproductivos en Estados Unidos.

Y la ONU también puede jugar un papel mundial a favor del derecho a decidir de las mujeres.

En 2001, una niña peruana de 17 años conocida solo como K.L. se le negó un aborto después de que se le diagnosticara un feto con anencefalia a las 14 semanas.

La negativa tuvo graves consecuencias mentales y físicas en su salud, ya que se vio obligada a continuar con su embarazo y su bebé, una vez que nació, solo sobrevivió cuatro días.

Trabajando con abogados de derechos humanos, K.L. presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que Perú violaba el derecho internacional de los derechos humanos y que sus acciones constituían “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Fue la primera vez que un comité de la ONU responsabilizó a un país por no garantizar el acceso a un aborto seguro y legal.

El Comité también ordenó una compensación financiera a K.L, quien finalmente la recibió una década después en 2015.

“Al ver cómo se ha hecho justicia en el caso de K.L. —mirándolo desde la A hasta la Z— formamos parte de un momento histórico inspirador”, dijo Lilian Sepúlveda, quien dirige el programa legal internacional de CRR y fue una de los abogadas involucradas en el caso.

“Estamos presenciando los resultados de la perseverancia dedicada de los defensores y el poder de la ONU y otros organismos internacionales para garantizar nuestros derechos humanos básicos a la dignidad, la salud y la libertad de los malos tratos”, agregó a IPS.

Esos esfuerzos son más urgentes que nunca para garantizar el acceso a la justicia, así como a la seguridad y la salud de las mujeres y las niñas.



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Estación Jordan, Ontario, Canadá. Por Joe Edwards (Canada). Camerá: teléfono móvil

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