“Es una barbaridad lo que Ortega-Murillo hizo con mi madre”
Denuncia el ex-operador jurídico de Ortega, Rafael Solís
Exmagistrado de la CSJ detalla que, a él y su familia, les han confiscado siete propiedades: “se dejaron ir contra mí con mucho odio y saña”
HAVANA TIMES – El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís Cerda, exiliado en Costa Rica desde enero 2019, informó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le ha confiscado, a él y tres familiares, siete propiedades en Managua y en el balneario de San Juan del Sur, Rivas. “Se dejaron ir contra mí con mucho odio, con mucha saña, con una ofensiva fuerte”, dijo a CONFIDENCIAL.
Además de él, han sido confiscados su mamá Rafaela Cerda, de 93 años; su hermana Ana Isabel Solís; y su sobrino Aldo Rapacciolli Solís. Todas las propiedades —viviendas y negocios— han sido tomadas por agentes de la Policía Nacional.
“Solo habían hecho las confiscaciones en el Registro (de la Propiedad), pero en muchas propiedades no habían tomado posesión, ahora sí lo hicieron”, señaló.
El exmagistrado “no esperaba” que la dictadura afectara a sus familiares. “Creí que se iban a limitar a mi persona. Y eso que en Costa Rica lo que hecho es tener una vida con bastante perfil bajo en lo político, no me he metido de cabeza en ninguna de las organizaciones (opositoras)”, comentó el ex principal operador político de Ortega en el Poder Judicial.
“He tratado —continuó— de guardar un perfil que no sea de odio, venganza, confrontación; sin embargo, me extrañó que se fueran en contra de mis familiares”.
Solís desertó de las filas del régimen en enero de 2019, generando un terremoto político en la cúpula del Frente Sandinista dada su cercanía con Ortega, cuya reelección promovió en una sentencia de la Sala Constitucional, que integró como parte de la bancada del FSLN en la CSJ. Fue declarado traidor a la patria, desnacionalizado y confiscado en sus bienes junto con 93 personas más, el 15 de febrero de 2023.
Contra la mamá de Rafael Solís
El exmagistrado decidió hablar sobre las confiscaciones a su familia luego de que el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) anunció la inauguración de una “escuela de hotelería” en San Juan del Sur, en una propiedad confiscada a su mamá Rafaela Cerda. Un condominio usurpado a la familia Chamorro Barrios, en el mismo balneario, será usado para el mismo fin.
La propiedad de Rafaela Cerda, donde funcionaba el hotel “Casablanca”, fue confiscada el 29 de enero de 2024. La Policía Nacional tomó posesión del inmueble bajo el argumento de que “llegaba de parte de la Procuraduría General de Justicia (PGR)”, y desalojó a los huéspedes y a todo el personal.
“Esa confiscación fue para afectarme a mí, por el odio que me tienen. Le cayeron al hotel y se lo quitaron a mi mamá, que ya estaba retirada por su edad (93 años)”, subrayó.
A finales de febrero de 2024, la Policía del régimen confiscó y desalojó de su vivienda, en Managua, a la nonagenaria, quien salió de su casa solo con la ropa que llevaba puesta.
“Mi mamá vive sola porque todos sus hijos estamos en el exilio, y no puede salir del país porque su pasaporte quedó en la casa confiscada. No le han permitido entrar, ni le han regresado sus cosas personales”, relató.
“Es una barbaridad lo que han hecho con mi madre”, lamentó.
Solís destacó que el hotel “Casablanca” se construyó en una propiedad que fue de su tío Francisco Urcuyo Maliaños, expresidente sucesor de Anastasio Somoza Debayle en julio de 1979. El inmueble fue confiscado en los años ochenta, pero le fue devuelto en 1992 y posteriormente este la vendió al exmagistrado.
Rafaela Cerda adquirió la propiedad hace más de 20 años por compraventa a su hijo.
“Falsas declaraciones” de Ortega
Daniel Ortega aseguró el 18 de mayo que los bienes confiscados “se movían en el lavado de dinero”, por lo que fueron “incautados” y declarados propiedad del Estado “para beneficio de los pobres”.
El dictador admitió que las propiedades confiscadas representan “varios millones” de dólares. Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), calculó que las confiscaciones tienen un costo de —al menos— 250 millones dólares que tendrán que pagar los ciudadanos, al constituirse en deuda pública.
“Pero lo importante es que esa riqueza mal habida que estaba en manos de delincuentes, esa riqueza mal habida está en este momento en manos del Estado a disposición del pueblo”, insistió Ortega en su discurso.
Solís calificó de “totalmente falsas” las declaraciones de su otrora aliado político. “Nunca me ha gustado salir respondiéndole a ellos (Ortega y Murillo), pero ahora sí creo que es importante. Tengo que salir por el honor de mi madre”, resaltó.
“El historial registral de la casa está completamente limpio. Todo San Juan del Sur sabe que el hotel fue producto del esfuerzo de mi madre por 25 años”, agregó.
“Lo que le hicieron a mi madre fue un despojo, un robo, sin proceso judicial ni nada”, sentenció.
“Ni en la lista de los 94 desnacionalizados, ni en la de los 222 excarcelados políticos, ni en las más de tres mil oenegés y universidades (canceladas y confiscadas) aparece nadie vinculado al narcotráfico o actividades ilegales”, sostuvo.