Aumentar la producción no lleva directo a rebajar precios

Por Pedro Campos, Fotos: Caridad

HAVANA TIMES, 27 ene — Algunos economistas y funcionarios del partido-gobierno han apostado a la rebaja de los precios de los productos agrícolas, por la simple vía del aumento de la producción, como si la cubana fuera una economía de libre mercado y sin monopolios; y todo, sin  importar la forma de conseguirlo.

Nuestra economía, y particularmente la producción agropecuaria, sigue amarrada por un sinnúmero de lazos, leyes, regulaciones, imposiciones y estigmas generados por el fracasado modelo estatalista, los cuales persisten.

Baste señalar los planes de producción arbitrarios que obligan a muchos campesinos a tener que hacer determinadas siembras, el sistema de Acopia estatal con el que tienen que cumplir obligatoriamente los agricultores, las leyes absurdas sobre el control del ganado, la doble moneda, el múltiple mercado (divisa, moneda nacional, precios topados, paralelo, oferta-demanda, tiendas especiales para militares y otros estamentos de la burocracia, mercado negro), los subsidios a algunos productos que se siguen vendiendo por la libreta de racionamiento y los estímulos que todo el sistema comporta para la corrupción en amplia escala, el individualismo y el cuasi-decretado  “sálvese quien pueda” que afectan todas las relaciones de intercambio en la sociedad.

El problema no es –simplemente- producir más, sino cómo lograrlo y para beneficio de quién. Producir más, sin importar la forma de lograrlo, podría terminar en devolver las tierras a las compañías norteamericanas y a los terratenientes del pasado, que tienen dinero, técnicas y recursos para ampliar la producción.

El país de mayor producción de alimentos en el mundo es EE.UU. y China el segundo en producción industrial, en el que existe una super-explotación de los trabajadores. En ambos, el modo de producción determinante es el capitalismo, el trabajo asalariado.

En ambos existen enormes desigualdades, en ambos existen cada vez más pobres y la riqueza es más concentrada. ¿Hay bajos precios en esos países, en comparación con el ingreso de los trabajadores? ¿Es allá a donde nos quieren llevar?

Y esto no es una defensa del estatalismo burocrático; pero Cuba con sus bajos niveles de producción y todo su centralismo, sus déficits libertarios y democráticos, tiene menores niveles de desamparo social que China, el pueblo cubano está mejor alimentado que el pueblo chino en su conjunto y tiene muchos índices mejores de salud y educación que China y EE.UU., esos dos países de gran producción.

Por tanto el problema no es de producción, sino de cómo participan los trabajadores y el pueblo en la producción, la distribución (de las utilidades) y el consumo.

El estatalismo en Cuba creyó que socialismo era solo una mejor distribución centralizada, sin tener en cuenta los intereses concretos e inmediatos de los trabajadores y ese es uno de sus principales errores. Y promovió el igualitarismo, como desviación de la igualdad, que algunos ahora quieren negar como principio socialista, en beneficio de la desigualdad social que genera la posición de cada uno frente a los medios producción.

Producir más a partir de formulas capitalistas  (trabajo asalariado) beneficia en primer lugar a los dueños de capital que explotan el trabajo ajeno, a los especuladores del mercado y al estado recaudador de impuestos; pero no necesariamente a los consumidores, a la población, a los trabajadores que continúan recibiendo bajos salarios.

La repartición de tierras estatales, que bien podría constituirse en una piedra angular para el desarrollo del futuro socialismo en Cuba, ha adolecido de graves problemas en su concepción y ejecución.

En ningún momento la repartición se estableció bajo el control democrático de las comunidades que impidieran la corrupción y el favoritismo; pero sobre todo la prioridad se puso en la repartición a privados, sin estímulo alguno a la formación de cooperativas de producción en esas tierras, exigiendo solo una subordinación a “Cooperativas de Créditos y Servicios” que en la práctica son aparatos burocratizados que hacen las veces de intermediarios con el estado, los bancos, las administraciones y los mercados, deformando todo el sentido del cooperativismo.

Hay otras restricciones como el tiempo limitado de usufructo, la imposibilidad de construir, el precio de los insumos, la capacitación y otros que el estado parece dispuesto a encarar.

Para dar transparencia al proceso de repartición de tierras, sería necesario que se presentara públicamente, una estadística nacional, sobre la entrega de las mejores tierras para el cultivo, las que ya contaban con instalaciones y estaban cercanas a sistemas de riego y trasportación.

A quiénes se entregaron y cuáles eran los vínculos de los beneficiados con los “responsables municipales de tierras” y las instituciones del estado. Y especialmente sobre las tierras de las UBPC repartidas, junto con una valoración de la necesidad real de tal decisión y el criterio de los integrantes de las mismas.

Las leyes que promueven el trabajo asalariado en el campo, han sido priorizadas sobre regulaciones que estimulen el cooperativismo y esto ha llegado al punto de que se van a entregar más tierras a los “privados que han demostrado alta producción y productividad,” la cual solo puede ser lograda, por los privados con la participación de trabajadores asalariados y el empleo de medios que están solo al alcance de personas con capitales establecidos.

Aumentar la producción no lleva directamente a bajar los precios.

La repartición de tierras que se viene haciendo por el gobierno de Raúl Castro puede –incuestionablemente- aumentar la producción de alimentos; pero no necesariamente bajar sus precios ni beneficiar alimentariamente a las grandes mayorías concentradas en las ciudades y que viven de bajos salarios, con muy poco poder adquisitivo.

Son varias las razones, entre ellas, el gobierno está estimulando -con precios preferenciales- que esas producciones  sean dirigidas al complejo turístico mercantil del estado y, de esa manera, sustituir importaciones para bajar sus costos de producción en dicho sector, al tiempo que gran parte de la distribución interna sigue estando bajo control del aparato burocrático de Acopio del MINAGRI con todas sus consecuencias y, el resto, acuñado por la ley de oferta y demanda del mercado que, al seguir con una concurrencia deficitaria, tiene los precios disparados.

Con la estimulante oferta a los productores para que vendan al turismo, la doble moneda redobla su influencia en los precios del mercado y por tanto inhibe el destino de tales productos para los mercados populares, que siguen dependiendo de los bajos salarios pagados por el gobierno en pesos cubanos.

Téngase en cuenta que el CUC siempre ha impuesto su valor en el mercado nacional sobre el peso, por ser la moneda que permite adquirir combustible, otros alimentos fuera de la menguada libreta de racionamiento, electrodomésticos, vestido, calzado, materiales de construcción de alta calidad e insumos diversos, aunque el gobierno mantenga un mercado mínimo de precios controlados en pesos cubanos.

Los que constantemente obvian la presencia de la doble moneda con todas sus consecuencias, en sus análisis de nuestra economía, están obligados a cometer graves errores. La doble moneda lo distorsiona todo.

Por otra parte la comercialización de los productos agrícolas se sigue haciendo por el estado con precios de monopolio y por privados y no por asociaciones cooperativas de productores o comercializadores, que por su propia forma de intercambiar los productos, tengan en cuenta no solo sus intereses, sino también los intereses de las comunidades cercanas y los colectivos sociales a los cuales van dirigidas sus ventas.

El estado debería también establecer plenas relaciones monetario-mercantiles en su distribución “subsidiada” a comedores obreros, estudiantiles, hospitales, etc., y tales centros responder con sus presupuestos y recaudaciones.

Ya sabemos que muchos de los actuales subsidios, son fuente de corrupción, bolsa negra, desvíos y “trasbase” a otros tipos de economía para beneficio de malhechores y burócratas. “El control, la disciplina, la exigencia y las sanciones,” todos desde arriba, ya han demostrado su ineficacia. Acábese de personalizar el subsidio, no las producciones o los consumos de productos. El incapacitado, debe ser subsidiado con integralidad.

Si el aumento de la producción agrícola sigue teniendo como regulaciones -de producción e intercambio- las actuales, los principales beneficiados serán los productores, los vendedores, el aparato estatal burocrático recaudador de impuestos y los corruptos.  ¿Y la mayoría, de bajo poder adquisitivo, qué?  ¿Si la gente no puede comprar, para qué aumentar la producción?

Aumentar la producción para beneficio a todos, demanda otros cambios.

Por todo lo anteriormente expuesto, es imprescindible el análisis de los problemas desde su complejidad y, en las medidas que se tomen tener en cuenta todos los factores socio sicológicos, económicos  y políticos, el conjunto, a corto, mediano y largo plazo y no solo los económicos inmediatos.

Hay que evitar el pragmatismo que es la esencia de la filosofía del capitalismo, la vulgarización del beneficio inmediato.

El gobierno/partido no se da cuenta, -prefiero considerarlo así-, que en realidad el estimulo a la producción agrícola asalariada, es en verdad la promoción de la producción capitalista en el campo y el desarrollo y fortalecimiento de una burguesía agraria.

Las consecuencias ya se están viendo en los mercados, con los precios de los alimentos inalcanzables para el común de la población y el crecimiento “despiadado” de los bolsillos de vendedores y productores.

Las implicaciones políticas son a un plazo más largo, que no van a tener que enfrentar, quienes andan por los 70/80 años.

Si la “actualización” no quiere terminar en el más vulgar de los capitalismos, enfrentar una escalada de precios y aumentar las diferencias sociales, concretamente en la agricultura,  debe estimular –en forma especial- a los que estén dispuestos a desarrollar el cooperativismo en el campo, darles facilidades amplias para comercializar, créditos, medios de producción, insumos y recursos a bajos precios y posibilidades de recibir ayuda directa internacional.

Y, también, priorizar la entrega de más tierras a los que estén dispuestos a constituirse en cooperativas de producción con sus actuales trabajadores contratados, convertir las UBPC en verdaderas cooperativas y no quitarle ni un pedazo de tierra más ni desactivar ninguna; y apoyar la creación de empresas auto gestionadas en las granjas estatales y, muy importante, desarrollar sistemas cooperativos y autogestionarios especializadas en la venta de productos agrícolas a partir de modificaciones al sistema de ACOPIO, en lugar de estimular el trabajo asalariado y a los vendedores particulares.

Para que la “actualización”  favorezca un aumento de la producción, con una disminución de los precios y beneficios para todos, deberá poner en marcha estos tres motores principales:

1-  una nueva ley de cooperativas, que garantice los principios básicos del sistema cooperativista mundialmente probados, en forma amplia, que incluya los mercados cooperativos, que no subordine las asociaciones cooperativas a los intereses estatales y que les brinde todas las facilidades para su amplio desarrollo;

2- Legislarse una nueva ley de la empresa socialista, que la conciba no como estatal, sino como social, auto-gestionadas por los trabajadores o en cogestión con el estado, donde sean los trabajadores los que decidan sobre la administración, la gestión y las utilidades, luego de satisfechos los compromisos sociales y la propia reproducción ampliada;

3- Desarrollarse una plena democratización del sistema político –no por último menos importante- que posibilite el ejercicio directo de la democracia por los trabajadores y el pueblo y les permita el control real, efectivo, en todos los niveles, sobre la vida política, social y económica del país, especialmente a través de los presupuestos participativos locales y en la nación,  así como la más amplia realización de la utopía martiana, por todos añorada: “Con todos y para el bien de todos,” la cual reza en la constitución vigente.

Sin encender estos motores, la “actualización” tenderá a la restauración del capitalismo privado en contubernio con el capitalismo del estado; pero bajo control de un partido burocratizado y no pasará de otra copia más, solo que esta vez la matriz no será rusa, sino china.

Y ya sabemos que los calcos y copias, extrapolados además, están condenados al fracaso. Los cubanos tenemos historia, especialmente como grandes productores de alimentos, raíces libertarias, democráticas, socializantes, humanistas propias y universales. No necesitamos copiar de nadie.