WikiLeaks y la libertad de prensa
Guillermo Fernández Ampie
HAVANA TIMES, 19 Oct. — Un cable de la agencia comercializadora de noticias Associated Press (AP), fechado ayer y suscrito por Anne Flaherty, informa de la solicitud de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos a los medios de comunicación de ese país para que no publiquen ninguno de los documentos clasificados, relacionados con la guerra en Iraq, que al parecer serían dados a conocer próximamente en el sitio WikiLeaks.
AP de por sí no es una fuente de información fiable, pero de ser cierto lo expresado en dicho cable deja de manifiesto la hipocresía del gobierno y los medios estadounidenses frente a ese derecho que tan celosamente reclaman a otras naciones, especialmente a aquellas en las que existen gobiernos que no son sumisos a las políticas de Estados Unidos, de los organismos financieros internacionales y que tratan de hacer prevalecer los intereses y necesidades de sus propios pueblos por encima del lucro de las empresas transnacionales. Cuando menos, denota la elasticidad con que en el país del norte se concibe y practica la libertad de prensa.
En el cable en cuestión se asegura que el portavoz del Pentágono, coronel Dave Lapan, dijo a los reporteros que cubren esa fuente que “los medios de comunicación no deberían diseminar información robada, aunque ésta ya haya sido colocada en el sitio WikiLeaks”. El argumento esgrimido por el oficial fue que una organización como WikiLeaks no debería de ganar más credibilidad por medio de organizaciones noticiosas creíbles.
Tras hacer referencia a los documentos dados a conocer por WikiLeaks en julio pasado relacionados con la guerra en Afganistán, en el cable se informa que el diario The New York Times omitió información de los documentos filtrados que podría haber puesto en riesgo operaciones militares o exponer la vida de los informantes afganos. The Times también se habría negado a facilitar un vínculo hacia la base de datos de WikiLeaks. Similar decisión habría sido tomada por el diario inglés The Guardian y el germano Der Spiegel, que se habrían negado a revelar información que consideraron “sensitiva”.
Agrega el cable que el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, informó al Congreso de Estados Unidos que los documentos sobre Afganistan filtrados por WikiLeaks no expusieron los secretos de inteligencia más sensitivos, pero sí pusieron en riesgo los intereses de Estados Unidos al exponer los nombres de algunos afganos que han cooperado con las fuerzas de ocupación.
Encubriendo la muerte de civiles
Ante la actitud de los medios mencionados y considerando que uno de los principales hechos que dejan en evidencia las filtraciones de la ONG cuya cabeza más visible es el australiano Julian Assange es la política de las tropas de ocupación estadounidenses y sus aliados de ocultar sistemáticamente la muerte de civiles inocentes.
El principal ejemplo fue el video en el que se observa cuando los tripulantes de un helicóptero del ejército estadounidense asesinan al fotógrafo iraquí que trabajaba para la agencia Reuters. Cabría preguntarse si encubrir la muerte de miles de civiles es algo que evita que las operaciones militares en curso o futuras sean puestas en riesgo. O bien, que si silenciar esos crímenes contribuye en algo a proteger la vida de los soldados invasores.
Tal presunción es desde todo punto ridículo, toda vez que lo que ha puesto y pone cada día en peligro la vida de los militares estadounidenses y sus secuaces es haber invadido un país en el que no son bienvenidos, es su presencia en el territorio de un pueblo que los rechaza.
En todo caso, el llamado del portavoz del Pentágono como la autocensura de los medios mencionados en el cable noticioso es otra muestra de la complicidad de esos medios, autoproclamados objetivos e imparciales, con la política militarista y las guerras de agresión practicadas históricamente por Estados Unidos y sus cómplices.
¿Y si otros hicieran lo mismo?
¿Qué dirían los señores propietarios de los medios mencionados y sus empleados profesionales si los gobiernos de Venezuela, Bolivia o Ecuador hicieran un llamado a los propietarios de los grandes diarios de esos países para que no publiquen información que consideraran sensitiva o pusiera en riesgo sus intereses nacionales? ¿Se atreverían los propietarios de los grandes medios de comunicación de Venezuela, Bolivia o Ecuador a abstenerse de publicar información “sensitiva” o que ponga en riesgo los intereses nacionales de sus respectivos países?
La cuestión vuelve a poner sobre la mesa el siempre polémico tema de la libertad de prensa y la seguridad nacional. Por la seguridad nacional en Estados Unidos se exhorta ahora a los ciudadanos a denunciar a toda persona o actividad considerada sospechosa en lugares públicos, como los aeropuertos, en donde los parlantes constantemente advierten que hacer chistes relacionados con el terrorismo, secuestro de aviones o mencionar la palabra “bomba” puede ser motivo para ser arrestado.
¿No equivale eso a invitar a espiar al vecino, a la persona que está al lado, a denunciarlo; es decir a realizar una práctica similar por la que se acusa y condena constantemente a Cuba y las organizaciones vecinales existentes en la isla? Quizás el gobierno estadounidense debería contratar la asesoría de los Comité de Defensa de la Revolución para organizar organismos similares que contribuyan a conservar y salvaguardad la seguridad nacional de Estados Unidos.
Una decisión así contribuiría a poner fin del bloqueo con el que desde hace medio siglo se pretende asfixiar al sistema político imperante en la isla por privilegiar sus propios intereses nacionales y se castiga a los cubanos por respaldarlo. O por lo menos podría poner un alto a la hipócrita demanda de libertad de prensa al gobierno cubano, toda vez que el Estado cubano tiene igual derecho de argumentar motivos de seguridad nacional y de sus intereses nacionales para justificar y aplicar sus propias políticas.