La respuesta de la OEA frente el circo electoral en Nicaragua

Foto: latinamericanpost.com

La dictadura orteguista ha dejado clara su deriva autoritaria y su aparente falta de preocupación de ser catalogado como un estado corrupto y criminal

Por Raúl K. Bautista

HAVANA TIMES – La aprobación de la última resolución de la OEA sobre “La situación de Nicaragua”, dos días después de la reunión de cancilleres europeos, demuestra que el régimen Ortega-Murillo no ha convencido a las naciones democráticas de que es “víctima de una intervención”, de que “el proceso electoral es limpio” y de que “los presos políticos son culpables”.  

Todo lo contrario, la dictadura orteguista ha dejado clara su deriva autoritaria y su aparente falta de preocupación de ser catalogado como un estado corrupto y criminal, que después del 7 de noviembre pasará a ser un estado paria. Está decidido a posicionarse fuera de los parámetros de las normas internacionales, violando los derechos humanos a su gusto y antojo y representando una amenaza para la paz regional.

Ante ese reconocimiento, 26 de los 34 estados miembros de la OEA le están haciendo una advertencia al Estado de Nicaragua: que corrija su camino. Le señalan que se van a adoptar otras medidas, incluyendo la posible aplicación de los artículos de la Carta Democrática y que se hará una valoración de las elecciones en la próxima reunión de la Asamblea General, que se llevará a cabo el 10 de noviembre.

El alcance de esa advertencia, en la resolución del 20 de octubre, no se puede valorar en su totalidad si nos limitamos a la parte resolutiva, porque los considerando o párrafos del preámbulo contienen los antecedentes históricos del tema y enmarcan el contexto actual al que se refiere.

Las promesas de Ortega perdieron toda credibilidad

Los estados miembros de la OEA están conscientes que el régimen Ortega-Murillo no respeta sus obligaciones en el marco de dicha organización. Están claros que ha desconocido los llamados de la organización, sus grupos de trabajo, comisiones, misiones y otras propuestas para encontrar una salida negociada y realizar elecciones democráticas.

Por lo tanto, inician la resolución recordando todas las exhortaciones (declaraciones, resoluciones, mandatos) que han hecho al Gobierno de Nicaragua apoyando “elecciones libres y justas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua,” desde junio del 2018, cuando la Asamblea General (AG) de la OEA aprobó la declaración “Apoyo al Pueblo de Nicaragua” (AG/DEC. 97-XLVIII-O/18).

Dicha declaración fue tan suave que el gobierno de Ortega se unió a Estados Unidos para patrocinarla. En su parte resolutiva, “condena y exige el cese inmediato a la violencia” en general, establece el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, cuyo posterior informe, concluye que el Gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que “deben considerarse crímenes de lesa humanidad”) e instruye al Consejo Permanente “para que siga ocupándose de la evolución de la situación”.

El régimen Ortega-Murillo, consciente que ni siquiera había sido condenado por la masacre cometida en abril del 2018, procedió a desconocer la declaración de la Asamblea General e incrementó la represión con la Operación Limpieza, atacando los tranques con armamento de guerra.

Mientras tanto, el Consejo Permanente, cumpliendo las instrucciones de los Ministros de Relaciones Exteriores, procedió a dar seguimiento al tema y ya para el 22 de julio del 2018 se lleva a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que previamente había recibido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este resuelve reiterar su “enérgica condena y grave preocupación” por los actos de violencia y violación y abuso de los derechos humanos, incluyendo los cometidos por “la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua”.

Muchas resoluciones, pero poca acción

Desde el 2018 hasta octubre del 2021, el Consejo Permanente aprobó, por lo menos, 7 resoluciones y varias otras veces abordó el tema de Nicaragua en sus sesiones. Y también, en el marco de ese mismo período, la Asamblea General Ordinaria aprobó una Declaración y dos Resoluciones.

Después de la primera condena por los crímenes cometidos por “la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua”, la dictadura desempolvó su ya desgastado pero útil argumento de la soberanía y amparo en la Constitución y leyes nacionales.

Ese mismo argumento lo había utilizado previamente Venezuela ante el foro regional y es usado por todos los dictadores, desde Erdogan en Turquía, Lukashenko en Bielorrusia hasta los militares en Myanmar. 

El Gobierno de Nicaragua, para poner un ejemplo, siempre rechazó los llamados que se le hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU) en la ONU para que firmara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, argumentando que bastaba con las leyes nacionales para impedir una masacre o crímenes de lesa humanidad.

Sin ninguna herramienta jurídica internacional que proteja a la población nicaragüense y ante una comunidad internacional distraída y desinteresada, Ortega dio la orden para que la policía y los paramilitares mataran con impunidad y ha impuesto un estado policial y de terror.

La resolución pasa a constatar “con preocupación” que el Gobierno de Nicaragua no implementó las recomendaciones de la AG-OEA del 21 de octubre de 2020, sobre elecciones libres y justas “con las normas internacionales aplicables”. Y que tampoco liberó a los presos políticos, ni levantó las restricciones a los partidos políticos, como se le había solicitado.

El preámbulo que estamos analizando expresa también alarma por las detenciones arbitrarias de los precandidatos y líderes políticos y civiles y cancelación de otros dos partidos políticos en mayo pasado, como constata la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y pasa a señalar que están conscientes que la solución pacífica a la crisis en Nicaragua requiere un compromiso con la democracia y los compromisos asumidos en la Carta Democrática.

Ese es el contexto en el cual se enmarca la parte resolutiva y la advertencia previamente señalada. Se reitera el llamado a liberar a lo inmediato a los presos políticos, la preocupación porque todos sus esfuerzos han sido ignorados, su alarma por el deterioro de los derechos humanos y urge que se pongan en práctica los principios de la Carta Democrática Interamericana para que se celebren elecciones libres, justas y transparentes, bajo la observación de la OEA y otra observación electoral creíble.

Se espera exigencia de un nuevo proceso electoral

A pocos días del 7 de noviembre, los representantes de la OEA no se refieren al actual proceso electoral, pero ya dejan preparado el camino para demandar otro proceso electoral, porque el actual va a ser declarado ilegítimo en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General.

Esto permitirá un accionar conjunto de Estados Unidos con la Unión Europea y las naciones democráticas del continente para imponer sanciones más duras y abrir todo el abanico de opciones para frenar a “un autócrata que hace lo que quiere”, como dijo el Embajador de Uruguay, Washington Abdala.

La respuesta oficial del régimen Ortega-Murillo fue rechazar la resolución, argumentando que actúan en defensa de “los derechos fundamentales” de los nicaragüenses y que no discutirán “los actos de soberanía” que ellos realizan. Que en realidad son para reprimir y aterrorizar al pueblo.

Inmediatamente, al siguiente día de aprobada la resolución, como muestra de su repudio y que los tiene sin cuidado lo que suceda en la OEA, encarcelaron al presidente y vicepresidente del COSEP y alargaron, a través de maniobras legales, el periodo de tiempo que los prisioneros políticos estarán en prisión sin ser juzgados.

La importancia de la resolución del 20 de octubre radica no sólo es que es la última previa a las elecciones, sino también en que, al haber agotado todos sus esfuerzos para frenar la deriva autoritaria de Ortega, la OEA se verá forzada a tomar medidas más enérgicas.

Esto facilitará la implementación de la Ley Renacer que pronto será aprobada en el Congreso Estadounidense y presionará a la Administración Biden para que decida si va a detener o no la expansión del autoritarismo y la corrupción en el continente.

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