La inutilidad del reparto arbitrario de utilidades en Cuba
y la necesidad de una política integral
HAVANA TIMES – Como hemos insistido reiteradamente, la economía cubana necesita una política económica integral de transformaciones a la vez que una política de estabilización macroeconómica que conecte y haga viable la primera.
La permanencia de un proceso inflacionario como el que se vive, o se sufre hoy en Cuba, no es sostenible en el mediano y largo plazos por razones sociales y políticas, por lo tanto la reducción de la inflación es imprescindible no sólo como condición para la viabilidad de las transformaciones económicas más profundas que el país necesita, sino también desde el punto de vista político.
En este sentido hemos expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de una política de estabilización que aborde el problema tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, en combinación con políticas fiscales y monetarias activas y fundamentadas.
Hemos abordado este tema en mayor detalle y con propuestas muy concretas en otros textos: “Conjurar la inflación: lo esencial de una política integral (la oferta, la demanda y la política monetaria).
Uno de los puntos, no el único, en el que insistimos en este y otros textos anteriores, es el efecto perverso que sobre los precios provoca el reparto de utilidades sin respaldo material y a discreción en las empresas estatales, en presencia, además, de laxos impuestos directos progresivos sobre estas remuneraciones, mercados altamente imperfectos sin sólida regulación y gobernanza deficiente. Es justo decir que nuestras consideraciones al respecto las hemos hecho llegar sistemáticamente a las autoridades de la economía nacional, desconocemos si han sido revisadas o no.
Este tema, poco abordado públicamente con anterioridad, ha sido objeto de atención en la reciente reunión de la dirección del país con representantes del sistema empresarial estatal, cuyos contenidos fundamentales se han reportado en el diario Granma. Las cifras y algunas de las afirmaciones que allí se han presentado confirman, en nuestra opinión, lo que al respecto hemos señalando desde hace más de un año. Sin embargo, no apreciamos aún una política integral que corrija esta negativa tendencia.
Sólo en el primer semestre del 2022 el reparto de utilidades fue de 13 000 millones de pesos cubanos, lo cual significa un notable incremento de la demanda agregada sin que ello esté respaldado por un correspondiente aumento de la oferta de bienes y servicios.
Como se reconoce en la reunión, con frecuencia las ganancias empresariales se explican por incrementos arbitrarios de precios, mismos que alimentan la inflación como una serpiente que muerde su cola.
Esta cifra nos sorprendió al ser aún mayor (mas del doble) de la que habíamos calculado previamente para un semestre, no contábamos entonces con información pública al respecto, lo habíamos estimado a partir de la información fragmentada de la prensa nacional y de entrevistas individuales.
El efecto de este proceso es que el incremento de los ingresos reales de los trabajadores que se benefician con estas entradas adicionales no se corresponde a los incrementos nominales que obtienen, debido precisamente al aumento de precios impactados por la misma acción, a la vez que los ingresos en términos reales de los trabajadores y ciudadanos con remuneraciones fijas (en especial los jubilados) se ven notablemente afectados por la baja sistemática de su poder de compra, rayando, en muchos casos, con niveles de supervivencia. Adicionalmente ha generado movimientos sectoriales de fuerza de trabajo con repercusiones negativas en actividades fundamentales.
Haciendo un cálculo rápido, se puede afirmar que con mucho menos de la mitad del dinero de utilidades repartidas se podría haber incrementado el monto de las pensiones mínimas y prestaciones asistenciales en más de 500 pesos mensuales, favoreciendo los sectores más vulnerables del país.
El déficit presupuestario anual estimado debe ser superior a los 70 mil millones de pesos. Si este se monetizara en un 85 %, el efecto del reparto no respaldado de utilidades podría contribuir, por sí solo, en casi el 25% al aumento de precios.
Si se examina lo que diferentes economistas han venido escribiendo al respecto, se podría desarrollar un debate que permitiera la articulación de una política anti inflacionaria integral. Sin embargo, aunque este problema supone una fuerte fundamentación técnica, esta no sería suficiente debido a su gran significado político y social. Por esta razón hemos propuesto con anterioridad la conveniencia de ampliar la discusión a toda la sociedad con la rápida y urgente presentación de un proyecto de política de estabilización.
Seguramente la discusión popular no solo lo enriquecería, sino que favorecería reconstruir el consenso para avanzar con este y con el proyecto de reforma integral de la economía, proceso, en nuestra opinión, imprescindible para la recuperación de una dinámica positiva en la vida de la nación. Los parlamentos obreros efectuados en 1994 son una experiencia que debe ser tomada en consideración en la actual situación, desde el punto de vista político el consenso de la sociedad no tiene sustituto, en el caso de Cuba, más aún.
Ninguna de estas consideraciones deja de tener en cuenta los efectos nocivos del bloqueo y la agresión, pero el desafío es avanzar a pesar de estas difíciles circunstancias y hacerlo con mucha rapidez, con sentido de urgencia y una audacia responsable. Hay propuestas y argumentos fundamentados para hacerlo, discutámoslos todos con profundidad, con agilidad y sin dogmas.