La emigración y los negocios privados en Cuba
Por Jesús Arboleya (Progreso Semanal)
HAVANA TIMES – Recientemente fue aprobada la ley que permite el establecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas privadas (MPYME) en Cuba y uno de los elementos más divulgados por la prensa, ha sido la posibilidad de que los emigrados inviertan en las mismas. Ya se ocuparán economistas y abogados de estudiar esta ley, a fin de establecer el marco legal en que esto puede realizarse y sus eventuales consecuencias económicas. En en este trabajo vamos a concentrarnos en sus actuales condicionamientos políticos, así como en su posible impacto en las relaciones de Cuba con su emigración.
Lo primero que salta a la vista, es que no se trata de una ley concebida para la emigración, por lo que no establece novedades respecto a su tratamiento. Desde hace años, los emigrados que no tienen residencia en Cuba pueden invertir en el país, mediante los mecanismos para la inversión extranjera que se han venido adoptando. El hecho de que prácticamente ninguno lo haya hecho, responde a las dificultades y peligros que impone el bloqueo norteamericano, a la falta de correspondencia entre la oferta y la escala de la mayor parte de estos capitales, así como a los criterios restrictivos que han imperado en la política cubana, dificultando la aplicación de la ley que establece esta posibilidad.
Los emigrados que conservan su residencia en Cuba, cualquiera sea el tiempo promedio que permanezcan en el país, nunca han podido acogerse a la ley para la inversión extranjera, porque, a diferencia de los primeros, no son considerados como tales y se les aplica las mismas normas que a cualquier otro cubano.
Se trata de una diferencia bastante arbitraria, toda vez que, a los efectos de otras leyes y la propia Constitución, ambas categorías son consideradas como cubanos, no importa cuál sea su residencia reconocida. Es algo que quedó establecido para otros fines a partir del decreto-ley 302 del 2012, modificativo de ley migratoria, que estipula que cualquier cubano que emigre a partir de esa fecha, conserva todos los derechos de residencia, siempre y cuando actualice cada dos años esta condición. El hecho de que ahora puedan invertir en las MPYMEs, es porque esa posibilidad se ha abierto para todos los cubanos residentes en el país, no porque se haya hecho una excepción con ellos.
En resumen, la nueva ley para las MPYMEs no cambia nada respecto a los emigrados, los que no conservan su residencia pueden invertir como empresarios extranjeros, pero no en las MPYMEs, concebidas para los residentes en el país. Por el contrario, los que mantienen su residencia pueden hacerlo en las MPYMEs, pero, al igual que el resto de los cubanos residentes en el país, no pueden aprovecharse de la ley para la inversión extranjera. En verdad un galimatías, donde se refleja una contradicción que abarca a todos los cubanos, no solo a los emigrados, y que pide a gritos una ley para la inversión de los nacionales, que no los excluya de ninguna alternativa.
El gobierno cubano ha insistido en su interés por potenciar los vínculos con la emigración y aprovechar su aporte al desarrollo del país. Siendo así, un paso importante sería revisar la política que incentiva y regula sus posibles inversiones en Cuba.
Es difícil identificar las ventajas que, para promover la inversión en Cuba, puede tener mantener la diferencia entre emigrados residentes y no residentes, sobre todo cuando se trata de las MPYMEs, toda vez que se excluye de este proceso a la mayoría de la emigración. En especial, a los descendientes nacidos en otros países, que ya se acercan a constituir la mitad de la población, donde constituyen el sector mejor ubicado en la estructura económica y el más dinámico de sus componentes.
Para promover la inversión de los emigrados en Cuba se requiere de una política específica, que salte barreras legalistas y prejuicios establecidos, muchas veces injustificados, incluso que establezca ventajas especiales por la condición de cubanos y, de esta manera, centrarse en el objetivo de integrarlos orgánicamente a la vida de la nación. En esto estriba el valor político de este asunto.
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