La disputa por los Derechos Humanos en Cuba

comentarios en una coyuntura crítica

Por Armando Chaguaceda & Eloy Viera

Ilustración Julio Llópiz

HAVANA TIMES – El Gobierno cubano ha sostenido, durante décadas, la idea de que en la Isla rige un sistema político y social en el que se ponderan algunos derechos humanos (los Derechos Humanos que Defendemos) por sobre otros (1).

El embargo estadounidense contra Cuba, impuesto desde los primeros años de la década de 1960, ha sido utilizado como excusa para perpetuar un enfoque construido en la Guerra Fría, contrario a la universalidad, indivisibilidad y exigibilidad que debe guiar el tema.

Simultáneamente, los avances (hoy en crisis) en la materialización de derechos sociales como la salud y la educación, han sido utilizado por la élite gobernante para justificar la represión y la limitación de derechos civiles y políticos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil trasnacional señalan una coyuntura y perspectiva críticas en la materia. Según el reporte Freedom on the Net: The Crisis of Social Media (2019), de Freedom House, Cuba es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuarto peor a nivel mundial, entre los 65 monitorizados. Conforme el Índice CIVICUS Monitor indicativo de la vigencia de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, su espacio cívico es calificado como “cerrado”.

Desde el Sistema Interamericano, la Relatoría de Libertad de Expresión, en su informe de 2019, reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público.

En su comunicado del 18 de abril de 2020, esa misma dependencia expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado a la COVID- 19. Se resaltan los casos de periodistas multados en virtud del Decreto-Ley 370.

Las Naciones Unidas también han dejado nota, en los últimos tiempos, de la situación. El Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión también ha mostrado (Internal Communication AL CUB 5/2019) preocupación por los diversos mecanismos de represión en Cuba.

Este año, la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, llamó la atención sobre la deficitaria situación en esta materia en el país caribeño.

Dentro de la Isla, el reconocimiento formal de derechos como la libertad de expresión, que en la Constitución de 1976, pero estaba condicionado (Art. 52) conforme a los fines de la sociedad socialista. Ahora, han sido reconocido sin cortapisas en la nueva Carta Magna (2019) al señalar que “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.

Pero, simultáneamente, estos derechos han sido luego limitados en otras normas inferiores, condicionados a criterios discrecionales y conservadores -como el “respeto a la moral, las buenas costumbres y los intereses generales de la nación”- y, lo más grave, sujetos a la criminalización policial.

En la práctica, el Estado cubano continúa reaccionando de modo restrictivo ante el aumento del escrutinio e incidencia públicas, doméstico o internacional. Visibilidad motivada, entre otros, por el aumento del acceso a Internet y las iniciativas cívicas de distintos sectores de la población.

Con la profundización de la crisis económica, aumentaron la conflictividad social y la reacción represiva. Esta última no se limita a opositores derechistas, frontalmente opuestos al Gobierno. Alcanza también a quienes, desde posturas de izquierda, proponen reformas del sistema vigente. O, incluso, a personas humildes con reclamos elementales por servicios y derechos básicos, como el acceso a la vivienda y la alimentación.

Y es que, en los últimos años, el desarrollo de las reformas -y su incoherente implementación- amplió en Cuba la brecha entre las élites beneficiadas por los cambios y grandes sectores populares convertidos en perdedores netos.

Esos seres prescindibles abarcan hoy diferentes categorías de trabajadores urbanos y rurales, familias carentes de remesas, habitantes de los barrios de la periferia capitalina y el interior del país, negros y mestizos, ancianos y mujeres. Son los hijos (olvidados) de la Revolución.

La pandemia revela un proyecto de poder donde la construcción de un capitalismo de estado se legitima con una anacrónica mística revolucionaria.

Los gastos presupuestarios del último año, revelados por el informe Inversiones, Indicadores Seleccionados, Enero-Diciembre 2020, de la Oficina Nacional de Estadística e Información, muestran una enorme asimetría entre la cuantía dedicada a la inversión inmobiliaria y turística y las depauperadas partidas dedicadas a la educación, salud y seguridad social. Justo las icónicas conquistas de la Revolución del discurso oficial (2).

Por todo ello, hoy es más que nunca insostenible, como insisten ciertos analistas, que la represión del disenso y la protesta públicas en Cuba se dirijan contra actores y reclamos supuestamente minoritarios, identificados cómo “instrumentos de los Estados Unidos” (3).

En primer orden, pues no existen evidencias empíricas fiables que permitan corroborar el nivel de respaldo o rechazo popular a ningún actor político. El Gobierno no permite a sus críticos expresarse o participar en igualdad de condiciones en las decisiones políticas relativas a la nación.

En segundo orden, porque la evidencia de que la represión alcanza hoy no solo a grupos “minoritarios”, sino también a cualquier ciudadano políticamente activo -incluidos aquellos que defienden la ideología socialista- resulta cada vez menos irrefutable.

Sirva como ejemplo que el 30 de marzo del 2021 se produjo, en una céntrica calle habanera, una manifestación pacífica. Tras la protesta, la policía detuvo una docena de personas, incluido un universitario que portaba un cartel con la frase Socialismo Si, Represión No. Ese joven fue instruido de cargos y acusado por el delito de desorden público.

Por otro lado, la represión a los miembros del Movimiento San Isidro -incluida la retención ilegal de Luis Manuel Otero Alcántara, denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional (4) – y el asedio a los activistas e intelectuales del 27N, refleja un patrón de criminalización estatal de cualquier iniciativa que promueva el ejercicio autónomo de la ciudadanía. Incluso cuando esta es desplegada con métodos pacíficos, apelando al diálogo y con apego a la Constitución vigente.

Mientras escribimos este texto, los Gobiernos de El Salvador y Guatemala, con una lógica punitiva típica del populismo de derecha, criminalizan la organización y acción autónoma de la ciudadanía.

Los argumentos de Nayib Bukele y Alejandro Giammattei son similares a los de sus pares leninistas caribeños: la sociedad civil es mera subversión foránea, opuesta al interés nacional y carente de respaldo popular.

Como respuesta a esa arremetida conservadora se ha reforzado la solidaridad internacional, proveniente de gobiernos y activistas democráticos. Algo que aún se escamotea en el caso cubano, incluso desde el activismo regional. 

Los derechos humanos son una construcción en la que confluyen distintas ideologías políticas y sujetos sociales. Constituyen un campo de reflexión y acción, donde no deberían primar sesgos políticos.

Los interpretamos desde nuestros prismas ideológicos, pero debemos concebirlos y defenderlos integralmente. Deben ser exigibles -con mecanismos para demandarlos y defenderlos- y universales, inherentes a toda la población, amén su identidad y condición social.

Pero resultan indivisibles, porque si no poseemos y ejercemos los derechos civiles y políticos -de prosapia liberal- nunca podremos defender los sociales, económicos y culturales, hijos del progresismo. Y si no se disfrutan estos últimos, los primeros serán siempre frágiles instrumentos en la lucha, individual y colectiva, por la dignidad humana.

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