Palacio de Justicia de Colombia: el fuego no se apaga 30 años después

Por Rodrigo Ruiz Tovar

Entrada de tanques de ejército colombiano en el Palacio de Justicia tomado por guerrilleros del M-19 Foto: kausajusta/periodismohumano.com
Entrada de tanques de ejército colombiano en el Palacio de Justicia tomado por guerrilleros del M-19 Foto: kausajusta/periodismohumano.com

HAVANA TIMES (dpa) — Treinta años después de la toma de rehenes más sangrienta en la historia de Colombia, el caso del asalto al Palacio de Justicia parece estar lejos de cerrarse y varios de sus protagonistas siguen hoy en las primeras planas de la prensa.

La Fiscalía General anunció hace apenas dos semanas que logró identificar a tres personas declaradas como desaparecidas en ese hecho, tras lo cual fiscales asignados al caso dijeron que 14 oficiales retirados del Ejército deben declarar por presuntas torturas a dos estudiantes en el marco de este mismo proceso.

El caso del Palacio de Justicia sigue ardiendo en el plano judicial en momentos en que el país recuerda el fuego que durante horas consumió la sede de los principales tribunales del país.

Lo ocurrido el 6 de noviembre de 1985 en pleno centro de Bogotá sigue siendo catalogado como el “Holocausto de la Justicia” por el resultado del asalto perpetrado por la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) y la feroz respuesta militar.

Los guerrilleros ingresaron por el estacionamiento de la edificación y en pocos minutos tomaron como rehenes a magistrados, abogados, empleados y visitantes.

Según dijeron en su momento, pretendían hacerle un “juicio revolucionario” al gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), quien poco antes había protagonizado un fallido proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La reacción militar empezó pocos minutos después del asalto y se prolongó hasta el día siguiente tras un intenso tiroteo y del uso de un tanque de guerra que hizo disparos de cañón contra el palacio, que terminó en llamas.

En total, 11 magistrados, 35 guerrilleros y otras 52 personas murieron en el hecho, en tanto que 11 fueron declaradas desde entonces como desaparecidas.

Una Comisión de la Verdad integrada por tres ex presidentes de la Corte Suprema, Jorge Gómez, Nilson Pinilla y José Herrera, concluyó en 2006 que el Ejército incurrió en exceso de fuerza y que durante el asalto Colombia vivió un “vacío de poder” por la falta de autoridad del presidente Betancur.

La Fiscalía reabrió el caso ese mismo año a raíz de videos hasta entonces inéditos que mostraban a algunos de los desaparecidos cuando salían vivos del lugar en compañía de militares.

Betancur fue investigado por una célula del Congreso, que decidió archivar el caso al no encontrar responsabilidad de su parte.

El ex ministro de Justicia Carlos Medellín, hijo de un magistrado del mismo nombre que murió en ese hecho, afirma que el gran responsable de lo ocurrido fue Betancur por la “negligencia” del gobierno, que dejó la solución al Ejército.

“El Estado tiene responsables y son los funcionarios públicos empezando por el (ex) presidente Betancur, que está vivo y que goza de impunidad y que es el responsable directo de todo lo que sucedió”, dijo Medellín.

Betancur, de 92 años y retirado desde hace tiempo de la política, pidió perdón el martes pasado por los errores que pudo haber cometido en ese caso.

“Muchas lágrimas resbalan por mi añoso rostro porque el llanto ha inundado las regiones del alma. Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas por esos errores que nunca fueron nada distinto a mi búsqueda por la paz”, afirmó Betancur en una declaración.

Para el actual ministro de Justicia, Yesid Reyes, las palabras del ex mandatario son “un buen gesto hacia las víctimas”, entre las cuales se encuentra él.

El padre del ministro, Alfonso Reyes, era entonces el presidente de la Corte Suprema y el país lo recuerda cuando clamaba por teléfono a Betancur para que el Ejército cesara el fuego y los rehenes no corrieran peligro. Sus palabras no fueron atendidas.
Los únicos condenados por el caso de los desaparecidos son los generales retirados Jesús Arias y Alfonso Plazas, a 35 y 30 años de prisión, respectivamente, quienes alegan que no cometieron delitos y que cumplieron con su deber.

El asalto guerrillero se convirtió en un punto de inflexión para el M-19, una guerrilla nacionalista y bolivariana que había surgido en 1970, que en 1990 firmó un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) y se desmovilizó para convertirse en un grupo político legal.

El senador Antonio Navarro Wolff, uno de los líderes históricos del M-19, admitió hace varios años que el ataque al Palacio de Justicia fue “el peor error” que pudo haber cometido su grupo.

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