ONU refuerza vigilancia sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua
Alta comisionada de Derechos Humanos deberá monitorear e informar exhaustivamente sobre las violaciones a los de derechos humanos en Nicaragua
Por Ivette Munguía (Confidencial)
HAVANA TIMES – Menos de 48 horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Senado de los Estados Unidos prepararan acciones en contra del régimen de Daniel Ortega, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reforzado el mandato, dado en 2019 a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para dar seguimiento a Nicaragua, y elaborar un informe exhaustivo de la situación de derechos humanos en este país, incluyendo los avances y los desafíos, para presentarlo al Consejo y ser debatirlo entre los Estados miembros.
Este miércoles, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó a reunión para tratar el tema de Nicaragua en el Consejo Permanente, coincidiendo, por separado, con la ratificación de una resolución del Senado estadounidense que llama a más presiones contra el régimen orteguista.
En la resolución sobre Nicaragua, adoptada este viernes por el Consejo de Derechos Humanos, los Estados condenaron –una vez más– las graves violaciones a los derechos humanos en el país y urgieron al Gobierno de Daniel Ortega a cesar los actos de intimidación y represalias en contra de ciudadanos opositores.
El Consejo “exhorta al Gobierno de Nicaragua a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias… ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente, respete las debidas garantías procesales, vele por que las condiciones de reclusión se ajusten a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y a las obligaciones y normas aplicables en materia de derechos humanos”.
La resolución, que fue aprobada con 24 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, también insta al Gobierno a liberar a todos los presos políticos, retomar el trabajo con los organismos internacionales de Derechos Humanos e implementar reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes.
La reforma electoral
Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos instó al gobierno de Nicaragua a realizar las reformas electorales e institucionales necesarias, a fin de “garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales”, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes.
Asimismo, el Consejo exhortó al Gobierno a retomar el diálogo nacional como una eventual salida a la crisis sociopolítica del país. Este diálogo tiene que ser “amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente en el que participen todas las partes”, dice la resolución.
Además, la resolución demanda la aplicación plena los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo de 2019. En esos acuerdos el gobierno de Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades que han sido conculcadas.
623 días de represión y resistencia
Este viernes también fue publicado el informe “623 días de represión y resistencia: situación de los derechos humanos en Nicaragua 18 de abril 2018–31 de diciembre 2019”, en el que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señala las diferentes etapas en que el gobierno de Ortega ha impuesto un estado de excepción permanente.
El génesis de la crisis –descrito por el Cenidh– fue “la represión generalizada a la protesta ciudadana”, luego se dio “la imposición de un estado de terror y la operación limpieza”, seguido de “la criminalización de la protesta social, detenciones selectivas a expresos políticos”, después “la prohibición de la protesta social, y profanación de tumbas”, hasta llegar a “los secuestros exprés, torturas y evidencias de cárceles clandestinas”.
El informe fue publicado de cara a la aprobación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos como un aporte al seguimiento que debe realizar la Alta Comisionada y coincide con más de dos años de represión de la población nicaragüense que participó en la Rebelión de Abril de 2018.
Esa represión “instalada por el régimen ha llevado al país a altos niveles de inseguridad ciudadana”, dice el documento del Cenidh. El régimen “ha ignorado” la violencia e invasión que padecen los pueblos indígenas de la Costa Caribe, los asesinatos en las zonas rurales y la violencia en contra de las mujeres, incluidos los feminicidios; la estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos y periodistas. Todos estos crímenes “se han incrementado, se encuentran en total impunidad, y se han acentuando por la pandemia”, continúa.