Noticias en breve: Democracy Now 27/7

El miércoles, el presidente Donald Trump hizo un anuncio sorpresivo en Twitter: dijo que prohibiría a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Trump emitió la siguiente declaración en Twitter: “Tras haber consultado a mis generales y expertos militares, les informo que el gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá que individuos transgénero sirvan en ninguna calidad en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Nuestro cuerpo militar debe centrarse en una victoria decisiva y arrolladora, y no puede hacerse cargo de los enormes costos médicos y las complicaciones que implicaría tener a personas transgénero en las fuerzas militares. Gracias”.

La decisión de Trump contradice la promesa que hizo el año pasado durante la Convención Nacional Republicana, cuando dijo: “Haré todo lo que esté en mi poder para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ”. La decisión suscitó protestas frente a la Casa Blanca y en centros de reclutamiento militar en todo el país. Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional por la Igualdad de las Personas Transgénero, habló sobre la decisión.

Mara Keisling declaró: “Parece que lo que está diciendo el presidente es que va a despedir a 15.000 soldados sumamente entrenados y motivados. Es una catástrofe para la preparación militar. Es, sin duda, una catástrofe para esas 15.000 personas que simplemente están tratando de servir a su país, pero además es absurdo que piense en hacer esto aparentemente sin consultar al Pentágono”.

El anuncio de Trump parece haber sorprendido hasta al Pentágono, que dirigió todas sus preguntas acerca del decreto a la Casa Blanca. El secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, dijo que se enteró del cambio de política por Twitter. Esto ocurrió después de que el secretario de Defensa, James Mattis, dijera el mes pasado que daría seis meses más de plazo a los generales para que decidan si permitirán que soldados transgénero se enlisten en las fuerzas armadas. Un periodista interrogó a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, durante una conferencia de prensa el miércoles.

Johathan Karl: “¿Qué sucede ahora con los miembros del servicio? ¿Los expulsarán de inmediato de las fuerzas armadas?”.

Sara Huckabee Sanders: “Eso es algo en lo que el Departamento de Defensa y la Casa Blanca deberán trabajar juntos, a medida que se aplique esta medida, así como [comprobar] que se hace de manera lícita”.

Un estudio de RAND Corporation calcula que los tratamientos de reasignación de género costarían a las fuerzas armadas entre 2,5 y 8,5 millones de dólares al año, una fracción mínima del presupuesto del Pentágono de 600.000 millones de dólares. En comparación, el gasto militar anual en medicinas para la disfunción eréctil es diez veces mayor. Visite democracynow.org para obtener más información sobre la medida de Trump de prohibir la participación de personas transgénero en las fuerzas armadas.

El periódico The New York Times informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo presionado por un inversor multimillonario y ejecutivo del sector químico para intensificar la guerra de Estados Unidos en Afganistán, con el fin de explotar la riqueza mineral de ese país. El periódico informó que Trump habló de los grandes yacimientos de metales y elementos poco comunes de la tierra con el presidente afgano, Ashraf Ghani, y estaría considerando la posibilidad de enviar a un representante a Afganistán para reunirse con funcionarios de minería. Un estudio realizado por Estados Unidos en 2010 concluyó que Afganistán tiene yacimientos minerales valuados en un billón de dólares.

En Francia, grupos defensores de los derechos humanos advierten que la policía está maltratando a migrantes en la ciudad de Calais, en el norte del país, cuando regresan al lugar donde se encontraba el campamento conocido como “la jungla”, con la esperanza de cruzar a Reino Unido. Bénédicte Jeannerod, directora de la filial francesa de Human Rights Watch, afirma que la policía ha confiscado sistemáticamente sacos de dormir y vestimenta de los migrantes, y que les lanzó gas pimienta y les confiscó alimentos y agua.

Bénédicte Jeannerod: “Las fuerzas policiales utilizan gas pimienta contra los migrantes mientras duermen, o interrumpen la distribución de alimentos de los migrantes, por ejemplo. Se trata de un uso injustificado de la fuerza que es desproporcionado y que constituye una violación de los derechos humanos y de las protecciones a las que estas personas tienen derecho”.

En noviembre, la policía francesa desmanteló el campamento de refugiados de Calais y dispersó a miles de solicitantes de asilo. Muchos de ellos eran niños que no estaban acompañados por ningún adulto, que intentaban reunirse con familiares en Reino Unido.

En Estados Unidos, los oficiales de policía de Minneapolis deberán comenzar a filmar con cámaras corporales cuando respondan a llamadas de emergencia o interactúen con una víctima, sospechoso o testigo, de conformidad con una nueva política anunciada el miércoles por el jefe interino de policía de la ciudad.

Mederia Arradondo dijo: “¿De qué sirve tener una cámara si no se la utiliza cuando puede ser más necesaria? A partir de hoy, en el Departamento de Policía de Minneapolis queremos respaldar nuestras expectativas. Las cámaras corporales deben estar encendidas”.

El cambio de política se produjo tras las protestas públicas por la muerte de una mujer de 40 años, Justine Ruszczyk, a quien el oficial Mohamed Noor disparó en el abdomen el 15 de julio, después de que llamara dos veces al 911 para denunciar un posible caso de abuso sexual cerca de su casa. Ni el oficial Noor ni su compañero tenían las cámaras corporales encendidas en el momento de disparar a Ruszczyk.

En Austin, Texas, la policía detuvo a 15 defensores de los derechos de los inmigrantes el miércoles, mientras bloqueaban una intersección cerca del edificio del Capitolio estatal en una protesta pacífica. Los activistas estaban exigiendo a los legisladores que deroguen la Ley SB 4, una severa ley contra los inmigrantes en Texas. También exigían que el gobierno del presidente Donald Trump no ponga fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga a algunos inmigrantes permiso para vivir, trabajar y estudiar en Estados Unidos. Cuatro beneficiarios de DACA se contaban entre las personas arrestadas, que coreaban: “Sin documentos, sin miedo”. Juan Ortiz, un activista de El Paso, fue uno de los arrestados.

Juan Ortiz sostuvo: “Se está acabando el tiempo de este gobierno. Necesitamos hacer todo lo posible ahora, arriesgar todo lo que podamos para lograr que las personas puedan abandonar las sombras y salir a la luz”.

Las protestas tuvieron lugar mientras bomberos de El Paso, Texas, informaron del hallazgo de los cuerpos de cuatro migrantes, entre ellos dos niños, que murieron cuando intentaban cruzar el Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México. Apenas diez días antes, otros diez inmigrantes indocumentados habían muerto de calor y asfixia mientras viajaban en la parte trasera de un camión de remolque junto a decenas de personas para intentar ingresar a Estados Unidos desde México. Los inmigrantes fueron hallados en un estacionamiento de un supermercado Wal Mart en San Antonio, Texas.

Y en la ciudad de Nueva York, Pedro Hernández, un adolescente del Bronx que estuvo detenido en la tristemente célebre cárcel de la isla de Rikers mientras aguardaba ser enjuiciado por un delito de 2015 que sostiene que no cometió, será liberado después de que el grupo de derechos humanos Robert F. Kennedy accediera a pagar su fianza, que asciende a 100.000 dólares. Hernández está impugnando acusaciones de que disparó e hirió a otro adolescente en 2015, a pesar de que la víctima y otros ocho adolescentes que fueron testigos afirman que Hernández es inocente. Hernández ha estado preso desde julio de 2016. Su difícil situación ha dado lugar a comparaciones con el caso de Kalief Browder, otro adolescente del Bronx, que se suicidó en 2015, cuando tenía 22 años de edad, después de haber estado detenido en Rikers durante casi tres años sin ser enjuiciado por un delito que no cometió.