Inhabilitación de Capriles agrava crisis política en Venezuela

HAVANA TIMES – La oposición venezolana prepara para este sábado una nueva movilización para denunciar el supuesto “autogolpe” perpetrado por el presidente Nicolás Maduro, en medio de la polémica creada por la inhabilitación política del ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

El propio Capriles Radonski se encargó de informar sobre su inhabilitación, que los opositores consideran una manera del oficialismo de eliminar posibles adversarios políticos ante futuras contiendas electorales.

“URGENTE: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años”, alertó Capriles, quien agregó posteriormente que “todo forma parte del paquete del autogolpe”.

El ex candidato presidencial en las contiendas de 2012 y 2013 aclaró que sigue “siendo gobernador” del estado de Miranda (centro), ya que la inhabilitación entra en vigor cuando se celebren nuevas elecciones regionales.

Los comicios regionales debieron celebrarse en diciembre, pero los procesos comiciales se encuentran suspendidos luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara al Poder Electoral iniciar un proceso de relegimitación de los partidos que sigue en curso como paso previo a cualquier elección.

La denuncia opositora por un “autogolpe” se produce luego de que la semana pasada el propio TSJ emitiera dos sentencias que reducían la capacidad de aprobar y modificar leyes y convenios petroleros del Parlamento y limitaran la inmunidad parlamentaria.

Para denunciar el autogolpe, la oposición decidió organizar un movimiento de protesta en la última semana que se ha saldado con decenas de detenidos y hasta un fallecido en circunstancias todavía no esclarecidas, mientras el dirigente opositor Roberto Enriquez se refugió en la Embajada de Chile tras ser detenido y acusado por el Gobierno de participar en una trama golpista.

Las sentencias del TSJ fueron condenadas por numerosas organizaciones de derechos humanos y buena parte de la comunidad internacional por considerar que vulneraban el orden democrático. Posteriormente, el TSJ decidió dar marcha atrás a los puntos más controversiales de las sentencias.

La oposición consideró esta rectificación como insuficiente, por lo que usó su poder en el Parlamento para iniciar el procedimiento para remover a los magistrados involucrados, aunque finalmente la Defensoría del Pueblo, cuya colaboración resultaba imprescindible para el proceso, descartó que haya ocurrido una “falta grave” que justificara la destitución de los jueces.

La oposición mantiene cuatro exigencias para levantar las protestas: que se restituyan las competencias que le fueron sustraídas al Poder Legislativo mediante sentencias judiciales, que el Gobierno permita la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, que se liberen a los llamados “presos políticos” opositores y se establezca un cronograma electoral que incluya las elecciones presidenciales.

Por su parte, el oficialismo ha acusado a la oposición de intentar llevar adelante un intento de “golpe de Estado” contra las instituciones como el TSJ, por lo que ha descartado ceder a cualquier de las peticiones opositoras.

“No se equivoquen con nosotros, nosotros no fuimos elegidos para negociar nada, nosotros con ustedes no vamos a negociar nuestros principios, no vamos a negociar la Constitución, no vamos a negociar nuestros ideales”, aseguró tajante el diputado Héctor Rodríguez.

Ante la postura irreducible del chavismo, la oposición insiste en su estrategia de mantener la presión interna en las calles acompañada por la presión externa representada por la posible activación de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos, como instrumentos para obligar al Gobierno a ceder ante sus demandas.

Sin embargo, en caso de perder la apuesta la oposición podría terminar arrinconada políticamente y con varios de sus líderes detenidos, inhabilitados o exiliados ante un Maduro fortalecido por las instituciones del Estado.