Ilusión de la paz revive con nuevo acuerdo entre Gobierno y FARC
Por Rodrigo Ruiz Tovar (dpa)
HAVANA TIMES – El nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC revive la esperanza de que la actual generación de colombianos pueda vivir en un país en paz, aunque el camino que falta por recorrer seguramente seguirá siendo tortuoso, como han sido los cuatro últimos años de negociaciones.
Las partes anunciaron el sábado en La Habana un nuevo acuerdo, que cambia algunos puntos y precisa otros del pacto firmado en aquella histórica ceremonia del 26 de septiembre en Cartagena de Indias con la asistencia de varios jefes de Estado y numerosas delegaciones internacionales.
El presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Rodrigo Londoño, firmaron entonces un acuerdo de 297 hojas, negociado desde noviembre de 2012, en medio de un ambiente de fiesta que pronto se transformó en incertidumbre cuando fue rechazado en el plebiscito del 2 de octubre.
Si bien los partidario del “no” superaron por unos pocos votos a los del “sí” en medio de una alta abstención, las partes estaban comprometidas a aceptar el resultado, por lo que Santos tuvo que convocar a un “gran acuerdo nacional” para salvar el pacto.
Más de 500 propuestas sobre 57 temas específicos fueron presentadas entonces al Gobierno por los promotores del “no”, principalmente por parte del Centro Democrático, el partido de derecha radical que dirige el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe, el principal líder de la oposición.
Al final, muchas de las propuestas fueron aceptadas por las FARC, al punto de que el jefe negociador del grupo guerrillero, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, dijo que se cedió al máximo para declinar sus aspiraciones en varios aspectos.
El único punto rechazado fue la petición de la derecha de que los jefes guerrilleros que se desmovilicen no pudiesen participar en política. Santos dijo que la propuesta no fue aceptada porque el objetivo principal de un proceso de paz es que los rebeldes depongan las armas y defiendan sus ideas en el escenario de la democracia.
El texto completo está disponible en la página web www.mesadeconversaciones.com.co, detallaron las partes al mostrarse confiados en que “la lectura del documento” permitirá una comprensión “integral y genuina de lo acordado”.
Por ejemplo, en el punto de la Jurisdicción Especial para la Paz se estableció que los guerrilleros culpables de delitos que no colaboren con la justicia sí tendrán restricción efectiva de la libertad, lo cual era ambiguo en el anterior acuerdo.
Además, se acordó que las salas de esa jurisdicción estarán presididas solamente por jueces colombianos y que su vigencia durará 10 años.
Las FARC también quedaron obligadas a disponer de sus bienes y activos para reparar a las víctimas y se garantiza “el máximo beneficio y total seguridad jurídica” a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos en el marco del conflicto.
El grupo guerrillero aceptó que el partido político que surja de su desmovilización tendrá representación en el Congreso si sus miembros son elegidos en las votaciones parlamentarias, ya que se descartó un acuerdo inicial que les daba 16 escaños de forma automática antes de su primera participación electoral.
El nuevo acuerdo será presentado ahora por el Gobierno a los promotores del voto por el “no” en el plebiscito. Aunque se hicieron cambios en 56 de los 57 temas planteados por ese sector, tanto Santos como el jefe de su equipo negociador, Humberto de la Calle, anticiparon que probablemente no todos quedarán contentos.
Hechas las modificaciones y publicado el nuevo acuerdo, lo que vendrá será el anuncio oficial sobre el mecanismo para refrendar el pacto.
Santos se empeñó en que el acuerdo de paz fuese sometido a un plebiscito, aunque no estaba obligado a ello. De hecho, ninguno de los pactos firmados en las tres últimas décadas para el desarme y desmovilización de grupos guerrilleros requirieron una refrendación y fueron implementados directamente por los gobiernos y el Congreso.
Santos dijo hace poco que el nuevo acuerdo sería implementado con leyes del Congreso, aunque después planteó que también se puede recurrir a otro plebiscito o a la búsqueda de un consenso mediante cabildos abiertos en varios de los más de 1.100 municipios que forman el país.
Pero el camino del Congreso parece ser el más viable porque el Gobierno no parece muy dispuesto a arriesgarse en un segundo plebiscito.