Sector privado de Nicaragua evaluará acciones ante prohibición de marchar

La marcha multitudinaria del 23 de abril, 2018 convocado por el sector privado.  Foto: Carlos Herrera / Confidencial

 

Magnitud de crisis sociopolítica y económica ya debería sentar al Gobierno a dialogar

 “Vamos a refutar todos y cada uno de los a

rgumentos falsos que se nos imputan de posibles y potenciales crímenes», afirma Juan Sebastián Chamorro

 

By Confidencial 

HAVANA TIMES – El sector privado nicaragüense, que había convocado para este 24 de enero a una movilización cívica para exigir la democratización y justicia del país, se reunirá de emergencia para evaluar las acciones a tomar ante la prohibición de marchar hecha por la Policía Nacional y las acusaciones que esta les imputa, aseguró el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.

En entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en la nueva edición semanal del programa Esta Noche, el director ejecutivo de Funides aseguró que no podía detallar las acciones a evaluar, pero sí adelantó que lo primero que harán es “refutar todos y cada uno de los argumentos falsos que se nos imputan (la Policía), de posibles y potenciales crímenes” a Funides, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham), como autores de la convocatoria.

La prohibición policial y sus argumentos

A través del jefe de la Dirección de Seguridad Pública, Olivio Hernández, la Policía decidió sobre el permiso de marchar solicitado por el sector privado “no autorizar ninguna actividad que –según la Policía– exponga a personas, familias o bienes, al peligro; que alteren el orden y los derechos sociales, y el derecho a la paz de las familias nicaragüenses, derechos del pueblo que la Policía Nacional defiende y protege en el país”.

Desde septiembre pasado, a través de una nota policial, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decretó la ilegalización de las manifestaciones ciudadanas, estableciendo un estado de excepción de facto, que incluye la instalación de retenes policiales en puntos estratégicos de la capital y diferentes ciudades del país, patrullaje, redadas y despliegues ante cualquier evento o declaración que pueda movilizar a la población, que el pasado 18 de abril se lanzó a las calles en contra del Gobierno.

La dictadura respondió a las movilizaciones con una brutal represión que a la fecha suma 325 muertos, más de 3000 heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos y unos 60 000 nicaragüenses en el exilio para huir de la persecución política, incluyendo unos 60 periodistas.

Según la Policía, los empresarios “actuaron delictivamente”contra la Constitución Política, intentado –alude a tono con el discurso oficial– un supuesto golpe de Estado

Asimismo, los acusó de haber promovido, incitado y ser responsables de los tranques o bloqueos de vías donde, dicen, se torturó, violó y asesinó a nicaragüenses, que asegura constituyen “delitos que continúan siendo investigados”, aunque entre la cifra de presos políticos no hay ningún paramilitar o Policía de los muchos señalados por asesinatos y secuestros durante la llamada “Operación Limpieza” que dirigió la dictadura.

Para Juan Sebastián Chamorro, la comunicación de la Policía “es bien extraña”, porque cita palabras como “diabólico, tranque, golpistas”, que considera no corresponden a la labor de la institución. “Es lamentable que la Policía Nacional se exprese de esta manera, generando opiniones que no le corresponden”, reclamó.

El también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (que aglutina a líderes sociales, estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, movimiento campesino y sector privado para el Diálogo Nacional con el Gobierno, suspendido desde julio), asegura que la interpretación del sector privado ante la prohibición policial es que “sienten que hay un sector privado cohesionado, desde el primer día de las protestas”, que ha apoyado las manifestaciones cívicas, participado en marchas y paros nacionales.

“Todas estas acciones que el sector privado, de manera coherente, y –de nuevo—junto al pueblo nicaragüense durante estos nueve meses, causa el malestar que ya estamos viendo de parte de las autoridades, y por eso aprovecha, además, para negar el permiso sobre la marcha pacífica que estábamos convocando para el jueves a la una de la tarde”, afirma Juan Sebastián Chamorro.

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