Salvavidas para la generación perdida
Por Daniela Estrada
HAVANA TIMES, 17 dic. (IPS) — Ampliar los programas para reducir el alto desempleo existente entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños debe ser una prioridad para los gobiernos, coinciden expertos, sindicalistas y funcionarios reunidos en la capital chilena.
«América Latina y el Caribe están en un momento clave. Es necesario que se actúe con cierta rapidez», articulando sus políticas de desarrollo de la juventud, dijo a IPS el español Guillermo Dema, especialista en Trabajo Infantil y Empleo Juvenil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se calcula que la cantidad de jóvenes latinoamericanos entre 15 y 24 años ya suman este año 104,2 millones. «Nunca ha habido tanta población joven en la región ni nunca habrá otro porcentaje igual. El bono demográfico está llegando a su fin», alertó este experto que participa en la 17 Reunión Regional Americana de la OIT que finaliza este viernes en Santiago.
Pero la realidad es que la tasa de desempleo de hombres y mujeres jóvenes en la región es en promedio 2,5 veces mayor a la de los adultos. En total, unos 6,7 millones de jóvenes buscan trabajo y no lo encuentran.
Por otra parte, la mayoría de quienes sí trabajan lo hacen en condiciones precarias, es decir, de manera informal o con contratos temporales, sin acceso a la seguridad social y con bajos salarios.
Los ingresos mensuales de los jóvenes son en promedio 424 dólares frente a 788 de los adultos, indica el Informe Trabajo Decente y Juventud en América Latina, publicado en octubre por la OIT, un organismo tripartito integrado por gobiernos, empleadores y trabajadores.
Otro dato preocupante es que 18 millones de jóvenes, cerca de 20 por ciento del total de la región, no estudian ni están en el mercado laboral. La mayoría son mujeres que se dedican a las labores domésticas, lo cual está relacionado con los altos índices de maternidad adolescente, especialmente en los sectores pobres.
La gran paradoja que es que nunca antes los jóvenes latinoamericanos habían tenido tantos años de estudio ni mejores calificaciones profesionales.
«Antes de la crisis económica global (nacida en 2008) ya había un problema de acceso de los jóvenes a un empleo de calidad, con la crisis la cosa es espeluznante», dijo a IPS la salvadoreña Amanda Villatoro, encargada de Género y Juventud en la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), también presente en Santiago.
«No hay país en la región que no tenga programas destinados a la ‘empleabilidad’ de los jóvenes. Pero lo que se ha visto es que un solo plan no es suficiente», explicó Guillermo Dema.
«Es necesario pasar de los programas con coberturas limitadas a las políticas nacionales destinadas a la juventud», acotó. En ellas deben conjugarse, por ejemplo, planes de formación, de promoción del empleo y de protección social hacia los más vulnerables.
La Agenda Hemisférica 2006-2015 de la OIT plantea la meta de reducir en este lapso el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja remuneradamente. Pero las perspectivas hasta ahora son desalentadoras pues de 2005 a 2008 esa proporción bajó apenas 1,1 por ciento.
Los distintos actores coinciden en que el principal desafío es mejorar la calidad y pertinencia de la educación que reciben los jóvenes, tomando como referencia las necesidades del mercado laboral. También urge retenerlos en las aulas.
«Si el mercado está saturado de abogados, porqué vamos a seguir sacando abogados. Estamos frustrando a los jóvenes y a la generación que va a conducir a la región en las próximas décadas con el mensaje de que la educación no es un instrumento de movilidad social, y para tener una vida decente, cuando es todo lo contrario», apuntó Villatoro.
Por ello la sindicalista reclamó políticas públicas activas en educación.
Entre las políticas que incentivan la contratación de jóvenes se destacan las leyes de primer empleo, las cuales, no obstante, han sido objeto de controversia por la posibilidad de que terminen afectando el trabajo de los adultos. En esta materia «se requiere equilibrio y diálogo social», recomendó Dema.
El parlamento colombiano aprobó el miércoles 15 una ley sobre primer trabajo, que estimula el reclutamiento de jóvenes por parte de las empresas y además «avanza en materia de empleo decente», aseguró a IPS el vicepresidente de ese país, Angelino Garzón.
El desempleo juvenil alcanza en Colombia a 22,3 por ciento de la población económicamente activa, mientras el desempleo general a 10,5 por ciento, detalló.
La OIT también recomienda facilitar el emprendimiento juvenil: en América Latina hay al menos 5,1 millones de jóvenes empresarios. Pero ésta no es la única salida, advierte Dema.
«Nosotros estamos muy preocupados por los programas de primer empleo encaminados por varios países de América Latina, que básicamente se focalizan en emprendimientos», cuestionó Villatoro.
En la misma dirección, Dema destacó como iniciativas positivas el subsidio a la contratación de jóvenes vulnerables de entre 18 y 25 años, aprobado en 2009 por Chile, y el programa «ProJoven» de Perú, que brinda información y capacitación asociada a la ‘empleabilidad’. Brasil, en tanto, tiene una política nacional similar.
«Hay empresas y empresas, y hay situaciones y situaciones», aclaró a IPS Dagoberto Lima Godoy, representante del sector empresarial de Brasil ante la OIT. De esta forma respondió a los cuestionamientos de malas prácticas laborales que recaen especialmente sobre las pequeñas y medianas compañías.
Lima justificó los contratos temporales, que afectan en gran medida a los jóvenes, solo en situaciones de inestabilidad económica.
«Las empresas que toman como patrón el empleo temporal jamás tendrán personas realmente capacitadas ni jamás serán competitivas», dijo.
De la 17 Reunión de Santiago saldrán líneas estratégicas para promover el empleo juvenil por parte de gobiernos, empleadores y trabajadores, coincidieron los diferentes actores.
«Al igual que la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad, el empleo juvenil define su futuro», señaló esta semana el director general de la OIT, el chileno Juan Somavía.