Procuraduría de Colombia reafirma destitución de alcalde de Bogotá

HAVANA TIMES (dpa) – La Procuraduría General de Colombia reafirmó hoy la decisión de destituir e inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien por su parte hizo un llamado a la movilización indefinida como rechazo al fallo.

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, que el pasado 9 de diciembre había anunciado la sentencia preliminar, reiteró este lunes que Petro incurrió en faltas “gravísimas” en el cambio del esquema de aseo de la capital en diciembre de 2012.

“La sala disciplinaria de la Procuraduría General, en día de hoy, confirmó el fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013, mediante el cual encontró disciplinariamente responsable al señor Gustavo Petro por la realización de tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en Bogotá”, detalló el texto firmado por Ordóñez.

Petro, ex miembro del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19), canceló los contratos que el Distrito Capital tenía con empresas privadas encargadas de esa tarea, con el objetivo de ahorrar costos, y le dejó la responsabilidad a la empresa pública de acueducto, lo que produjo una gran acumulación de basura en la ciudad que se extendió durante tres días.

En el documento, la Procuraduría rechazó además los recursos de recusación y reposición que la defensa de Petro presentó a finales del mes pasado para apelar la decisión de Ordóñez, quien explicó que no hay “ningún impedimento” para que él asuma la investigación y el proceso en contra del burgomaestre.

“Tenemos las competencias que otorga la Constitución y la Ley. Nos corresponde cumplirlas a cabalidad con carácter de independencia y objetividad”, sostuvo Ordóñez durante la posesión de nuevos funcionarios en la Procuraduría, ente que controla disciplinariamente a los funcionarios públicos.

El procurador también se refirió a la solicitud de información que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al Estado colombiano sobre la destitución del alcalde, quien en octubre pasado pidió ante el organismo medidas cautelares por el proceso que buscaba sacarlo de su cargo.

Según Ordóñez, lo que decida la CIDH sobre el caso de Petro “no es vinculante”, es decir que sus argumentos no son de obligatorio cumplimiento para el Estado por lo que queda a discreción del Ministerio y el Ejecutivo aplicarlos o no.

Al conocer el anuncio de este lunes, Petro, de 53 años, hizo otra vez un llamado a la movilización ciudadana para rechazar lo que denominó “una alerta democrática”, y en declaraciones a medios locales dijo que su administración “mantendrá la calma porque”, según él, “la última decisión la tiene el presidente Juan Manuel Santos”.

De acuerdo con la legislación, Santos, quien ha dicho que defenderá “la institucionalidad”, debe acatar la decisión y nombrar un alcalde encargado mientras llama a las urnas entre abril y mayo de 2014 para que el ganador complete el periodo de Petro, elegido para gobernar desde el 1 de enero de 2012 hasta la misma fecha de 2016.

Además, las votaciones para revocar o reafirmar al alcalde en el cargo programadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el próximo 2 de marzo, en un proceso que se ha desarrollado paralelo al del Ministerio Público, quedarían anuladas en cuanto ese despacho sea notificado por la Procuraduría.

El abogado defensor del burgomaestre, Rafael Barrios, pidió a la CIDH conceder las medidas cautelares antes de que Santos decrete el fallo, porque de no ser así Petro, deberá abandonar la Alcaldía de Bogotá, despacho que en el ordenamiento político colombiano es el segundo más importante después de la Presidencia de la República.

“Si llegan las medidas de la CIDH después de la firma del presidente, ya no habría nada que hacer. El alcalde en la calle y nosotros sin alcalde. Ahí el caso seguiría en la Corte unos cuatro años para que le devolvieran los derechos políticos a Petro”, explicó Barrios.

“Pero si las medidas llegan antes de la firma del presidente, este tiene que aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir ejecutarlas, porque la Convención no puede ir por un lado y la ley colombiana por otro, ambas están al mismo nivel”, agregó.

A raíz del anuncio, miles de seguidores del alcalde llegaron a la céntrica Plaza de Bolívar para apoyarlo con pancartas que dicen “Petro no se va” y “Mi voto se respeta”, alusivas a los más de 700.000 capitalinos que lo eligieron en octubre de 2011.

Entretanto, agentes de la Policía Antimotines rodearon la sede del Ministerio Público para evitar acciones violentas en contra del edificio ubicado cerca de la Alcaldía.

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