Epidemia en Nicaragua de violencia contra mujeres
Por José Adán Silva
HAVANA TIMES, 31 jul (IPS) — Una delegación de Amnistía Internacional (AI)
concluyó esta semana que los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para
combatir la violencia sexual contra niñas y mujeres, así como para respetar
los derechos de organizaciones políticas y civiles, son “limitados e
insuficientes”.
Tras una visita de una semana, en la que se reunió con autoridades,
candidatos para las elecciones generales de noviembre y representantes de la
sociedad civil, la misión brindó una conferencia de prensa en Managua, en la
que advirtió que los abusos y violencia de género constituían “un gravísimo
problema”.
AI criticó la respuesta del Estado a los casos de violencia sexual contra
niñas, adolescentes y mujeres, y la calificó de “limitada” y
“descorazonadora”.
Del mismo modo, la delegación exigió la restitución de la figura del
aborto terapéutico en la legislación nacional.
En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición
fue posible gracias a la unión a favor de los dos principales partidos
políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional y el derechista Partido Liberal Constitucionalista,
liderado por el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001).
La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las
elecciones que devolvieron a la Presidencia al ex guerrillero Daniel Ortega
en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales
llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la
Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.
“Hemos constando que la violencia sexual a niñas y a mujeres es un gravísimo
problema de derechos humanos en este país”, expresó el director de AI
España, Esteban Beltrán. “No hay ningún síntoma de que esas alarmantes
cifras de violencia sexual se reduzcan”.
Según datos oficiales recopilados por AI, en 2010 hubo 3.778 denuncias de
delitos sexuales, y 39 mujeres y niñas fueron asesinadas en Nicaragua.
Mientras, datos de AI publicados en 2010 indican que, entre 1998 y 2008, las
autoridades nicaragüenses registraron 14.377 casos de violación y abuso
sexual, de los cuales 9.695 fueron cometidos contra menores de 17 años.
“Cuando vemos la falta de justicia para muchas mujeres y niñas víctimas de
violencia sexual en Nicaragua, lo que observamos es una respuesta limitada y
a veces descorazonada del Estado”, señaló Guadalupe Marengo, directora
adjunta del Programa Regional para América de AI y jefa de la misión.
Marengo lamentó la negativa de Ortega, candidato a la reelección
presidencial por el partido de gobierno FSLN, a recibir a la delegación.
La misión se entrevistó con la ministra de Salud, Sonia Castro, quien a
puertas cerradas de los medios de comunicación expuso los avances en materia
de sanitaria y los programas gubernamentales dirigidos a la niñez, la
adolescencia y la mujer.
De igual modo, la delegación se reunió con la jefa de la Policía Nacional,
Aminta Granera, quien expuso el trabajo de la institución en la lucha y
prevención del delito y el trabajo realizado por las 59 comisarías de las
mujeres instaladas en todo el país.
Pero la información oficial no satisfizo a la misión.
Marengo dijo en conferencia de prensa que los funcionarios, en
representación de la Presidencia, no se comprometieron a “extender una
invitación abierta y permanente en materia de derechos humanos”.
“En esta reunión tampoco se nos respondió formalmente al pedido de incluir
en la agenda electoral un plan de acción de cero tolerancia a la violencia
contra las mujeres y las niñas”, informó la jefa de la delegación.
Quienes sí se comprometieron fueron los cuatro candidatos presidenciales,
destacó AI.
Beltrán dijo que querían reunirse con Ortega para entregarle un documento
con 210.000 firmas, recogidas por AI en 115 países, en el que se exige al
mandatario “tomar acciones para combatir la lacra de violencia sexual a
mujeres y niñas” en Nicaragua.
“Pareciera que el escrutinio internacional y nacional de los derechos
humanos incomoda de cierta manera a las autoridades”, señaló.
“Prueba de ello es que hay un único candidato presidencial que no se ha
reunido con Amnistía”, dijo, calificando además de “retroceso” el hecho que
Nicaragua se encuentre entre el dos por ciento de países en los que no se
permite el aborto terapéutico.
La visita de AI coincidió con una jornada callejera de protestas de
organizaciones de derechos humanos y grupos feministas contra la Corte
Suprema de Justicia, luego del fallo que liberó a un acusado de violación en
contra de Fátima Hernández, una joven ex trabajadora del Estado que recurrió
a huelgas de hambre y otras formas de protesta para exigir justicia.
AI calificó de “aberrante” la sentencia. “Es un sistema que se suponía que
le haría justicia a Fátima, pero más bien ha contribuido a dificultar su
tarea”, señaló Patricia Kaatee, directora de AI de Noruega.
“No nos vamos tranquilos. Sigue siendo muy seria la situación” de los
derechos humanos en este país, dijo por su parte Beltrán.
La visita de AI y sus propuestas en torno al aborto y la justicia
nicaragüense generó protestas de un sector de la Iglesia Católica y del
Poder Judicial.
Gerardo Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Corte
Suprema de Justicia, dijo que la organización internacional cometió un
“error de apreciación” sobre las leyes nicaragüenses, al enfocarse en un
único fallo.
“Ellos sesgan este caso y a partir de allí lo universalizan sin
profundizar más en los esfuerzos del Poder Judicial por brindar seguridad
jurídica a nuestras mujeres”, se quejó.
En tanto, miembros de la Iglesia Católica, como monseñor Eddy Montenegro y
el párroco de la Catedral Mayor de Managua, Bismarck Conde, criticaron de
“injerencista” a la delegación y expresaron sus deseos por que la propuesta
de AI no fuesen consideradas en serio por la clase política.
“La Iglesia siempre va a decir no al aborto, sí a la vida, y ese discurso no
lo cambiará por nada del mundo”, subrayó Conde.