El mercado y el derecho a la vivienda

Fernando Ravsberg |

HAVANA TIMES, 9 junio — Muy pronto se autorizará a los cubanos a vender y comprar viviendas, lo cual es una vieja aspiración de la gente, de hecho estuvo entre las cinco demandas más repetidas por los cubanos durante los debates del año 2007.

Los lineamientos aprobados en el Congreso del Partido no explican -ni les corresponde hacerlo- cómo se llevará adelante la transformación y ya surgen algunas voces que temen las consecuencias sociales y económicas que pueda acarrear.

Leí algunas preocupaciones de emigrados cubanos y me parecen lógicas teniendo en cuenta que tanto quienes residen en EE.UU. como en España conocen muy bien lo que significa una política inmobiliaria equivocada.

El socialismo cubano tiene la posibilidad de aprender de la experiencia de esos países que convirtieron la vivienda en un bien para la especulación, disparando los precios y entregando préstamos bancarios impagables.

En España hay millones de apartamentos vacíos, comprados solo porque “el ladrillo es una inversión segura, que siempre sube”. A la par millones de jóvenes llegan a los 30 años residiendo en casa de sus padres por falta de vivienda.

Finalmente la “burbuja inmobiliaria” explotó, muchísimas familias estadounidenses y españolas perdieron sus hogares y todo el dinero que habían pagado de hipoteca porque los bancos, como los casinos, nunca pierden.

La apertura en Cuba debería tener en cuenta esas experiencias para no cometer los mismos errores. Tras 50 años de inmovilidad inmobiliaria se corre el riesgo de que los más listos se dediquen a la especulación y disparen los precios.

El otro peligro es que se termine con la mezcla social que ha existido hasta ahora, formándose barrios de ricos, de clase media y de pobres como sucedía antes en Cuba y sigue ocurriendo en muchos países del mundo.

Sin embargo, no parece haber opción, la situación era insostenible. La crisis es tal que casi la mitad de las viviendas están en regular o mal estado y los últimos planes estatales de construcción terminaron en un fracaso total.

Por décadas el grueso del trabajo estaba en manos de microbrigadas sociales compuestas por personas necesitadas de una casa que dejaban sus empleos durante años y se transformaban en improvisados constructores.

Esta política se llevó a casi todos los sectores, incluso funcionarios y funcionarias de la cancillería tomaban años sabáticos para dedicarse a construir, con lo cual muchos diplomáticos trabajaron alguna vez de ayudantes de albañil.

No tengo datos para valorar el resultado ideológico del plan pero constructivamente los “apartamentos de micro” distan bastante de la excelencia, y es lógico, en el Instituto de Relaciones Internacionales no se enseña a levantar paredes.

Cierto es que cuando empieza una de estas obras en el barrio los vecinos se alegran porque podrán comprar materiales y reparar sus casas. Basta llegar a un acuerdo con los constructores para “resolver” todo lo que haga falta.

El desvío en el sector es tan común que un humorista cubano asegura que “íbamos a construir el socialismo pero se robaron los materiales”. Así el mercado negro se transformó en el principal proveedor a la hora de reparar o ampliar la casa.

A los sectores más humildes les era casi imposible mejorar sus viviendas. Los materiales tenían precios subvencionados y ese era su gran pecado porque permitía acapararlos y revenderlos más caros a aquellos que pudieran pagar.

Para empeorar las cosas, aunque la casa se les cayera encima los cubanos no podían venderla ni permutarla por una más pequeña y dinero. Muchos lo hacían de todas formas pero corriendo el riesgo de que les decomisen las propiedades.

La flexibilización de las normativas produjo un cambio inmediato en el paisaje urbano, la gente está arreglando, ampliando e incluso edificando sus propias viviendas. El sector de la construcción comienza a crecer velozmente.

Surgen fábricas particulares de ladrillos y de bloques, los cuentapropistas hacen reaparecer los áridos desde que les abrieron las puertas de las canteras y las brigadas de albañiles, carpinteros y plomeros no paran de trabajar.

La actual flexibilización permitirá a algunas personas desprenderse de casas que no son capaces de mantener y comprar otra acorde a sus posibilidades, mientras que los que poseen dinero podrán gastárselo legalmente en una vivienda.

Pero si se quiere que la medida sirva para facilitar el acceso de los cubanos a un techo y no todo lo contrario, será necesario establecer un marco legal que regule la actividad, pensando en impedir la especulación y el alza artificial de precios.

La vivienda es un derecho ciudadano por lo que no debería ser considerada como una simple mercancía. Si es un absurdo económico pretender eliminar el mercado inmobiliario, dejarlo libre y sin bridas sería un despropósito social.

Publicado con la autorización de BBC Mundo.