Patente de corso
Francisco Castro
Gracias a la resolución no. 32/2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que contiene el Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, en Cuba, la piratería es legal.
Cualquiera pondría el grito en el cielo, y actuaria en consecuencia inmediatamente, si se diera el caso de que terceras personas lucraran con el fruto de su trabajo, en especial aquel que se consigue tras mucho tiempo de esfuerzo intelectual y físico, y de cuyos ganancias depende su subsistencia.
Así, puse el grito en el cielo, cuando descubrí que la súbita y extensa proliferación de vendedores de discos con contenidos pirateados (musicales y audiovisuales), está respaldada legalmente. Se han visto locuras en este país, pero esto es inaudito.
Yo no sé si será desconocimiento por parte de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social –desconocimiento que resultaría bochornoso-, pero esta actividad –descrita en el Anexo 1 de esta Resolución como “comprador vendedor de discos”-, constituye un delito, reconocido por las leyes de varios países, incluido el nuestro.
No por gusto se coloca ese cartelito en las contracubiertas de los cd: “Reservados todos los derechos. Prohibida la duplicación, ejecución pública y radioteledifusión.” o en los dvd “… la violación de los derechos del titular constituye una violación a la ley, e implica responsabilidades para el infractor, que pueden dar lugar a sanciones civiles o criminales.”
Quizás sea culpa de que generalmente estos cartelitos tienen un puntaje muy pequeño, lo que dificulta su lectura, incluso para los que son curiosos y se detienen en estos, pero todo el que ha tenido en sus manos la caja de un disco de música o audiovisual original, ha visto la palabra ADVERTENCIA, y esta debe hacer sospechar de algo. Claro, todo el que tenga sentido común.
Un usuario cualquiera se sentiría afectado con la desaparición de estos criminales, pues desaparecería la única posibilidad de obtener las últimas producciones musicales y audiovisuales del mundo, sin hablar del precio, enormemente bajo si se compara con los precios de estos productos, de factura nacional, que se comercializan en nuestras tiendas.
Incluso la programación de la televisión y la radio cubanas se vería afectada, si en nuestro país se aplicaran las leyes que protegen a los dueños de los derechos de exhibición y comercialización de las obras que se difunden en nuestros medios, especialmente las audiovisuales dramatizadas, de factura extranjera.
Hoy, antes de sentarme a escribir, estuve conversando sobre esto con algunos artistas del audiovisual, la música y el teatro. A todos, por separado, pregunté si me darían sus firmas para una carta dirigida a los Ministerios de Cultura y de Trabajo y Seguridad Social, para que reconozcan la piratería como un delito, y se elimine de la Resolución.
Increíblemente el realizador de audiovisuales me respondió que ese era un problema que no le tocaba resolver a él.
Pedí a Dios –yo que no soy religioso- que ese sea el único artista que piense así.