Mujeres a la escucha de sobrevivientes de violencia machista
Por Jessica Castro Burunate (El Toque)
HAVANA TIMES – Desde 2019, hay una red de mujeres cubanas distribuida en diez municipios del país acompañan y documentan las vivencias de sobrevivientes de violencia machista. Los más de 400 testimonios recopilados por el proyecto Ministerio de Mujer a Mujer y De Hombre a Hombre, permiten otro acercamiento al problema en la isla ante los escasos datos.
El informeCasa Escucha: Violencias basadas en Género en Cuba 2019-2020 recoge los resultados del proyecto con el objetivo de ampliar la información y evidencia sobre el comportamiento de la violencia de género en la isla.
Los datos fueron recopilados a través de las Casas Escuchas, espacios seguros para que las mujeres “hablen sobre las diversas situaciones de violencias experimentadas y que descubran sus propias soluciones para salir de los ciclos de violencia”, explica el documento. La pandemia en 2020 provocó que durante un tiempo se usara la modalidad no presencial de las Fonovisitas (contacto a través de llamadas telefónicas o Internet).
El proyecto es de inspiración cristiana, pero no se limita a personas de fe. “Hemos querido contribuir y aportar a la iglesia para que esta sea un ente integrador de lo social, desplegando un nivel de incidencia en problemáticas de impacto en la comunidad, como la violencia de género”, explican en el documento quienes coordinan la experiencia.
¿Qué tendencias muestran los testimonios de las sobrevivientes?
Las cifras recogidas en el informe confirman que el hogar es aún el lugar más inseguro para las mujeres. La violencia en el escenario familiar o doméstico alcanza el 77 % de los casos.
Por otra parte, la mayoría de las mujeres escuchadas (más del 70 %) tiene al menos un hijo o hija. El impacto de la violencia sobre las infancias fue uno de los puntos incluidos en el nuevo Código de las Familias, aunque todavía se necesitan otros mecanismos jurídicos y sociales que atiendan manifestaciones específicas.
Otro problema identificado durante las escuchas fue la revictimización que ejercen los funcionarios que atienden las denuncias. Según apunta el documento, varias de las mujeres reportan que, por lo general, los oficiales desestiman los testimonios y “las mandan a resolver los problemas de violencia doméstica en su casa”.
“La situación genera desconfianza en las instituciones y disminuye la posibilidad de hacer las denuncias”, apunta el informe.
La atención deficiente o demorada a las víctimas se traduce en desprotección, lo que no solo dificulta la salida del ciclo de violencia, sino que incrementa el riesgo de muerte. El informe señala dos casos de feminicidio, cuyas víctimas habían sido parte del proyecto de escucha.
Los testimonios y cifras validan la importancia de una legislación específica que combine los procedimientos civiles y penales, y ―como demanda el activismo feminista― que ofrezca vías de protección y reparación para las mujeres y su descendencia.
También se necesitan refugios para las sobrevivientes. “Espacios que permitan a las personas que lo necesiten abandonar de manera segura los ciclos de violencia en los que están inmersas y preservar su vida”, recomienda el informe.
El maltrato psicológico y emocional (vivenciado por el 95.6 % de las mujeres acompañadas) es la forma de violencia más presente, seguida de la violencia física (49.3%). Servicios accesibles y especializados de acompañamiento psicológico a víctimas de violencia es otra de las deudas del Estado cubano.
También es significativo que sea la violencia económica (24.3%) la que presenta el tercer registro más elevado, incluso antes de la sexual (19.6%). La violencia económica incluye todo acto dirigido a la limitación, retención o pérdida de los recursos económicos, bienes y derechos patrimoniales de las mujeres. Además de dificultar la salida del ciclo de violencia, incrementa la brecha económica, acrecentada por las sucesivas crisis del país.
El informe identifica, además, la falta de acceso a una vivienda digna, la inseguridad alimentaria, la falta de salarios dignos y la disminución de la protección social entre las condiciones que agravan el problema de la violencia de género en Cuba.
¿Por qué se necesitan estadísticas independientes?
La falta de estadísticas actualizadas sobre violencia y brechas de género se ha señalado en más de una ocasión como una limitante para el diseño de políticas públicas certeras y para el seguimiento de las estrategias de atención. Las últimas cifras oficiales dadas a conocer en el país pertenecen a la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, realizada en noviembre de 2016 y publicadas en 2019.
Según las autoridades, en el primer semestre de 2023 debe estar disponible la web del observatorio científico de Cuba sobre igualdad de género, anunciado desde finales de 2021. La información se basará, fundamentalmente, en datos oficiales generados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, organismos, centros académicos, de investigación y otras instituciones.
Incluso si se cumple la promesa, es razonable pensar que ciertos indicadores como los de violencia estatal, política e institucional no serán incluidos en los reportes oficiales. La violencia institucional y política registrada por Mujer a Mujer… es de 8.9 %, con los índices más significativos reportados en 2021, lo que coincide con el aumento de la represión tras las protestas del 11 de julio.
Ante las ausencias de los registros estatales, resaltan los esfuerzos independientes de iniciativas como el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas, y el Observatorio de Feminicidios de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Sin embargo, el alcance de los proyectos sigue limitado por la criminalización del activismo y la acción cívica autónoma en el archipiélago cubano.
Similar experiencia de represión han sufrido quienes impulsan de Mujer a Mujer…: “en Cuba aún no se nos permite inscribirnos como organización independiente. Peor aún, somos perseguidas por nuestra labor. Situación que ha llevado a muchas mujeres del ministerio a abandonar la actividad por miedo a mayores represalias y a sufrir violencias que van desde la institucional hasta la médica”, apuntan en el informe.