“Meterme a Google no lo manejo”

la covid-19 amplía brecha digital en Nicaragua

Quienes no tienen acceso a internet o tecnología se quedan sin estudios o sin trabajo, y pierden oportunidades de negocios

Por Vladimir Vásquez  (Confidencial)

HAVANA TIMES – Edmundo López es un productor de Madriz que, a sus 63 años, no sabe leer ni escribir. Cuando la pandemia de covid-19 estalló en marzo en Nicaragua, su mundo cambió de la noche a la mañana, pues ya no podría reunirse en persona con sus donantes, socios o clientes, y no sabe usar ninguna aplicación de videollamadas, una computadora o el internet mismo.

López es presidente de la Cooperativa Multifuncional José Alfredo Zeledón, en San Juan de Río Coco, integrada por 357 productores de café de 24 comunidades del departamento de Madriz. A excepción de los pocos miembros del personal administrativo, los productores en el campo no tienen un teléfono inteligente, aunque sí hay señal de internet en su zona.

Cada vez que hay una reunión con los donantes de la cooperativa, los directivos, —campesinos todos— deben viajar desde sus comunidades, a más de una hora de distancia en vehículo, llegar a una sala de reuniones y sostener una conversación virtual, atentos a una computadora conectada a internet desde un teléfono.

“El costo fijo (de internet) nos sale alto con este problema del (precio del) café (que está) bajo y los precios de la canasta básica alta”, comenta López.

En la cooperativa, los socios reúnen dinero para pagar una mensualidad de 800 córdobas por un plan de internet para el teléfono de Francis González, la administradora de la cooperativa, que coordina toda la comunicación.

“Los directivos no tienen el acceso a un teléfono inteligente, entonces lo hacemos en la computadora, los convocamos de la comunidad y vienen al casco urbano para presenciar la reunión. Para ellos, como campesinos, ha sido un poco difícil adaptarse a este medio”, relata González.

El Índice de Desarrollo de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019, ubica a Nicaragua entre los cuatro países con los índices más bajos del estudio, solo por encima de Guyana, Surinam y Haití. La razón: los bajos indicadores sobre el acceso a internet, infraestructura y asequibilidad de la banda ancha. Además, faltan políticas públicas y regulación estratégica para cambiar esta realidad, según el estudio.

Los retos de la educación

Xiomara Díaz es fundadora de Up Nicaragua, una iniciativa que se dedica a enseñar programación a niñas de las zonas rurales de Granada, y desde el inicio de la pandemia decidieron pasar todos sus entrenamientos a distancia.

El primer problema que encontraron fue que las niñas no tenían acceso a internet. Xiomara y su equipo optaron por recargas de datos móviles para que lograran continuar las clases. Sin embargo, la calidad de la conexión es baja.

“Es la realidad, no hay una conexión estable que permita que las estudiantes no se desanimen en el camino”, lamenta Díaz.

Para las personas en las zonas rurales, y aún en el casco urbano de Managua es difícil pagar una conexión fija de internet debido a su costo.

Según un estudio de Cable.co.uk, sobre los precios de la banda ancha en el mundo, en 2020 los nicaragüenses pagan un promedio de 56.50 dólares por un plan de internet fijo en sus hogares.

El estudio también calcula cuánto cuesta el plan de internet más barato (27.99 dólares) y el más caro (114 dólares), que se vuelven un lujo en un país donde el salario mínimo más alto no supera los 285 dólares mensuales.

En Centroamérica, según el mismo estudio, los costos promedios son de 43.22 dólares en Costa Rica, 41.96 dólares en El Salvador y 38.13 dólares en Guatemala. Nicaragua solo es superada por Honduras, donde cuesta 60 dólares.

“Desafortunadamente este tipo de situaciones incrementa la brecha, en educación, digital y social, porque más personas se ven sin las oportunidades… conozco a muchas jóvenes que ya no van a regresar al colegio o que se ven enfrentando más barreras para poder reinsertarse a las escuelas”, alerta Díaz.

Con cobertura, pero sin conocimiento

Otra situación en Nicaragua ocurre con quienes sí tienen acceso a tecnologías, pero no saben usarlas y tampoco tienen a alguien que les enseñe.

María del Carmen Molina, de 58 años, vive en un barrio céntrico de Managua junto con su ahijada “Marcelita”, a quien trajo a la capital desde una comunidad rural de Rivas con el objetivo de que estudiara.

Molina y “Marcelita” no sabían nada de internet o computadoras, cuando llegaron las clases en línea. Ambas tuvieron que buscar cómo aprender, para que la niña cumpliera con las tareas del colegio. Con unos vecinos lograron resolver sus complicaciones, que iban desde hacer una búsqueda en Google o reducir el peso de un video para enviar a la clase.

“Meterme a un Google, no lo manejo”, dice Molina, quien no ha trabajado con computadoras desde el 2007, cuando abandonó su puesto en una oficina para dedicarse a cuidar la salud de su madre.

El esfuerzo de Molina por ayudar a que “Marcelita” aprenda también le ha servido a ella, pero las dificultades son evidentes: en su casa no tienen internet, no alcanza para pagar una factura y dependen de una conexión vecina.

La falta de políticas públicas

Molina afirma que no conoce de políticas públicas que apoyen la educación para personas como ella, que no tienen conocimientos sobre internet y nuevas tecnologías, ni tampoco si hay planes de apoyo para quienes no pueden pagar ni el plan de internet más económico.

Lucía Morales de Franco, fundadora de la plataforma tecnológica Nicawomantech, asegura que Nicaragua es difícil saber si hay políticas públicas para personas de escasos recursos y principalmente a las más vulnerables en medio de esta pandemia, porque no hay información pública disponible.

En El Salvador, por ejemplo, el pago de los servicios públicos se suspendió por tres meses desde el inicio de la pandemia, en marzo. En Nicaragua, no hay ninguna acción gubernamental que ayude a quienes han perdido sus empleos, a lidiar con el impacto de la covid-19.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), solicitó al Gobierno establecer un período de gracia de tres meses para el pago de servicios básicos para la población más vulnerable, y las micro, pequeñas y medianas empresas. El llamado no ha tenido respuesta.

Morales de Franco, quien trabaja de cerca temas de tecnología con empresas pequeñas y escuelas, estima que “no estábamos preparados para poder asumir las clases en línea”. Ella misma a veces debe trabajar desde el celular para que su hija utilice su computadora y pueda cumplir con las tareas.

Ante la brecha y sin condiciones, solo queda adaptarse. En Madriz, Edmundo López está terminando un recorrido por varias comunidades mientras se prepara para ir la ciudad para la reunión virtual de la semana con los donantes.

A pesar de sus limitaciones, ser parte de una cooperativa le ha permitido contar con alguien que le enseñe el manejo básico de las tecnologías, y confía en que estas herramientas le permitan llegar a los clientes que necesitan.

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