Arquitectos cubanos piden legalizar el ejercicio privado

Darle un impulso a la rehabilitación y desarrollo de ciudades como La Habana está entre las potenciales ventajas de aprobar el ejercicio privado de la arquitectura. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

Esta antigua demanda del gremio vuelve a destacarse en redes sociales, tras la inclusión de la arquitectura en la lista de actividades prohibidas para ejercer por cuenta propia

Por IPS-Cuba

HAVANA TIMES – Razones económicas, sociales y prácticas sostienen los arquitectos que solicitan legalizar en Cuba el ejercicio privado de la profesión. Esta antigua demanda en las últimas semanas se posicionó en el escenario público de las redes sociales hasta llegar a la mesa de las autoridades.

El hecho que reavivó el debate fue la publicación el 10 de febrero de la lista de 124 actividades que no pueden ser ejercidas por cuenta propia, como parte de los cambios anunciados para el sector no estatal de la economía. Así fue prohibido el ejercicio privado de la arquitectura y la ingeniería.

Según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en su apartado 7110, no se podrán realizar de forma privada: “las actividades de consultoría de arquitectura, que incluye diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista”.

Tampoco se acepta el diseño de ingeniería, que incluye proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica, proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, mecánica, industrial y de sistemas, ni la gestión de proyectos relacionados con la construcción.

Sin embargo, sí se autorizan otros oficios vinculados a la construcción, como albañilería, plomería y electricidad. También se incluye el ejercicio del diseño.

Varios grupos profesionales consideran frustrada la expectativa de que las nuevas disposiciones regularan la situación de varias prácticas independientes sobre las que hasta hace poco existía un vacío legal: no estaban prohibidas, pero tampoco reconocidas.

En la última década, desde esa insuficiencia legislativa y con el impulso de las demandas constructivas del sector privado y de la ciudadanía, creció el número de profesionales autónomos, así como los estudios independientes, aunque siempre con limitaciones en los servicios que pueden brindar.

El Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura (GECA) agrupa a varias de estas asociaciones profesionales y durante el último año realizó diferentes exposiciones y encuentros profesionales.

Parte de su directiva pudo presentar el 26 de febrero algunas de las preocupaciones del gremio ante el ministro de la construcción, René Mesa, como afiliados de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba.

Aunque no ofrecieron los detalles de lo discutido con las autoridades gubernamentales, en días anteriores otros dos comunicados en el perfil en Facebook de GECA exponían algunas de las razones que respaldan su solicitud de que sea enmendada la lista.

¿Por qué se necesita aprobar el ejercicio privado de la arquitectura?

En su primer comunicado, La arquitectura independiente no debe ser ignorada en Cuba, GECA cuestionaba: “¿Cómo se aspira a ciudades bellas y ordenadas, en su potencial futuro, si no se cuenta con el arquitecto independiente? ¿Cómo se aspira a construir 300.000 viviendas por medios propios sin la ayuda del arquitecto independiente?”.

En una segunda comunicación, el grupo de profesionales detalló algunos de los beneficios sociales y económicos que podían derivarse de la aprobación de la gestión no estatal para la arquitectura y la ingeniería.

Entre las ventajas apuntaron la posibilidad de crear entidades mixtas, encadenamientos entre grupos no estatales junto a empresas para desarrollar proyectos complejos.

Refirieron que, ante la necesidad de satisfacer la creciente demanda de trabajo profesional, “una certera vía la constituiría la descentralización de la arquitectura, atendiendo no solo a los grandes proyectos, sino también a la arquitectura de pequeña escala que compone la ciudad”.

Según la política general de la vivienda en el país, hasta junio de 2017 el 39 por ciento de los 3,8 millones de domicilios existentes se encontraba en regular y mal estado técnico. Mientras el déficit en el fondo habitacional ascendía a 929.695 edificaciones.

“Estamos de acuerdo en que el contrato social de un profesional es ser útil a la sociedad, no la forma en que se contrate su trabajo. Liberar la actividad independiente para arquitectos e ingenieros permitirá sumar ideas y propuestas que impacten positivamente en las esferas sociales donde el Estado no alcanza”, asegura el texto.

Según informaron las autoridades a la directiva de GECA en el encuentro a finales de febrero, existe una comisión gubernamental en la que se debaten los reclamos de este y otros gremios. También aseguraron que tendrían una respuesta en el menor tiempo posible.

Otros argumentos en redes sociales que se suman a la petición

El arquitecto y restaurador Universo García estima que “para una sociedad que enfrenta grandes retos económicos, que demandan de la mejor contribución de sus ciudadanos, toda actividad productiva debe sumarse a ese empeño, sin exclusiones”

Ese reconocimiento deviene también una “vía de potenciar y conservar el talento profesional formado por nuestras universidades, cuya emigración se acrecienta”, afirma.

Por su parte, el sociólogo Carlos García Pleyán cuestiona el sentido de sostener una limitación como esa. “El daño ya es evidente en nuestras urbes en la improvisación, en la violación de las regulaciones, las chapucerías y la agresión estética al entorno ciudadano. Los ejemplos sobran”, asegura.

Plantea, asimismo, que las empresas estatales de proyectos no aseguran ese servicio a la ciudadanía, mientras que los arquitectos de la comunidad son insuficientes.

Otras opiniones apuntan los claros beneficios al desarrollo socioeconómico de la ciudad de sumar a quienes quieren trabajar de forma independiente. Además, destacan la facilidad de establecer un mecanismo para que estos profesionales cumplan con las normas y regulaciones que aseguren la calidad y seguridad del trabajo.

El listado de las actividades prohibidas pudiera ser modificado a partir del proceso de conciliación de las normas jurídicas, actualmente en proceso de elaboración.

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