¿Quién nos defiende?
HAVANA TIMES – Muchos de los aspectos que se debaten en la sociedad cubana actual tienen que ver con el manejo de la economía por parte de las altas esferas del poder. En ese tema ha existido mucha incomprensión sobre los asuntos que afectan a la población y, como resultado de ello, se ha optado por acusar a todas las voces críticas de ser “agentes pagados para una agenda de cambio”, cuando en realidad, los primeros que no respetan los acuerdos concebidos en sociedad son los propios promotores de tales e imprescindibles cambios.
Si nos remontamos al año 2011, es válido recordar que el país realizó un ejercicio ejemplar de participación ciudadana al someter a debate público una serie de políticas denominadas “Lineamientos”, que deberían significar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a producción y desarrollo.
Con el fin de implementar lo que allí se debatió y propuso, fue creada una comisión. La misma erró en sus acciones, como expresara Raúl Castro en su Informe Central al 8vo Congreso de abril, 2021, al indicar que: “La Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo no logró organizar, de manera adecuada, la participación de los diferentes actores involucrados en la implementación de los Lineamientos”. Sin embargo, mientras no se oficializaron sus desaciertos, las críticas que apuntaron a la Comisión de implementación, encabezada por Marino Murillo, fueron igualmente descalificadas al considerarlas malintencionadas.
La pregunta entonces se hace evidente: ¿Quién defiende a un ciudadano común de una acusación de ese tipo, o qué poder real tiene ese ciudadano de hacer efectivo un cambio que beneficie al país?
Bastaría leer los referidos lineamientos, desde el 240 al 254, para comprender que quienes debieron implementar cambios en beneficio del país no hicieron nada, mientras quienes criticaron tal falta de acción o enfoque fueron acusados de enemigos.
Veamos por ejemplo el lineamiento no. 242: Elevar la eficiencia en la generación eléctrica dedicando atención y recursos al mantenimiento de las plantas en operación. Esto fue promovido hace casi doce años —mucho antes de Trump, sus 243 medidas y la pandemia de Covid-19—, y qué ha sucedido al respecto.
¿En qué quedó la intención de ampliar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables de energía? ¿Dónde estuvo el verdadero obstáculo al progreso del país? ¿Quién paga por las horas sin electricidad que hemos sufrido este año como consecuencia de no cumplir lo ya pactado? ¿Qué posibilidad de hacer efectivo un reclamo tiene una persona alejada de las instituciones de poder? En otras palabras: ¿Quién nos defiende?
Digamos que usted piense que esas son medidas alejadas en el tiempo, y que, además, apareció una pandemia que hizo cambiar las prioridades. De acuerdo con eso, por tanto, mi siguiente paso sería acercarme un poco, hasta el más reciente texto sobre lineamientos y conceptualizaciones, presentado en junio del 2021, posterior al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba —celebrado en abril de ese año— y titulado: “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el Periodo 2021 –2026”.
Este nuevo texto cambió por completo la estrategia del país, teniendo en cuenta que muy pocos lineamientos del documento original quedaron intactos. Después de leerlo, podemos comprobar que las nuevas promesas comienzan a alejarse asimismo de sus postulados.
Por ejemplo, en los aspectos relacionados con el empleo para el período 2021-2026 se concibe: “lograr que el trabajo en el sector no estatal, además de constituir una alternativa de empleo, contribuya de manera efectiva al desarrollo económico y social del país, en especial a nivel local; al encadenamiento productivo con la industria, otros sectores y actividades de la producción nacional y la inversión extranjera”.
A pesar de este postulado, hoy apreciamos cómo se han eliminado beneficios fiscales para las nuevas mipymes y se interrumpe el ritmo de aprobación de las mismas lo que perjudica desde su inicio la consolidación del emergente sector y, por ende, afecta el desarrollo económico y social del país. ¿Y quién protege a esos futuros emprendedores y a nosotros del impacto de la no existencia de nuevas opciones? En fin, se impone nuevamente la pregunta: ¿Quién nos defiende?
Otro asunto tiene que ver con los lineamientos relativos a la política agroindustrial concebidos en el 2021. Son en total diecisiete acápites y, a la fecha, no se ha logrado nada considerable en materia de producción de alimentos, por el contrario, los precios siguen en ascenso y la escasez se mantiene. Leamos lo que enuncia uno de estos diecisiete lineamientos, el 123:
“Incrementar la producción sostenible de viandas, hortalizas, granos, frutas y plantas medicinales, la consolidación de los polos productivos y su encadenamiento con la industria, el turismo, el abastecimiento a las grandes ciudades y la exportación. Las producciones para el consumo interno de la población tendrán un enfoque territorial, integrándose con la minindustria y apoyándose en el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar”.
Si esto ha sido aprobado como política alimentaria y enfoque para los nuevos tiempos, cómo es posible que el mismo ministro de Economía asegure que este año “no pudimos darle recursos a la agricultura”. Es en este punto donde comienza a irrespetarse lo concebido, la población pierde las esperanzas y surgen las bromas que tanto molestan… a los decisores.
En mi opinión, ha existido y aún coexiste un quiebre con lo que se concibe como política de desarrollo; es decir, no se ha sido consecuente con las prioridades estructurales, y eso nos afecta a todos. Ahora bien, lo que más perjudica es que no haya manera alguna de confrontar tales acciones desde espacios de debate que contengan una verdadera respuesta, o al menos una promesa efectiva de enmiendas.
Otra política anunciada en la más reciente redacción de los Lineamientos, explicita que la prosperidad y el bienestar están vinculados a muchos factores, entre los que resaltan: “La consolidación y el enriquecimiento de los valores de nuestra sociedad, la justicia y equidad sociales, la igualdad de oportunidades y de acceso a las mismas, la no discriminación por cualquier distinción lesiva a la dignidad humana”.
Empero, y a pesar de tal declaración, se mantienen las expulsiones de centros laborales, que lesionan la dignidad humana al privarse a las personas de sus oportunidades profesionales o de los conocimientos adquiridos durante su formación para lograr un decoroso sustento. Las acusaciones van, desde “pagados por el imperio” hasta “contrarrevolucionarios”, aun cuando esas personas son las que vienen advirtiendo sobre las rupturas con las estrategias y cuando los verdaderos peligros para la prosperidad de la nación son el no respeto a lo que está recogido en tinta.
No es posible concluir el análisis sin reconocer los daños ocasionados por el bloqueo, pero un órgano de gobierno, en cualquier esquema mundial, existe para buscar soluciones; y si aquel primer paquete de soluciones del 2011 fue borrado de un plumazo, y el más cercano en el tiempo ya va siendo incumplido ¿quién nos va a defender otros diez años de un mandato de prueba y error.
¿Quién nos defiende de los daños ocasionados por el colero, el inspector, el contra-colero y el contra-contra colero?
¿Quién nos defiende del daño sicológico que implica afirmar que el país avanza cuando la inflación es aberrante y no cede?; ¿Quién nos defiende de declaraciones como: “Con lo que recaudemos en las tiendas en MLC abasteceremos la oferta en CUP”? ¿Para cuál año del actual ejecutivo —tranquilamente en el poder—, habríamos de esperar las prometidas ofertas en CUP?
Desde el 2011 se habla de la necesidad de que Cuba deje de ser importadora neta de alimentos y disminuya la alta dependencia de financiamientos; de asegurar los programas de arroz, frijol, maíz, soya y otros granos; pero, en la cotidianidad, el precio de los frijoles no deja de subir. El asunto no es redactar, sino solucionar verdaderamente lo que se puede corregir con medios propios, o, dicho de otra manera, “emanciparnos con nuestros propios esfuerzos”. Si el tema de la alimentación no se ha resuelto en más de diez años, y lejos de eso empeora, cómo vamos a dar cumplimiento al lineamiento que habla de una “alimentación balanceada”, o de la tan anunciada “soberanía alimentaria”.
Por todo expuesto, me sigo preguntando qué defensa tiene una persona que critica lo que verdaderamente importa, aunque en ello le vayan acusaciones de agente de cambio. ¿Qué posibilidades reales de trasformar la realidad puede tener un grupo de personas con conocimientos en materias económicas y que no logran ser escuchadas, mientras persisten los errores de los tenidos por confiables, que alargan colas y disparan precios? ¿En qué espacio se puede criticar la filosofía de tiendas en MLC sin ser acusado de contrarrevolucionarios mientras Katapulk repleta sus arcas extranjeras mediante la venta de cualquier producto alimenticio?
¿No era la idea eliminar gradualmente la doble moneda y avanzar en la soberanía alimentaria? ¿Dónde está el verdadero freno al desarrollo del país? Vuelve entonces mi interrogante principal ante tanto vaivén conceptual: ¡¿Quién nos defiende?!