Ante la primera víctima del coronavirus en Nicaragua
El país demanda transparencia, el fin de la censura y el secretismo, y medidas urgentes de prevención para evitar la propagación
Por Carlos F. Chamorro (Confidencial)
HAVANA TIMES – Este jueves, el Gobierno confirmó la muerte del primer ciudadano nicaragüense fallecido por la pandemia del coronavirus en el territorio nacional.
Antes había fallecido en Zaragoza, España, Nereyda Palacios, pastora de una Iglesia evangélica, llenando de luto a su familia en Jinotepe.
En medio del dolor de otra familia, el país vive ahora un momento de gran temor e incertidumbre. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas pruebas de coronavirus se han hecho en Nicaragua, ni cuántos casos de enfermos positivos existen, ni cuál es su verdadero estado de salud, ni tampoco cuál es el nivel propagación en que se encuentra la pandemia en el país, porque el Gobierno maneja la información pública con secretismo.
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, instauró un régimen político de transparencia cero, guiado por el afán de la ahora vicepresidenta Rosario Murillo de imponer su “información incontaminada”, es decir, su verdad oficial sin pasar por el filtro de la prensa y el contrapeso de las preguntas incómodas de los periodistas independientes.
Así hemos llegado, después del ocultamiento de centenares de muertos en las masacres y los robos millonarios de la corrupción, a la admisión de la pandemia del coronavirus en Nicaragua.
Sin embargo, el régimen aún nos sigue hablando de “casos sospechosos” o “importados”, como si los nicaragüenses tuviésemos alguna inmunidad excepcional ante un fenómeno mundial, y descartan adoptar las medidas de prevención del contagio implementadas en otros países por “extremistas y alarmistas”, mientras la epidemia sigue avanzando, como en todas partes del mundo, a un ritmo de crecimiento exponencial.
La muerte dolorosa del segundo nicaragüense en esta epidemia debería obligar al régimen a levantar el velo del secretismo y la censura, para que la ciudadanía pueda enfrentar esta pandemia bajo un sistema de transparencia e información pública confiable. Es lo menos que puede hacer un Gobierno que ha estado de espaldas a la epidemia, para que a partir de ahora el pueblo pueda protegerse y tomar decisiones informadas.
Han transcurrido ya más de dos semanas, desde que El Salvador, Costa Rica, Honduras, y otros países centroamericanos establecieron medidas de prevención, como las cuarentenas nacionales y el cierre de sus fronteras, para evitar la propagación del coronavirus.
Mientras tanto, en Nicaragua el sábado 14 de marzo la vicepresidenta Murillo convocó a una concentración masiva de los empleados públicos y los simpatizantes de su partido, desafiando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar aglomeraciones masivas.
Una semana después, la vocera oficial continuó alentando la celebración de ferias, asambleas, eventos turísticos, y decenas de miles de visitas casa por casa, propiciando más contactos entre la población.
Eso quiere decir que el Gobierno de Nicaragua desperdició 15 valiosos días en los que pudo alertar e informar a los ciudadanos y adoptar medidas preventivas ante el coronavirus, pero más bien, de forma irresponsable promovió acciones que apuntan a propagar el contagio entre miles de personas, entre ellos sus propios partidarios y los trabajadores del sistema de salud pública.
Resulta inútil intentar encontrar una explicación racional sobre las razones de la negligencia oficial en el manejo del coronavirus. Nada, ni siquiera el estado de salud mental que se atribuye a la pareja presidencial, puede justificar la propagación de una pandemia, en un acto que puede derivar en otro imperdonable crimen de lesa humanidad.
Lo que sí podemos comprobar es el fracaso del gobernante ausente y su vicepresidenta omnipresente, una fórmula de poder familiar autoritario, que desde la matanza de abril está inhabilitada para seguir gobernando el país. Entonces, la mayoría Azul y Blanco demandó su renuncia y elecciones libres, pero respondieron con más represión y la imposición de un estado policial, que ha provocado una profunda recesión económica con peores consecuencias sociales.
Casi dos años después, Ortega y Murillo están poniendo en riesgo la salud y la vida de decenas de miles de personas, amparados en su creencia ciega de que pueden controlarlo todo, y mantener en secreto y bajo la impunidad sus abusos de poder, no importa cuántas víctimas fatales dejara el coronavirus porque, presumen, que nunca sabremos la verdad.
La Nicaragua autoconvocada está hoy ante una disyuntiva final. Por un lado, hay que promover la autoprotección de las familias y las comunidades para evitar la propagación de la pandemia, a contrapelo del Gobierno; y al mismo tiempo, es todavía más urgente promover el cambio político democrático para salir de la dictadura. De nada servirá salvar y proteger vidas ahora, si no hay un empeño definitivo para desalojar del poder a la dictadura que facilita la propagación del coronavirus.
Hay que salvar y proteger vidas ahora, pero la enfermedad crónica que sufre el país no se cura sin desalojar del poder a la dictadura que facilita la propagación del coronavirus.