Google apoyará esfuerzos de censura en China y mas noticias internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le solicitó el miércoles a su fiscal general que procediera al cierre inmediato de la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales que se celebraron en 2016. Las declaraciones de Trump desataron un serie de críticas que acusan al presidente de obstruir la justicia. En una ola de tuits que se sucedieron el miércoles por la mañana, Trump escribió: “Esta es una situación terrible y el fiscal general Jeff Sessions debería detener esta amañada cacería de brujas en este momento, antes de que siga manchando a nuestro país”. El congresista Adam Schiff, el demócrata que ocupa el cargo de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Diputados, respondió: “Esto es un intento oculto de obstruir la justicia a simple vista. Estados Unidos nunca debe aceptarlo”. En la Casa Blanca, altos funcionarios del gobierno afirmaron que Trump no había hecho otra cosa que expresar una opinión. Las siguientes son las declaraciones de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

La secretaria de Prensa Sarah Huckabee Sanders dijo: “Miren, el presidente no está obstruyendo, está contraatacando. El presidente está expresando su opinión, la está dejando en claro y ciertamente está expresando la frustración que tiene con el nivel de corrupción que hemos visto de personas como Jim Comey, Peter Strzok y Andrew McCabe”.

De esta manera Sanders hacía referencia al exdirector del FBI James Comey, que fue depuesto por Trump a mediados de 2017, al exsubdirector de esa agencia Andrew McCabe y al exjefe de Contraespionaje Peter Strzok.

El pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se ponga fin a la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller se produjo durante el segundo día del juicio que se le sigue a su exgerente de campaña en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia. Paul Manafort enfrenta 18 cargos que incluyen fraude fiscal, fraude bancario y lavado de dinero. Los fiscales declararon ante un jurado que Manafort ocultó gran parte de los 60 millones de dólares que ganó mediante el cabildeo como agente extranjero no registrado en representación de los funcionarios ucranianos pro Rusia, dinero que, según afirman, escondió en cuentas no reveladas en el extranjero. Los testigos sostuvieron que Manafort gastaba excesivamente el dinero de esas cuentas en automóviles, artículos de lujo, renovaciones de casas, e incluso en la compra de una chaqueta de piel de avestruz que le costó 15.000 dólares. El presidente Trump dio su opinión acerca del juicio en un tuit, en el que sugirió que Manafort está siendo tratado peor en la cárcel que el famoso mafioso Al Capone. 

En el sur del estado de Texas, en Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración informó que una bebé inmigrante que fue separada de su familia como parte de la política fronteriza de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, murió poco después de ser liberada del Centro de Detención Familiar Dilley. La abogada residente en Houston Mana Yegani publicó en Twitter: “La niña murió después de su estadía en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE, por sus siglas en inglés], como resultado de una posible negligencia y de una enfermedad respiratoria que contrajo al contagiarse de uno de los otros niños internados”. El año pasado, abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos demandaron al Servicio de Inmigración, alegando que había violado su propia política al detener a mujeres embarazadas en Dilley y en otros cuatro cárceles para inmigrantes. Esta muerte se produjo en un momento en que alrededor de 700 niños que fueron separados por la fuerza de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos aún no se han reunido con ellos.

Un tribunal federal ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordenaba la retención de los fondos para las ciudades santuario en el estado de California. Sin embargo, el fallo emitido el miércoles por un panel integrado por tres jueces del noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos levantará una orden judicial de alcance nacional para dejar sin efecto las fuertes medidas de Trump en contra de las ciudades santuario. Ahora se espera que un tribunal inferior considere la posibilidad de volver a imponer la orden. Ciudades en todo el estado de California y en muchos otros estados han aprobado las políticas de la ciudad santuario, que prohíben a la policía local cooperar con las agencias federales de inmigración.

El periódico The New York Times informa que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando un plan para reducir drásticamente el número de refugiados a los que se les permite establecerse en Estados Unidos. El plan, que cuenta con el apoyo del asesor principal de políticas de Trump, el abiertamente antiinmigrante Stephen Miller, limitaría a 25.000 el número de refugiados reasentados el próximo año, una cifra que significaría una caída del 40% respecto del límite actual. La cantidad de refugiados permitidos en Estados Unidos por el gobierno de Trump se ha reducido a un nivel mínimo. El país se encamina a permitir el menor número de inmigrantes desde que en 1980 se creó el Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados.

En la capital de Zimbabue, Harare, soldados y policías utilizaron gas lacrimógeno, cañones de agua y municiones reales el miércoles, con el fin de alejar a los manifestantes que habían tomado las calles para denunciar que las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebraron el lunes fueron manipuladas. Al menos tres personas murieron a causa de los disparos y decenas resultaron heridas. Muchas de ellas fueron filmadas mientras eran golpeadas por los soldados. Un portavoz del partido opositor Movimiento para el Cambio Democrático calificó la violencia de un ataque a la democracia.

Nkululeko Sibanda expresó: “Hoy vimos el despliegue de tanques militares y ataques con municiones reales contra civiles, sin que hubiera una razón aparente. Los civiles tienen permitido exigir el respeto de sus derechos de manera legítima. Cualquier desorden que provoquen deberá ser abordado por la policía, que está entrenada para mantener el orden público. Los soldados están entrenados para matar durante una guerra. De verdad nos preguntamos qué significa esto. ¿Estamos en guerra? ¿Los civiles son enemigos del Estado?”

La mortal represión contra las protestas se produjo luego de que los resultados electorales revelaran que el partido gobernante del presidente Emmerson Mnangagwa, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, obtendrá una gran mayoría parlamentaria. Por otra parte, aún no se anunció al ganador tras la carrera presidencial, una situación que provocó que observadores electorales internacionales cuestionaran la credibilidad de los comicios.

En la República Democrática del Congo, una nueva investigación llevada a cabo por el medio Vice News refuerza la evidencia de una limpieza étnica llevada a cabo contra la minoría étnica de los hema en la provincia de Ituri, al este del país. La violencia comenzó en diciembre, cuando cientos de milicianos con machetes arrasaron las áreas al oeste del lago Alberto, en la frontera entre Congo y Uganda. Unas 120 comunidades fueron atacadas, lo que dejó un saldo de cientos de muertos, miles de hogares destruidos y unas 350.000 personas desplazadas. El periodista investigador Nick Turse informa que la violencia se produjo luego de que Estados Unidos interrumpiera abruptamente su apoyo a los esfuerzos por mantener la paz, como parte de la política de “Estados Unidos en primer lugar” que lleva adelante el presidente Donald Trump.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus apuestas en la creciente guerra comercial con China y amenazó con aumentar del 10% al 25% los aranceles que se aplican a varios productos de esa procedencia. Los aranceles serían impuestos a productos chinos cuyas importaciones representarían un valor comercial de 200.000 millones de dólares. Trump implementó una serie de aranceles como represalia, luego de que fracasaran las negociaciones con Pekín en mayo. Esta medida del Gobierno estadounidense provocó lo que las autoridades chinas llamaron “la mayor guerra comercial en la historia de la economía”.

Google se prepara para lanzar en China un servicio que permitirá a los censores bloquear la búsqueda de términos sobre derechos humanos, democracia, religión y protestas pacíficas, según informa el medio digital The Intercept. Dicho medio también informa que el proyecto, denominado “Dragonfly”, fue lanzado en abril del año pasado y que se aceleró su puesta a punto tras la reunión que mantuvo el director ejecutivo de Google con un alto funcionario chino en diciembre. En respuesta, Patrick Poon, de Amnistía Internacional, dijo a The Intercept: “El mayor motor de búsquedas del mundo obedeciendo a la censura de China significa una victoria para el Gobierno chino; transmite el mensaje de que ya nadie se molestará en cuestionar la censura”.

Amnistía Internacional afirma que uno de sus empleados fue blanco de háckers, en un sofisticado esfuerzo llevado a cabo por un Gobierno hostil con la intención de espiar el trabajo de la agrupación. El empleado, que estaba trabajando en una campaña que se propone la liberación de las activistas por los derechos de las mujeres que están presas en Arabia Saudí, recibió un mensaje anónimo en árabe por medio de la aplicación Whatsapp. El mensaje contenía un enlace por el que se instalaría el programa de software malicioso Pegasus, desarrollado por una empresa de inteligencia cibernética israelí, que permite a un tercero espiar exhaustivamente llamadas, fotografías y mensajes encriptados. Amnistía Internacional advierte que probablemente el ataque haya sido parte de un esfuerzo mucho mayor por espiar a los activistas de varios países de Asia, África y Europa.

En Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump abrió el camino para que las compañías de seguros expandan sus ventas de planes económicos de atención médica que eluden varias de las protecciones brindadas por la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Bajo las nuevas normas, las aseguradoras de salud pueden vender planes, diseñados para ser utilizados por un corto tiempo, por hasta 12 meses y con la opción de ser renovados cada año. Dichos planes no están obligados a cubrir condiciones médicas preexistentes y suelen excluir la cobertura de medicamentos recetados, salud mental y cuidados vinculados con la maternidad.

El papa Francisco declaró que la Iglesia Católica se opondrá a la pena de muerte en todas las instancias y se refirió a la pena capital como un “ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona”. La declaración del papa revierte la antigua doctrina de la Iglesia Católica, que solía permitir la pena de muerte en circunstancias excepcionales.

En Filipinas, sindicatos laborales y grupos defensores de la libertad de prensa condenan una violenta represión desatada contra una huelga que llevan a cabo trabajadores de una importante productora de condimentos alimenticios. El 30 de julio, la policía se unió a los guardias de seguridad de la compañía para atacar a quienes realizaban un piquete fuera de la planta de NutriAsia, ubicada al norte de la capital, Manila. Al menos diez personas resultaron heridas y otras 20 fueron arrestadas. Un periodista resultó herido mientras cubría la huelga, y otros cinco, de nacionalidad filipina, fueron arrestados, lo que provocó que el Comité para la Protección de los Periodistas condenara la acción policial. Los cinco fueron luego liberados sin cargos.