Denuncian la confiscación de un colegio religioso
y la expulsión de tres monjas
Abogada asegura que el régimen “confiscó el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac”, en San Sebastián de Yalí, Jinotega
HAVANA TIMES – El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se apropió de un colegio de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, y ordenó la expulsión de las tres monjas que lo administraban, denunció la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Molina, autora del estudio titulado Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, afirmó en un mensaje que el Gobierno “confiscó el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac”, en el municipio de San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega, en el norte de Nicaragua.
Según la investigadora, ese colegio, con 31 años de fundación, pertenece a las religiosas de Hijas de Santa Luisa de Marillac.
Asimismo, aseguró que las autoridades nicaragüenses ordenaron la expulsión de tres religiosas de esa congregación.
Vecinos de San Sebastián de Yalí confirmaron a la prensa nicaragüense que el instituto es ocupado por agentes de la Policía Nacional.
La semana pasada, el Gobierno también intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en el departamento de Rivas, sur de Nicaragua, y expulsó a tres monjas de esa congregación, según el periódico digital Confidencial.
Policía investiga a la Iglesia católica
La Policía acusó el sábado 27 de mayo a la Iglesia católica nicaragüense de “lavar dinero” y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis” de Nicaragua.
La semana pasada, la Policía también informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos, párroco de la diócesis de Matagalpa (norte), que dirige el obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
También investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.