Las élites brasileñas en defensa de la democracia
Por Moustafa Hamze Guilart
HAVANA TIMES – Cuando la democracia está en riesgo, las élites académicas y empresariales deben tener un papel preponderante para evitar la pérdida del Estado democrático de derecho y la democracia, ante la instalación de una dictadura autoritaria o totalitaria. Los hechos acaecidos en Brasil en 2022 -a mi modo de ver- han sido muestra de este fenómeno, en el que posiblemente algunos historiadores profundicen en el futuro.
Como observador de la problemática brasileña, me he percatado de que las élites del país han jugado un rol fundamental para evitar que el gobierno de Jair Bolsonaro transitara hacia una dictadura autoritaria, donde se eliminara gran parte del desarrollo democrático logrado a partir de la Constitución de 1988 mediante la instauración de un régimen cívico militar.
Fundamento lo expresado en el párrafo anterior en los siguientes hechos:
-Restitución de los derechos políticos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
-Pedido de Impeachment al presidente Bolsonaro por la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo (USP).
-Carta de la Facultad de Derecho de la USP [1]. a brasileñas y a brasileños en defensa del Estado democrático de derecho
-Denominación del exgobernador Geraldo Alckmin, durante cuatro años de mandatos del Estado de São Paulo, como candidato a vicepresidente de Lula.
Teniendo en cuenta el periodo de gobernanza de Bolsonaro en Brasil, sus pasos estaban encaminados al desmonte del Estado democrático de derecho mediante las siguientes acciones, entre otras. Desarrollo de una base de apoyo popular fundamentada en el populismo, violencia política, extremismo ideológico y religioso y propaganda política engañosa a través de las redes sociales. A esto se suma el descrédito del sistema de votación brasilero y de su órgano electoral, el enfrentamiento directo al poder Judicial, en particular al Supremo Tribunal Federal y a sus ministros, la militarización del poder Ejecutivo mediante ministros compuestos por militares y exmilitares, incluyendo los del segundo escalón de gobierno y las empresas estatales. Y como colofón, la defensa de la dictadura militar (1964-1985) y a muchos de sus connotados represores.
Según las encuestas de opinión de la época, el único candidato con posibilidad de derrotar a Bolsonaro en su reelección era Lula da Silva, por lo que intuyo, que ese fue el motivo principal para restituirle sus derechos políticos perdidos al ser condenado por un tribunal de segunda instancia. No podemos olvidar que en el proceso contra Lula en primera instancia él fue condenado por el juez Sergio Moro de la Jurisdicción de Curitiba del Estado de Paraná, por el supuesto delito de obtener un apartamento proveniente de corrupción en una playa del Estado de São Paulo.
Entre otras cuestiones, la defensa de Lula alegaba que el juez Moro no podría juzgarlo porque, tanto los hechos como su domicilio, estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba. Ante este argumento, el Supremo Tribunal Federal dictamina que debía ser juzgado por la jurisdicción de São Paulo o por la de Brasilia atendiendo a su dirección domiciliar en el periodo de lo sucedido; por lo tanto, la condena de Moro fue anulada y de inmediato Lula recupera sus derechos políticos.
Antes del pedido de Impeachment a Bolsonaro por la Escuela Politécnica, ya tenía más de 60 pedidos engavetados en la Cámara de diputados y con éste pasaría igual, pero lo fundamental sería su impacto en el mundo académico por estar firmado por más de 700 profesores, investigadores y egresados de dicha escuela, personas muy respetadas en los medios académicos y por la sociedad brasileña. Por tanto, no los pueden acusar de comunistas y ni siquiera de izquierdistas. Por el contrario, el mayor impacto -desde mi apreciación- ha sido el aldabonazo en la puerta de la Facultad de Derecho que estremeció al Largo de São Francisco, ya que la legendaria Facultad de Derecho de la USP está situada en el “Largo de São Francisco” en el centro de la Ciudad de São Paulo próximo a la “Plaça da Sê”.
Mucho antes, en agosto de 1977, la legendaria Facultad de Derecho de la USP había dirigido la Carta a los brasileños, donde denunciaba la ilegitimidad del entonces gobierno militar y el estado de excepción en el que se vivía. También había pedido el restablecimiento del Estado de derecho y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Siguiendo la tradición dicha Facultad, en 2022 emite otra Carta en defensa del Estado democrático de derecho y denuncia por “vivir un momento de inmenso peligro para la normalidad democrática, un riesgo para las instituciones de la República, e insinuaciones del bolsonarismo, por la negativa ante los resultados de las elecciones, al ser electo un contrincante de izquierda”.
Continúa alertando sobre el Brasil de ese momento donde no hay cabida para reveses autoritarios. Alerta: “La dictadura y la tortura pertenecen al pasado. La solución a los inmensos desafíos que enfrenta la sociedad brasileña pasa necesariamente por respetar los resultados de las elecciones”. Sociedades empresariales, sindicales y de la sociedad civil se sumaron a este pedido de la Facultad de Derecho y miles de ciudadanos firmaron la Carta.
Lula necesitaba un candidato a vicepresidente con experiencia política en el Poder ejecutivo que diera prestigio y credibilidad entre los demócratas de centroderecha y de derecha y Geraldo Alckmin sería el mejor, por haber sido gobernador del Estado de São Paulo durante cuatro mandatos, candidato a presidente de la Republica en el 2006, llevando a Lula a una segunda vuelta cuando se postuló a su segundo mandato.
Por ironía del destino, aparentemente, los arquitectos para esta alianza fueron el Profesor de la USP Fernando Adad, exalcalde de São Paulo y ministro de Educación de Lula en su primer y segundo mandato presidencial, el Profesor Doctor Gabriel Chalita exsecretario de Educación del Estado de São Paulo y Marcio França vicegobernador de dicho Estado en el último mandato de Alckmin. Como se puede apreciar los artífices de la candidatura Lula-Alckmin, además de políticos, son parte de las élites académicas paulistas, incluyendo a Marcio França que siendo vice de Alckmin, se ocupaba de atender la ciencia y tecnología del Estado.
Al hacer este breve análisis tan puntual en algunos aspectos, queda claro que cuando el Estado Democrático de Derecho está en riesgo, las élites brasileñas asumen un rol de vanguardia en la sociedad. En este caso, se destacan las élites paulistas, y de forma individual el ministro del Supremo Tribunal Federal y Presidente del Tribunal Superior Electoral en el 2022 Alexandre de Moraes, egresado de la legendaria Facultad de Derecho de la USP.
*Moustafa Hamze Guilart escribe desde Sao Paolo, Brasil