Denuncian situación de los 141 presos políticos en Nicaragua
Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la represión en Nicaragua
Jaime Navarrete sigue preso a pesar de que ya cumplió su condena, Brooklyn Rivera continúa en desaparición forzada y hay más de 30 nuevas detenciones
HAVANA TIMES – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció la continua violación a los derechos humanos en Nicaragua y subrayó la difícil situación de los 141 presos políticos, entre ellos Jaime Navarrete, quien permanece detenido a pesar de haber cumplido su sentencia desde hace más de un año.
Navarrete, de 40 años, fue capturado el 24 de julio de 2019 y tres meses después fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel y 150 días multas, por los supuestos delitos de posesión de drogas y tenencia ilegal de armas. De tal manera que cumplió su condena desde el 23 de enero de 2023, pero las autoridades del régimen se rehúsan a liberarlo.
“Nuestra oficina está preocupada por la situación del señor Jaime Navarrete, participante en las protestas de 2018, que sigue detenido pese a ya haber cumplido su sentencia… Su integridad física y mental corre peligro”, denunció la alta comisionada adjunta, Nada al Nashif, durante una actualización de la situación en el país, presentada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 20 de junio de 2024.
Al Nashif también destacó el caso del diputado de la Asamblea Nacional y líder indígena Brooklyn Rivera, cuya detención “ni siquiera ha sido reconocida por las autoridades”, por lo que sus familiares ignoran su paradero.
También mencionó el caso de la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, de 85 años, despojada de la nacionalidad nicaragüense en febrero de 2023 y por ende sin derecho a pensión de vejez, atención médica o derecho a ejercer su profesión de abogada.
«Pido al Gobierno que cese inmediatamente su acoso contra ella, restablezca su nacionalidad y le devuelva su licencia de abogada», declaró Al Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Treinta nuevas detenciones desde marzo en Nicaragua
Desde marzo de 2024, cuando fue presentada la última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, OACNUDH ha contabilizado 30 nuevas detenciones arbitrarias. Estas acciones del régimen de Daniel Ortega, valoró la alta comisionada adjunta, “constituyen una perversa negación del Estado de Derecho» y siguen restringiendo el espacio democrático.
«El Gobierno sigue expandiendo sus restricciones indebidas contra los espacios cívicos y democráticos, mientras profundiza su control sobre el Poder Judicial y lo usa para implementar una campaña sistemática de represión», indicó la número dos de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
Al Nashif señaló que al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos en relación con la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018, mientras continúan las «detenciones ilegales y arbitrarias, a las que a menudo siguen juicios que no cumplen las mínimas garantías de debido proceso». (Diez de los 141 presos políticos registrados fueron detenidos antes de las protestas de 2018).
En ese contexto, agregó, «opositores políticos, líderes indígenas y religiosos, académicos e intelectuales son encarcelados en condiciones inhumanas», que incluyen aislamiento prolongado, falta de acceso a medicación, sanidad y productos de higiene o ausencia de visitas familiares.
La alta comisionada adjunta reiteró también la preocupación de su oficina por la persecución de miembros y líderes de grupos religiosos, señalando que desde 2019 un total de 311 asociaciones evangélicas han sido disueltas en el país, ocho de ellas en los últimos tres meses.
«Proteger el espacio cívico y reconstruir las instituciones del Estado de Derecho serían los primeros pasos para revertir la grave erosión de los derechos civiles y políticos que Nicaragua ha sufrido desde 2018, con el fin de alentar una reconciliación genuina y una paz sostenible», concluyó Al Nashif.
Procuradora resta importancia a los derechos humanos
En el turno de réplica intervino por videoconferencia la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, quien aseguró que las autoridades de su país no aceptan estas actualizaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos, «que carecen de valor y credibilidad».
«No son más que una justificación para suplir las agendas de estos foros con el ánimo de hacer creer que realmente están preocupados por Nicaragua, cuando en realidad lo que buscan es alimentar la división, la desinformación y la agresión contra todo un país que busca salir adelante», afirmó la procuradora general.
Morales agregó que los datos presentados por Al Nashif proceden de grupos «que forman parte de una agenda definida en falsedades y busca invisibilizar los grandes avances que en materia de derechos humanos ha alcanzado el pueblo nicaragüense».
Entre esos “grandes avances”, Morales mencionó el acceso a salud, educación y trabajo, desatendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, por los cuales un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros.